El BNG alerta de las presiones sobre los funcionarios de la Xunta encargados de visar el proyecto de Altri

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha alertado contra las presiones que estarían recibiendo varios funcionarios de la Xunta, a los que el Ejecutivo autonómico ha encomendado la validación de los informes técnicos en los que basará su decisión de autorizar o no la macrofábrica de celulosa que la multinacional portuguesa Altri quiere levantar en la localidad lucense dePalas de Rei.

El viceportavoz de la formación nacionalista en el Parlamento de Galicia, Luis Bará, aseguró esta semana que esas presiones podrían incluso acabar derivando en el cese de sus funciones de un subidrector xeral, quien se habría mostrado reacio a firmar un informe de evaluación sobre el impacto que tendrá la planta de Altri sobre el entorno cultural y paisajístico del Camiño de Santiago, que transita en Palas, en la comaraca de A Ulloa a escasos dos kilómetros de donde está previsto construirla.

A principios de septiembre pasado, el Gobierno de Alfonso Rueda también tuvo que sustituir al entonces director xeral de calidade ambiental, Ramón Martínez Boga, uno de los máximos responsables en la autorización de la factoría, quien dejó su cargo alegando motivos personales cuando llevaba en él apenas cuatro meses. Su sustituta es María José Echevarría Moreno, esposa de Antonio Casal Lago, que fue director de la celulosa de Ence en Pontevedra y que hoy es el director territorial para Galicia de esa empresa.

Licencias

Aquella sustitución ocurrió seis meses después de que el Diario Oficial de Galicia publicara el anuncio de la exposición pública de la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de Altri, así como de su estudio de impacto ambiental y su declaración de utilidad pública.

El documento recibió más de 23.000 alegaciones de particulares, empresas y organizaciones ecologistas y vecinales, que han alertado de serios déficits en el estudio de impacto e irregularidades en el proyecto y, sobre todo, de la contaminación que provocará la factoría y de los daños sobre el patrimonio ecológico y cultural, además de la afectación sobre la economía de la zona basada en la industria alimentaria y del turismo relacionado con la naturaleza.

Para responder a esas alegaciones, la Xunta asegura que ha encargado la redacción de 26 informes técnicos, cuyo objeto no ha desvelado pero con los que pretende avalar la autorización que previsiblemente concederá a Altri. El Ejecutivo autonómico pretende tenerlos aprobados y firmados por los responsables de los departamentos implicados antes de que acabe el primer trimestre de 2025, tal y como aseguró la Conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, el pasado lunes, sólo un día después de la  manifestación contra el proyecto que se celebró en Santiago. 

Ese mismo lunes, Vázquez adelantó también que los informes serán favorables, aunque la oposición de algunos altos funcionarios a asumir con su firma su contenido podría estar ralentizando el proceso.

"Ataque a los funcionarios"

La directora xeral de enerxías renovables e cambio climático, Paula Uría, negó ese extremo el pasado jueves en el Parlamento de Galicia, y aseguró que el proyecto de Altri sólo tendrá licencia ambiental "si cumple estrictamente la normativa sectorial específica" y los citados informes así lo avalan. Además, la Xunta responsabilizó al Bloque de "atacar a los funcionarios" encargados de visarlos.

La oposición, sin embargo, considera que los informes ya decididos de antemano, y que para la redacción de muchos de ellos se ha contratado a personal temporal externo. De hecho, el propio Bará recordó que la Xunta los oculta. "Estamos frente a un simulacro de tramitación ambiental, porque la decisión de informar favorablemente ya está tomada", dijo.

Hasta la fecha, los únicos informe que se ha conocido es el redactado por el Instituto de Estudos do Territorio, adscrito a la propia Consellería de Medio Ambiente, favorable al proyecto pese a que alerta de que la planta de celulosa tendrá un severo impacto paisajístico; y otro del Consello da Cultura Galega, un organismo independiente con carácter asesor y consultivo de la Administración autonómica, que ha alertado de que, si llega a construirse, la planta "fracturaría el territorio" supondría "la destrucción completa e irreversible" de espacios que se preveía incluir en el catálogo de Red Natura y sentaría "un alto grado de incertidumbre" sobre el futuro del contexto social y económico de la comarca de A Ulloa.