El Círculo empresarial de Atención a las Personas, CEAPs, ha publicado un informe sobre la dispar situación de las ayudas a las personas dependientes en cada comunidad, en el que denuncia que las diferencias entre autonomías en la aplicación de la Ley de Dependencia "se van agravando".

El informe, titulado "El caos de la dependencia", muestra las divergencias en el gasto del PIB en este sector, que va desde el 1% en Cantabria hasta un 0,33% en Baleares, con una media española del 0,54%, lejos del 2% europeo.
Cantabria también es la comunidad que más gasto hace por dependiente, 8.645 euros, seguida de Euskadi (8.458 euros), mientras que Andalucía y Murcia se sitúan en los últimos puestos de la lista, con 5.324 euros y 5.731 euros respectivamente.

Las personas reconocidas como dependientes que reciben prestación también varían según su lugar de residencia, ya que en Catalunya un 32,6% de dependientes están en un "limbo" sin prestación, como critica la patronal, mientras que el porcentaje baja hasta el 1,55% en Castilla y León.

CEAPs ha elaborado una "ruta del caos" de la dependencia, analizando cuáles son las mejores y peores comunidades en cada paso del proceso de conseguir atención a un dependiente.

Según esta ruta, Andalucía y Murcia serían las mejores comunidades para ser reconocido como dependiente, con más del doble de posibilidades que en la Comunidad Valenciana o Canarias de conseguir este reconocimiento.

Una vez conseguido ese reconocimiento, al estar en Castilla y León o Castilla-La Mancha es más fácil conseguir ayudas, al contrario que en Catalunya o Canarias.
Si lo que se quiere es conseguir una plaza en un centro de atención, de nuevo las dos Castillas son las mejores autonomías para acceder a ellas y Baleares y Asturias, las peores, pero para recibir ayuda en casa destacan Extremadura y Andalucía.

La Ley de la Dependencia, aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero, ha vivido importantes cambios según quién fuera el titular de la Moncloa, con recortes en las prestaciones bajo el Gobierno de Mariano Rajoy a partir del 2012, que denunciaron tanto empresarios como sindicatos.

CEAPs reclama en su informe "revertir" estos recortes, que sitúa en 5.400 millones de euros desde 2012, atender "de manera urgente" a las 250.000 personas reconocidas como dependientes que no reciben prestación y la creación de un "Ministerio de Mayores", de cara a un futuro cercano en el que se prevé que se multipliquen las personas dependientes.

En el siguiente cuadro se observan las diferencias entre las comunidades sobre el porcentaje del PIB dedicado a las ayudas a la dependencia, el gasto por persona y el porcentaje de dependientes que se encuentran en el "limbo" sin prestación.