Las agencias de rating meten presión al Gobierno portugués de izquierda

LISBOA.- Portugal ha vuelto a colocarse esta semana en el radar de las principales agencias de rating que, en bloque, expresaron sus dudas por las optimistas previsiones económicas de su nuevo Gobierno, pero también por su política anti-austeridad.

El acuerdo alcanzado por los socialistas con el resto de fuerzas de izquierda para llegar al Ejecutivo, basado en la retirada de ajustes y recortes durante esta legislatura, es mirado con recelo por Fitch, Moody's, Standard & Poor's e incluso por la canadiense DBRS, la única de todas ellas que no califica la deuda soberana del país como bono basura.

Este detalle es crucial para Portugal, ya que si esta última agencia decidiera rebajar su nota, no reuniría los requisitos necesarios para "aprovecharse" de las compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE). Actualmente, Fráncfort exige estar por encima del bono basura en por lo menos una de estas cuatro agencias para formar parte de su programa, lo que hace a Lisboa dependiente de la firma canadiense.

El riesgo de quedarse fuera de estas compras (como le ocurre ahora a Grecia) parece ser una posibilidad, a tenor de las últimas declaraciones de los analistas de la DRBS, que en un comentario enviado a medios lusos reconocen estar pendientes del país para "evaluar si debe haber o no cualquier ajuste en los rating".

De hecho, ya advirtieron de la existencia de "un desacuerdo con la Comisión Europea que puede poner en cuestión el compromiso del Gobierno portugués con las reglas presupuestarias comunitarias". No obstante, la agencia no deberá pronunciarse sobre su nota a Portugal hasta finales de abril, lo que da 3 meses de margen al Ejecutivo.

Diferentes analistas y especialistas lusos inciden en el importante papel jugado por el BCE para que Portugal disfrute ahora de una época de bajas tasas de interés.

La primera agencia en "abrir fuego" contra el país fue Fitch, que en una nota pública tachó el pasado martes de "irreales" sus estimaciones económicas de cara a 2016. Sus analistas incidieron en que una "relajación en el ahorro presupuestario" sería negativa para Lisboa, por lo que no se descarta la opción de rebajar todavía más su calificación actual.

En el centro de la cuestión se encuentra el borrador enviado a Bruselas de los Presupuestos para 2016 (no fueron aprobados el pasado año por las elecciones legislativas, realizadas en octubre), que apunta a una subida del PIB del 2,1%, una caída del paro hasta el 11,2% y un déficit del 2,6%.

Desde Moody's desconfían de estos cálculos y continúan pronosticando un crecimiento próximo al 1,6%, además de cuestionar una "estrategia económica centrada en el consumo privado y en el aumento de los salarios". Sus analistas, en declaraciones al periódico luso Diário Económico, alertaron contra el "regreso a los antiguos desequilibrios" que exhibía Portugal en el pasado, entre ellos, su falta de competitividad.

También Standard & Poor's utilizó argumentos similares y especuló incluso con la necesidad de "medidas adicionales para reducir el déficit para cumplir sus metas" en caso de que sus previsiones económicas no se cumplan.

Además de las agencias de rating, la propia Comisión Europea sembró dudas al anunciar el envío de expertos a Lisboa para aclarar junto al Gobierno luso varios puntos sobre su plan presupuestario de 2016.

En este contexto de fuerte presión, la oposición conservadora volvió a cargar contra los socialistas por presentar hasta el momento "medidas que aumentan el gasto y reducen los ingresos" sin explicar "cómo se va a compensar" la diferencia.

En el extremo contrario se sitúan tanto el Bloque de Izquierda (hermanado con Podemos y Syriza en la UE) como el Partido Comunista y Los Verdes, aliados del Gobierno portugués y que exigen la rápida reversión de la austeridad.

"Hay una mayoría en el Parlamento que apoya al Gobierno con coraje para hacer frente a Bruselas", subrayó la líder del Bloque, Catarina Martins, quien también acusó a la Comision de intentar "asaltar el país" con sus exigencias.

Una huelga convocada por los trabajadores de la administración central cerró la que fue calificada por medios lusos como semana "horribilis" para el primer ministro, António Costa, obligado a hacer equilibrios para cumplir con sus socios, tanto nacionales como extranjeros.