El Supremo de Francia confirma la condena a Sarkozy por corrupción: deberá llevar un brazalete electrónico durante un año
El expresidente francés, que sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa, tiene otras causas pendientes como el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 y la posterior en 2012.
El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva.
El que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario. Jacques Chirac también fue condenado, pero a una pena exenta de cumplimiento.
Los abogados de Sarkozy han dejado entrever que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena.
Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario.
El exmandatario sufre así un enorme revés judicial. Pero tiene más procesos abiertos ante la Justicia desde su salida del Elíseo en 2012, cuando fue derrotado por el socialista François Hollande.
Apartado de la primera línea política, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa y mantiene contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron.
Además, es un habitual del palco del Parque de los Príncipes, sus libros se convierten en grandes éxitos de ventas, pese a la cargada agenda judicial que arrastra, que ha derivado en una primera condena final en el país.
Ha sido condenado por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el caso Bismuth, en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria.
Supuso la primera condena para el expresidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.
Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado. En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.
En concreto, Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya expresidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco.
Esas escuchas sirvieron para abrir una investigación que acabó por convertir a Sarkozy en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que Chirac no lo hizo por razones médicas.
Cuentas pendientes con la Justicia
La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico.
En ese juicio, previsto hasta el 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus ex ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux. Sarkozy, que ganó aquellas presidenciales frente a la socialista Ségolène Royal, afronta una pena de hasta diez años de cárcel.
También colea el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con un brazalete electrónico, que aún no lo lleva porque recurrió también ante el Supremo, pero que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.
En este escándalo, fue condenado por haber superado con creces los límites de gasto en su campaña, de 22,5 millones a casi 44 millones, a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron disimular la inversión en sus costosos mítines.
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