Feminismo latinoamericanoEl Congreso de Chile inicia el debate para despenalizar el aborto

Este miércoles, Santiago de Chile se despertaba revuelto; cientos de mujeres protestaban a las puertas del Congreso por la legalización del aborto, en el día en el que la Cámara iniciaba la discusión sobre su despenalización. Las mujeres, vestidas con pañuelos verdes, como manda el uniforme de la resistencia feminista latinoamericana, han bailado repetidas veces la coreografía Un violador en tu camino, popularizada mundialmente por el colectivo chileno LasTesis. A última hora de la mañana, grupos antiabortistas irrumpían en los alrededores del Congreso, lo que ha obligado a la Policía a intervenir para evitar incidentes.

En la actualidad, Chile se rige por una ley promulgada en 2017 que solo permite el aborto por tres causas: riesgo de vida de la madre, violación o imposibilidad de vida del feto. Pero estos casos solo comprenden el 3% de las demandas de aborto, por lo que las mujeres se ven obligadas a interrumpir sus embarazos no deseados en clandestinidad, con el consiguiente riesgo que esto supone para las mujeres en circunstancias más precarias y con menos recursos, que recurren a métodos e intervenciones muy perjudiciales para su salud.

A última hora de la mañana, grupos antiabortistas irrumpían en los alrededores del Congreso

El proyecto de ley que ahora se discute fue presentado en 2018 por diputadas de la oposición del Partido Socialista.  Están puestas muchas esperanzas  por el nuevo clima político y social que se abre con la nueva Constitución, que amplía los derechos políticos y de representación de las mujeres y que viene de la mano de un nuevo modo de entender el parlamentarismo en Chile. 

El Gobierno de Piñera no apoya la iniciativa y así lo expresaba días atrás su portavoz, Jaime Bellolio, quien afirmó en una entrevista que el actual Ejecutivo "no está a favor del aborto sin causales" y rechaza el "aborto libre". Al finalizar la sesión en el Congreso, la diputada María José Hoffmann, de la pinochetista Unión Democrática Independiente, ratificaba las palabras de su portavoz al calificar la propuesta de ley como una "fórmula antojadiza".

El empuje al debate en el Congreso es fruto del empeño de las diputadas socialistas de la oposición que, como Maite Orsini, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, creen que "sin duda la marea verde de 'las pibas en Argentina' despertó una conmoción en Latinoamérica y el mundo" que debe ser aprovechada.

"Sin duda la marea verde de 'las pibas en Argentina' despertó una conmoción en Latinoamérica y el mundo"

Bien es cierto que las resistencias son muchas, casi tantas como las esperanzas puestas. Como bien destacó Orsini en una entrevista con el Canal 24 horas chileno, la intención última es conseguir "un aborto legal", pero "lamentablemente la Constitución de 1980 impide que las parlamentarias podamos presentar proyectos de ley que incurran en gasto fiscal, como la legalización del aborto, porque incurre en un gasto mayor de sanidad que entra dentro de las prerrogativas exclusivas del presidente de la República", por lo que la legalización será imposible antes de la reforma constitucional.

"Lo que si podemos hacer es despenalizar el aborto, es decir, que si bien no se va a entregar la prestación de salud en los hospitales, que aquella mujer que decida hacerlo en su casa o en una clínica privada, no vaya a la cárcel, por eso presentamos el proceso de despenalización y no el de legalización", agregó Orisini.

Argentina, el ejemplo

Chile sigue la estela dejada por Argentina, que legalizó el aborto en diciembre, en una votación histórica por la que quedó culminado un largo proceso de movilizaciones feministas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Chile toma el relevo, iniciando un proceso similar por la vía legal para sancionar una demanda pedida a gritos.

"Ayer fueron las pibas, hoy serán las cabras" (expresión coloquial para referirse a las jóvenes chilenas), se leía en una pancarta de las manifestantes. Dentro de América Latina, solo Uruguay, Cuba y Guyana, además de la ciudad de México, cuentan con una ley similar a la que se aprobó en Buenos Aires el pasado 30 de diciembre.

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