El Gobierno aprueba una nueva prórroga del Plan PIVE

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la prórroga del Plan PIVE hasta el 31 de julio del próximo año o hasta que se agoten los fondos. También ha puesto en marcha el Plan Movea para 2016, cuyo objetivo es incentivar la compra de vehículos con energías alternativas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que, cuando se complete, el Plan PIVE 8 habrá evitado la emisión a la atmósfera de 216.000 toneladas de CO2.

El Movea, fusión de los planes de incentivos para la compra de vehículos eléctricos Movele y de renovación de vehículos comerciales PIMA Aire, tendrá una dotación económica de 16,6 millones de euros para 2016.

Sáenz de Santamaría ha explicado que el objetivo del Plan Movea es fomentar la sostenibilidad, disminuir las emisiones y diversificar las fuentes energéticas en el sector del transporte, reduciendo la dependencia del petróleo.

Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a través de arrendamiento financiero (leasing) o alquiler a largo plazo (renting) de un vehículo nuevo -o de seis meses de antigüedad en el caso de los eléctricos-, que utilice para su propulsión electricidad, gas licuado del petróleo, gas natural comprimido o licuado o pila de combustible de hidrógeno.

También se subvencionarán las instalaciones, los cableados y los dispositivos necesarios para los sistemas de recarga rápida o semirápida de baterías de vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

La cuantía de la ayuda variará en función de la categoría del vehículo, del tipo de combustible, de la masa máxima autorizada, o de su autonomía en el caso del eléctrico, en un rango que va desde los 200 euros para las bicicletas hasta los 20.000 euros.

Se obligará al achatarramiento de vehículos en el caso de furgones o camiones, así como de autobuses o autocares anteriores al 2009. En las categorías de turismos y furgonetas, se incentivará su achatarramiento con 750 euros, "pero no se obligara", ha subrayado la vicepresidenta.