La UCO cierra la puerta a la imputación del fiscal general tras dos meses de juicio mediático
La inexistencia de indicios en el móvil de Álvaro García Ortiz sobre su participación en la filtración del correo del novio de Ayuso aboca la investigación al archivo, aunque las acusaciones piden más diligencias.
Madrid--Actualizado a
Los dos meses más delicados del mandato de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado llegan prácticamente a su final tras el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que este jueves ventilaba en dos folios los hallazgos encontrados en el móvil de García Ortiz en relación a la filtración del correo con la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El 16 de octubre el Tribunal Supremo abría causa contra el fiscal general del Estado, en una decisión inédita en la democracia española. Desde ese mismo momento, la ofensiva de la derecha fue incansable pidiendo la dimisión de Álvaro García Ortiz. En estos dos últimos meses, el juicio mediático contra la máxima autoridad de la Fiscalía ha sido duro y persistente, con las críticas de las asociaciones fiscales más conservadoras.
Dos semanas después de la apertura de la causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, el juez instructor ordenaba el registro de su despacho. La Guardia Civil se personó en la sede de la Fiscalía General del Estado y se incautaba del móvil, ordenador y otros dispositivos de García Ortiz, una decisión tildada de "injustificada" y "desproporcionada" por fuentes jurídicas muy competentes.
Pero la UCO ha encontrado "cero mensajes" entre el 14 y el 18 de marzo de 2024 en el móvil del fiscal general, periodo en el que se filtró y se publicó un correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos reconociendo dos delitos fiscales por un montante de 350.000 euros.
La Fiscalía General del Estado ha confirmado que realiza un "borrado cíclico" del contenido de los dispositivos móviles de los altos cargos del Ministerio Fiscal por motivos de seguridad. De esta manera, queda justificada la inexistencia de mensajes en el móvil del fiscal general en aquellos días frenéticos de marzo, cuando se hicieron públicos los dos correos más importantes de todos los que se cruzaron el abogado de González Amador y la Fiscalía sobre la defraudación a Hacienda de la pareja de Ayuso.
El bulo de MAR
El primer correo se publicó en El Mundo el 13 de marzo a las nueve y media de la noche. Se trataba de un bulo sobre el ofrecimiento de la Fiscalía al novio de Ayuso de un pacto para que admitiera dos delitos fiscales mientras judicializaba el caso. Era una mentira basada en un mail que realmente envió el fiscal de delitos económicos de Madrid, Julián Salto, al letrado del novio de Ayuso.
En dicho correo, Salto informaba al abogado de que la Fiscalía había presentado denuncia el 5 de marzo contra el novio de Ayuso. "Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible", decía el fiscal.
Con esta frase descontextualizada, el entorno de la presidenta Ayuso, en concreto su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), urdió un plan para quitar el foco de los delitos fiscales de González Amador, que defraudó 350.000 euros de negocios de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia a través de facturas falsas; y poner la lupa en la actuación de la Fiscalía.
La confesión del novio de Ayuso
A partir de la noticia falsa de El Mundo, el fiscal general se puso en contacto a través de Whatsapp con la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez— que también está investigada por la filtración de los correos—, para tratar de confirmar o desmentir esa noticia, según se desprende de los mensajes analizados por la UCO del móvil de la fiscal Pilar Rodríguez.
El fiscal general recibió de Pilar Rodríguez tanto ese correo como uno anterior, de fecha dos de febrero de 2024, en el que el abogado del novio de Ayuso comunicaba a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid la intención de su cliente de llegar a un pacto para evitar la cárcel; una conformidad penal, "reconociendo íntegramente los hechos", así como su voluntad de "proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT", consta en aquel correo, recogido en un informe de la UCO.
"Ciertamente se han cometido dos delitos con la Hacienda Pública", reconocía Carlos Neira, el abogado de González Amador, en el correo del dos de febrero de 2024.
El Tribunal Supremo investiga la filtración de ese correo en especial, que incluye la confesión del novio de Ayuso. La Cadena SER fue el primer medio que informó sobre la existencia de dicha confesión, el 13 de marzo de 2024, a las 23:51 de la noche. En concreto, el Alto Tribunal investiga si el fiscal general dio la orden de filtrar ese correo a los medios como una forma de desmentir el bulo del entorno de Ayuso sobre el ofrecimiento de la Fiscalía de un pacto al novio de la presidenta, cuando en realidad ocurrió lo contrario.
Las copias de seguridad
Una vez descartada por la UCO la presencia de indicios en el móvil del fiscal general del Estado sobre su participación en la citada filtración, se aleja la posibilidad de que el juez instructor Ángel Hurtado pueda presentar una acusación contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.
Sin embargo, las acusaciones no cejan en su ofensiva para que el fiscal general continúe investigado; una situación que beneficia a los detractores de Álvaro García Ortiz y de Pedro Sánchez, el presidente que le nombró fiscal general del Estado.
Así, el pseudosindicato ultraderechista Manos limpias ha solicitado este mismo viernes al juez que pida las copias de seguridad de los mensajes de whatsapp borrados por el fiscal general por si se pudieran recuperar de la 'nube' donde estuvieran almacenados.
Quién está detrás de la acusación
Ahora el juez Ángel Hurtado debe decidir si emprende esta nueva diligencia o si da por concluida la investigación sobre el fiscal general del Estado.
Hay que recordar que son cuatro las entidades personadas como acusación popular en la causa contra el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid por la filtración de la confesión del novio de Ayuso: el Colegio de la Abogacía de Madrid; la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con un vocal en el Consejo Fiscal; la organización ultra Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, constituida por Alejo Vidal-Quadras, cofundador de Vox.
También es oportuno señalar que el magistrado Ángel Hurtado formó parte del tribunal del primer juicio de Gürtel, en el que el PP resultó condenado a título lucrativo. Hurtado emitió un voto particular contra ese veredicto. Además durante el juicio trató de todas las manera de evitar que Mariano Rajoy y los más señalados exministros del PP pasaran por el tribunal en calidad de testigos.
Célebre fue el gesto del juez Hurtado de disponer que Rajoy se sentara en la Sala a la misma altura que el tribunal, en vez de ocupar el sitio reservado a los testigos, más bajo.
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