Más turistas que camas: la turistificación se ceba con Cádiz, Barcelona y la Costa del Sol

Un grupo de turistas se apelotona alrededor de la estatua del pintor Pablo Ruiz Picasso en la Plaza de la Merced de Málaga. Da igual en qué día del año se lea esto. Lo único que varía es el tamaño del grupo, que crece durante los meses de verano. Cuando el guía termine su explicación, la comitiva se disolverá y los turistas llenarán las terrazas de las calles aledañas. Es posible que los llegados del extranjero cenen paella antes de que anochezca. Cuando se retiren a descansar, únicamente en el 32% de los casos, se dirigirán a establecimientos regulados, como hoteles, alojamientos turísticos o rurales.

Así se detrae del análisis llevado a cabo por Público de los datos de turismo del INE correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de este año. Esto supone un 1% menos que la media nacional, situada en el 33% del total de pernoctaciones registradas este verano. Dónde dormirá el 68% del resto de visitantes de la capital de la Costa del Sol, así como de los otros 13 municipios que componen esta zona turística, es una incógnita que las estadísticas del INE no recogen.

Un corto paseo por el centro de la ciudad resuelve el misterio. Cada pocos metros, un cajetín para guardar llaves asoma en el portal de un edificio, evidenciando la presencia de uno o varios pisos turísticos ilegales en su interior. Saber que no son alojamientos regulados es fácil: no poseen un cartel azul con las siglas AT (Alojamiento Turístico) en la puerta que lo enuncie. Este paisaje se repite en la mayoría de lugares turísticos de España recogidos por el instituto estadístico como "zonas turísticas", donde las pernoctaciones en alojamientos regulados está por debajo del 50%.

Es decir, que menos de la mitad de las noches que los turistas pasaron en algunos de los sitios más turísticos de España durante este verano lo hicieron en establecimientos no regulados, ilegales, o fuera del mercado. Esto incluye las pernoctaciones de personas que se alojan en segundas viviendas o en casa de familiares y amigos. Una cifra que, según afirma el Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos de Málaga (SIIM), es bastante menor que la de quienes se hospedan en alojamientos ilegales, como los pisos turísticos.

Menos de la mitad de las noches que los turistas pasaron en España este verano lo hicieron en alojamientos no regulados

El síntoma principal de este fenómeno ha sido el aumento de los precios del alquiler de larga estancia en Málaga. "Es un abuso", afirma el SIIM. "Los propietarios, que concentran cada vez más vivienda turística, han ido sustrayendo inmuebles del mercado habitacional porque, al menos desde 2005, es el turismo lo que les permite obtener el máximo beneficio económico a sus propiedades". Esto es algo que, aseguran, ha ocurrido en todo el Estado.

Entre ellas se encuentra el municipio de Barcelona, donde apenas un 33% de las noches que los 3,4 millones de turistas pasaron en la ciudad condal el verano pasado fueron establecimientos legales. También ocurrió en el litoral gaditano de la Costa de la Luz, que incluye el municipio de Cádiz, Tarifa o Conil de la Frontera, entre otros 12. Entre junio y agosto de 2024, sólo un 22% de las noches que los turistas pasaron en esta zona turística, lo hicieron en lugares regulados por la administración pública.

La política de puertas abiertas y sin restricciones al turismo ha disparado los procesos de gentrificación y turistificación en los lugares preferidos de los visitantes, alentando la inversión en el sector inmobiliario y promoviendo la especulación. En cinco años, el precio del metro cuadrado en alquiler en España ha crecido un 30%, según los datos de Idealista. Por eso, la crisis habitacional y su vinculación al turismo masivo ha sido el eje sobre el que han pivotado las protestas por el derecho a la vivienda que han recorrido el país este 2024 bajo el lema Canarias tiene un límite", "Decrecimiento turístico ya" o "Málaga/Cádiz para vivir, no para sobrevivir".

Poner a cero el contador

Tras años de laissez-faire, Francisco de la Torre (PP), alcalde de Málaga, ha decidido poner coto al problema del alquiler en la ciudad andaluza. El pasado 29 de noviembre, aprobó una tímida reforma con la que pretende prohibir los pisos turísticos en los barrios más congestionados de la ciudad, como el centro histórico. Sin embargo, la medida no tiene carácter retroactivo, lo que permite al Consistorio hacer tabula rasa con las viviendas turísticas ilegales ya existentes en la ciudad.

Según el SIIM, en algunas zonas del centro histórico, alrededor del 70% de las viviendas se dedican al turismo. La medida anunciada por De la Torre, con base en un reglamento aprobado por la Junta de Andalucía en febrero de este año, obliga a las viviendas uso turístico (VUT) a tener una entrada independiente. Sin embargo, esto es algo que ya prohibía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga aprobado por el propio alcalde en 2011. Por contraposición, tanto las viviendas turísticas como el número de visitantes ha crecido exponencialmente. Y lo han seguido haciendo en los meses transcurridos entre el anuncio de la nueva medida de De la Torre y su aprobación, según los datos del Registro Turístico de Andalucía (RTA).

Por esta razón, el SIIM considera que el alcalde ha incurrido en "dejación de funciones" al ignorar su propia norma y afirman que, de acuerdo a la misma, prácticamente el 100% de las VUT activas actualmente en la ciudad "son y serán ilegales". De hecho, en el verano de 2024, pernoctaron cada día, de media, 219 turistas en la Costa del Sol por cada 100 plazas legales. Es decir, que de media hubo el doble de personas que camas disponibles en hoteles, alojamientos turísticos regulados o campings cada noche. Así ocurrió también en otras 22 zonas turísticas de España. En la mayoría, se ha superado la media nacional, situada en 170 turistas de media por cada 100 camas.

Así ha ocurrido en la Costa de la Luz gaditana, con 292 turistas por cada 100 plazas legales, o los municipios de las Rías Altas de Galicia, si bien las estadísticas del INE no recogen los alojamientos rurales que se encuentran en ellos. También en el municipio de Barcelona, con 234 turistas por cada 100 plazas diarias disponibles. El alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, también se ha propuesto limitar los alojamientos turísticos en la localidad.

Heredero de las medidas anti-turistificación impulsadas por su predecesora, Ada Colau (Barcelona en Comú), la ciudad condal es en la que se han tomado medidas más tajantes para acabar con los pisos turísticos ilegales, estando aún lejos de lograr su completa remisión. Por esta razón, la plataforma Airbnb, donde se promocionan muchas de las viviendas turísticas no reguladas disponibles en el mercado, envió una carta a Collboni a mediados del pasado noviembre solicitando al alcalde que "reconsidere las políticas restrictivas en materia de vivienda de uso turístico".

La plataforma de alquiler turístico también remitió una misiva a José Luís Martínez Almeida (PP), al frente de la alcaldía de Madrid, ciudad en la que el 93% de los alquileres turísticos son ilegales, de acuerdo a los datos del propio consistorio. A finales de noviembre, Almeida presentó el Plan RESIDE, con el que espera "proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales". Pero antes, regulará ese 93% de alquileres que incumplen con esa norma. La concesión parece suficiente para Airbnb, quién ha pedido al edil que se abstenga de sacar las viviendas turísticas de los edificios residenciales. A cambio, propuso al Ayuntamiento no conceder nuevas licencias en el centro de la capital.

Y es que, poco después de su nacimiento como un proyecto de economía colaborativa, Airbnb se transformó en una herramienta de enriquecimiento para multipropietarios y fondos de inversión. Sus privilegios actuando al margen de las regulaciones del sector turístico han levantado ampollas entre las patronales hoteleras.

Elitizar el turismo: nuevas-viejas estrategias

"Desde el punto de vista de la seguridad hay una disparidad ostensible entre las exigencias que debe cumplir una vivienda vacacional y un establecimiento hotelero o extrahotelero", afirmaba Jorge Marichal, presidente de Ashotel en un reportaje recogido en la web de la patronal Hosteltur el pasado mes de enero. En él, también se señalaba que, mientras que las plazas de alquiler vacacional habían aumentado un 10% en un año, las de los hoteles sólo lo habían hecho en un 1,4%.

Pero dado que no todas las plazas reguladas se ocupan, no parece que el problema esté en la escasez de estas. Según el análisis realizado por Público, la mayoría de las plazas han quedado desiertas.

Ante el descontento de la población por las consecuencias del turismo masivo, los líderes políticos de los municipios más castigados por este fenómeno han tirado del viejo recetario neoliberal que presupone que el aumento de la oferta hotelera equilibrará la demanda. Hace unos días, De la Torre, el alcalde de Málaga aseguró que la solución al problema turístico pasaba por aumentar las plazas hoteleras y afirmó que no quiere ver a Málaga "crecer en la cantidad de turistas, sino en la calidad, en su capacidad de gasto y que se puedan atraer otras inversiones a la ciudad".

Esa idea incide en lo que Ernest Cañada, investigador del think tank sobre la turistificación global, Alba Sud, describe como una "elitización del turismo". Avanzar en esa dirección, ahonda en conversaciones con Público, significa permitir sólo el turismo de aquellos con unas rentas lo suficientemente altas como para pagarlo, lo cuál haría más profundas las brechas de clase existentes en la población. Considera que es necesario tener "una lectura acertada de la dinámica turística".

Algo que no cree que se esté haciendo: "Si solo hablamos del turismo de masas, situamos el debate en uno de barrio sésamo: mucho, poco, cerca, lejos…que no nos permite entender lo que está ocurriendo". Según el modelo de turismo barato desarrollado en los sesenta se está viendo ahora cuestionado por factores que ni siquiera el sector turístico puede controlar, como las crisis geopolíticas, sanitarias –covid-19– o climáticas.

El error también está en creer que un turismo de alto poder adquisitivo, es lo suficientemente grande como para cubrir la oferta. Dicho en palabras de Cañada, "no hay suficientes ricos para todos estos territorios". Así, la escasez de demanda lleva a los territorios a competir entre ellos y a las administraciones públicas a realizar nuevas inversiones de dinero público y otros recursos para ganar en esa carrera. "Esta dinámica nos impide prepararnos para la efectiva vulnerabilidad que existe en torno al turismo y, por tanto, hacia una transición socioecológica equitativa".