La votación del quinto borrador de sentencia del Estatut de Catalunya, que planteaba declarar inconstitucionales 15 de los 114 artículos y 12 disposiciones recurridos por el PP, se convirtió en una derrota más para los magistrados considerados progresistas en el Tribunal Constitucional. Una derrota para todos menos para Manuel Aragón, que se desmarcó de su teórico grupo afín y votó en contra de la última propuesta de resolución planteada por la hasta ayer ponente, Elisa Pérez Vera.

Dicho magistrado, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, discrepaba de la propuesta de Pérez Vera sobre dónde incluir la posición del TC sobre aspectos clave del Estatut, como los símbolos nacionales. Según fuentes jurídicas, el acuerdo ha sido imposible porque Aragón se ha mostrado inflexible en su criterio, consistente en que las interpretaciones con las que se salvaban 24 artículos debían incluirse en el fallo y no sólo en los fundamentos jurídicos de la resolución.

Lo habitual en los fallos de las sentencias del alto tribunal es declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos impugnados 'conforme a los fundamentos jurídicos precedentes', sin precisar en la parte dispositiva de la resolución cómo deben interpretarse los preceptos indultados. Ni siquiera en Italia, país pionero en las sentencias interpretativas, se ha visto un caso semejante, explicó a Público un constitucionalista. En cualquier caso, siempre se entiende que para comprender el alcance de las sentencias de cualquier tribunal hay que leer los fundamentos jurídicos que van a concluir en un fallo determinado, aunque este sea en definitiva el que se aplica.

Según las fuentes consultadas, Aragón no aceptaba el borrador si el fallo no incluía la reafirmación de la soberanía española por encima de la nación catalana prevista en el preámbulo del Estatut. Los progresistas Pascual Sala y Eugeni Gay se oponían, al entender que era suficiente con que estuviera recogido en el apartado de fundamentos jurídicos de la sentencia.

Pese al revés que supone que la sentencia del Estatut se retrase varios meses, la votación se realizó ayer sin sorpresas. Durante los dos días anteriores estuvieron exponiendo con intensidad sus posiciones los diez magistrados que participan en las deliberaciones del recurso presentado por el PP contra el Estatut de Catalunya. Son diez y no 12, porque no participa Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP, y está la vacante dejada por el fallecimiento de Roberto García Calvo.

Aragón, como magistrado más moderno del alto tribunal, intervino el miércoles. Desde ese momento se sabía que, si el texto se votaba, el quinto borrador sería rechazado, como ocurrió el pasado noviembre. Entonces, en la votación prospectiva del borrador anterior, Aragón también se posicionó con el bloque de magistrados considerado conservador.

Su postura se aproxima a la del que será nuevo ponente de la sentencia, el vicepresidente, Guillermo Jiménez. De hecho, a ambos, junto al conservador Ramón Rodríguez Arribas, se les consideraba miembros de un tercer bloque surgido durante las deliberaciones, al que se calificaba como bisagra, por mantenerse en el centro entre los progresistas y los más opuestos al Estatut. En el primer bloque se sitúan la presidenta, María Emilia Casas, Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugenio Gay; y, en el segundo, se encuentran Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata.

Una vez concluida la votación y obtenido el mismo resultado que en la realizada el pasado noviembre -el rechazo del borrador por seis votos frente a cuatro-, la presidenta se reunió en privado con Jiménez para proponerle asumir la ponencia de resolución, como es costumbre en el alto tribunal. El vicepresidente aceptó de 'forma inmediata', según fuentes próximas al Constitucional.

El cambio de ponente era algo obligado después de que Pérez Vera hubiera fracasado en su quinto intento de lograr un mayor consenso en el TC que permitiera dictar sentencia, aunque para ello hubiera hecho falta que Casas utilizara su voto de calidad. Ante esta situación es costumbre que la ponencia sea asumida por uno de los magistrados que comparte la opción mayoritaria. La presidenta se decantó por Jiménez, que, pese a ser conservador, en ocasiones ha formado mayoría con los magistrados progresistas. Algo impensable con otros magistrados conservadores.

La última propuesta de Pérez Vera, en la que empezó a trabajar el pasado noviembre, partía de la fractura producida por Manuel Aragón, al que incluso costó aceptar que el preámbulo -al que la doctrina del TC ha negado valor jurídico- definiera como 'nación' a Catalunya. Lo admitió a cambio de que la sentencia incluyera en el fallo las interpretaciones necesarias para reafirmar la soberanía española y que no se supere el actual marco autonómico. De ahí su beligerancia contra los símbolos nacionales previstos en el texto catalán.

lgunas fuentes atribuyen la posición mantenida por Manuel Aragón a que quiere presidir el Constitucional el día en que se proceda a realizar la renovación del tribunal, pendiente desde diciembre de 2007 y que, salvo solución milagrosa de última hora, se solapará con la que tendría que producirse el próximo noviembre.