Las promesas a sus aliados meten a Sánchez en la boca del lobo antes de negociar los Presupuestos

Pocos hubieran pensado, cuando Pedro Sánchez revalidó la presidencia del Gobierno, que en una legislatura como esta, sustentada por pilares tan dispares como Podemos o Junts per Catalunya, el Congreso habría cerrado 2024 aprobando 25 leyes ―entre ellas, la amnistía, la ley ELA o un paquete fiscal― y que se estaría pensando ya en cómo encarar la negociación sobre los Presupuestos Generales. Pero esa serie de hitos legislativos no ha salido gratis. El Ejecutivo ha tenido que hipotecarse mucho para sacar adelante las distintas iniciativas y los aliados parlamentarios quieren cobrar lo acordado. 

El Gobierno ha sellado, a lo largo de estos meses, toda una lista de pactos con sus socios y, por el momento, ha cumplido algunos; otros, a medias y bastantes permanecen en stand by. Todos han sido imprescindibles para recabar los apoyos necesarios para dar luz verde a distintas leyes y decretos, pero a la vez son una carga muy considerable por la dificultad que entraña cumplir algunos de ellos. Hacerlo, no obstante, es fundamental para que la relación con algunos aliados parlamentarios no llegue a un punto de no retorno. Que no llegue la sangre al río.

La lectura que hacen desde el PSOE es que sin esa manga ancha negociadora habría sido imposible construir algún tipo de acción de Gobierno habida cuenta de la endiablada aritmética parlamentaria. Los distintos grupos que compusieron la mayoría de investidura lo saben y han aprovechado su gran peso específico para arrancar compromisos ―a veces, de gran calado― al Ejecutivo.

Esos acuerdos han permitido a Sánchez apuntarse éxitos y poder desterrar la idea de una legislatura sin actividad legislativa, pero, a la vez, varias de las promesas están empezando a enquistarse y formaciones como Podemos, Junts, Esquerra Republicana (ERC) o, incluso, PNV emiten ya señales de nerviosismo. Especialmente, los dos primeros partidos acusan al Gobierno directamente de incumplir su palabra y aseguran que su confianza en él está bajo mínimos. En ERC también empieza a cundir la misma idea.

Tanto los de Ione Belarra, como los de Míriam Nogueras o los de Gabriel Rufián avisan, además, de que si el Ejecutivo no cumple, no se sentarán a hablar de Presupuestos. Para Sánchez, es un problema. Las conversaciones de cara a aprobar las cuentas públicas no empezarán limpias. Muy al contrario, los distintos grupos con los que negociará el Gobierno reclamarán el cumplimiento de las cuestiones ya comprometidas antes de empezar a hablar. Enero empezará como acabó diciembre.

Junts per Catalunya: más allá de la escenificación

Tanto el Gobierno, como la oposición, pasando por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, califican de "estrategia" el intento de Junts per Catalunya de intentar empujar al Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Más allá de que lo pueda ser, denota el punto en el que se encuentran las relaciones entre el Ejecutivo y los de Puigdemont. "Cada cierto tiempo necesitan hacer algo de ruido", deslizaba un diputado socialista. Pero Junts insiste tanto en público, como en privado en que no darán cobertura a Pedro Sánchez si no cumple con tres elementos que consideran fundamentales.

El primero es la ley de amnistía. Aunque los posconvergentes saben que la pelota está, actualmente, en el tejado de la Justicia y que el Gobierno cumplió con su palabra de aprobar la norma, consideran que Sánchez no está haciendo todo lo que está en su mano. Tampoco con lo referente a lograr la oficialidad del catalán en Europa, un compromiso que adquirió el Gobierno en el propio acuerdo de investidura con Junts.

No obstante, el elemento que más tensa las cosas es el que tiene que ver con la cesión de competencias de inmigración a Catalunya. El Gobierno se comprometió a ello en enero de 2024. En aquel caso, fue la contrapartida por el "sí" de Junts a dos decretos; uno de ellos, el decreto anticrisis. Sin embargo, un año después, el traspaso no se ha efectuado.

Existen discrepancias entre las dos partes acerca de qué abarca la cesión total de competencias. Actualmente, el principal escollo es la cuestión fronteriza. El Gobierno repite que no se puede ceder el control de fronteras a una comunidad autónoma, pero los posconvergentes no renuncian a encontrar algún tipo de fórmula para que los Mossos tengan presencia. Se trata de un acuerdo que podría no estar lejos, toda vez que el Ejecutivo ha introducido en la ecuación la reforma de la ley de extranjería que el Partido Popular se está negando a aprobar. Junts podría ver cumplidas sus exigencias a cambio de sus votos a la reforma.

En cualquier caso, un fracaso en esa negociación complicaría mucho las conversaciones de cara a los Presupuestos. Para limar asperezas, PSOE y Junts celebraron un encuentro en Suiza. No obstante, no salió como esperaban los socialistas y solos sirvió para evidenciar las tiranteces entre ambos partidos.

El impuesto a las energéticas

Podemos, por su parte, lo ha dejado muy claro. Como contó Público, fuentes del grupo parlamentario zanjan la cuestión fácilmente: "Si no hay impuesto a las energéticas, no nos sentaremos a hablar de Presupuestos". Dicho tributo es otro compromiso que adquirió el Gobierno, en este caso para desatascar el paquete fiscal. Con Esquerra, EH Bildu y BNG, Hacienda también acordó prorrogarlo.

No obstante, desde el PNV, una formación cuyos votos serían necesarios y que no está de acuerdo con la ampliación del impuesto, ya han avisado que no tienen ninguna intención de facilitarlo. Prueba de ello es que, junto al resto de derechas, lograron que decayera el gravamen. De hecho, incluso antes de eso, el Gobierno pactó con los de Aitor Esteban dejar caer el impuesto. A todas luces, será imposible cumplir ambos pactos. Una vez más, Sánchez tendrá que hacer encaje de bolillos. 

También con ERC tiene cuentas pendientes el Gobierno. La de más envergadura, eso sí, no se dio en el marco del Congreso, sino cuando se negoció la investidura de Salvador Illa. Entonces, Sánchez se comprometió a reformar la ley de financiación de las comunidades autónomas para que Catalunya pueda recaudar el cien por cien de sus impuestos. Es cierto que este es un acuerdo menos problemático porque ambas partes saben que se ha de cocer a fuego lento. Sin embargo, los republicanos querrán ver avances, especialmente si Junts se apunta el tanto de la cesión de competencias de inmigración a Catalunya. 

Con otras formaciones como EH Bildu, el Gobierno tiene su relación más saneada. Sin ir más lejos, la reforma de la ley mordaza, acordada entre PSOE, Sumar, ERC y los abertzales, continúa su tramitación en el Congreso sin sobresaltos.

Todas esas deudas que ha ido adquiriendo el Gobierno han generado una suerte de vía crucis hasta empezar a negociar los Presupuestos. Además, Sánchez no puede cumplir unos compromisos y dejar otros en el cajón porque eso rompería el equilibrio del bloque de investidura. Una autorizada voz socialista, en conversación con Público, desliza que esa es una de las características de la legislatura. "Se compite por binomios", dice, en referencia a la rivalidad entre Junts y ERC o entre PNV y Bildu. También Podemos y Sumar. Mucha tela que cortar antes de que despegue la negociación presupuestaria.