Galicia está en pie de guerra. Desde hace años resulta raro no encontrar por las calles de una de las siete grandes ciudades alguna protesta de los trabajadores de las muchas industrias del sector productivo o de empresas de servicios, en oposición a las positivas cifras de empleo o de crecimiento económico que se esgrimen desde la Xunta. A día de hoy podrían contabilizarse casi una decena de protestas diferentes desde colectivos tan dispares como la atención telefónica, la generación energética o la fabricación de productos intermedios; y todas ellas con un compromiso de “apoyo” desde la Administración que nunca se ve materializado.

Sin embargo, el problema del tejido socioeconómico del Noroeste peninsular va más allá del clásico conflicto de empresarios contra empleados, al menos en la mayoría de los casos, sino que hunde sus raíces tanto en la dependencia de la comunidad en sectores altamente influidos por los avances tecnológicos como en los fenómenos de la descapitalización y la deslocalización.

A esto se suman factores como las normativas europeas, las españolas o los propios intentos desde el Estado de cambiar modelos como el energético, alejando los conflictos más si cabe de su concepción típica para situarlos en un punto intermedio en el la solución se vuelve más compleja.

Endesa, una empresa marcada por el anterior Gobierno

El ejemplo más claro de esta situación se puede ver en las protestas nacionales de los trabajadores de Endesa, que en el área de Ferrolterra han alcanzado una importante notoriedad por la gran dependencia económica tanto de la villa de As Pontes como de toda la comarca de la central de térmica. El caso de la eléctrica es una muestra directa de como la descapitalización de la empresa, sumada a las políticas de transición energética y la reforma laboral del antiguo gobierno de Mariano Rajoy, han puesto en jaque los beneficios sociales de todo el personal activo y pasivo de la misma.

Así, las normativas europeas de emisiones establecen una reducción paulatina de las partículas liberadas a la atmósfera entre los años 2020 y 2030, con la idea de que, al alcanzar este último año, solo las instalaciones más eficientes permanezcan abiertas y únicamente como complemento de la generación renovable. Tal y como explica Luis Varela (UGT), presidente del Comité de Empresa de la central de As Pontes, la empresa propietaria de Endesa, la italiana Enel, anunció “cierres de tres centrales: Alcudia 1 y 2, Compostilla y Andorra, quedando Almería por ser litoral puro y As Pontes por entrar en esa categoría pese a estar a 35 kilómetros de la costa”, añadiendo que al caso gallego lo salvó “una concesión administrativa marítima de 50 años”.

Para que ambas centrales prolonguen su esperanza de vida, la empresa tuvo que realizar inversiones millonarias, adaptando sus instalaciones a los requisitos de las certificaciones comunitarias y desarrollando tecnologías de almacenamiento mediante baterías de Ion-Litio, algo que otras centrales, como la de Meirama, en A Coruña y propiedad de Naturgy, no han podido realizar, anunciando su cierre en poco más de un año. Sin embargo, esta “apuesta” por la continuidad ha afectado directamente a los trabajadores, desencadenando el conflicto.

Desde el año 2008, Endesa pertenece en un 90% a la energética estatal Enel, que tras varios intentos de adquisición logró hacerse con la española en una OPA conjunta con Acciona; tras esto, la corporación itálica se dedicó a desmantelar el conjunto de operaciones de Endesa en Sudamérica -embolsándose “más de 14.000 millones”, recuerda Varela- y adoptando un modelo en el que prácticamente todo beneficio se convierte en dividendos para los accionistas extranjeros.

Dados los márgenes en los que operan ambas empresas, la Junta General no tardó en ver la problemática del “pago en especie” -la suministración de cierta cantidad de energía en lugar de ofrecer un complemento al salario- del personal de la eléctrica española, especialmente el pasivo -trabajadores retirados, de baja, viudas o huérfanos-, que suponía una previsión de gasto demasiado jugosa como para no tratar de eliminarla.

Así, según relata Varela, la propia compañía “denuncia el convenio” para iniciar un período de “simulación de negociación” mientras impera el período de ultraactividad -limitado a un año y medio tras la reforma laboral-, quedando tras este período “el activo bajo una relación contractual, mientras que el pasivo pierde ese paraguas que le protegía que era el convenio”. A día de hoy, la empresa ya ha anunciado el fin de estos beneficios a partir de junio, aunque todo queda pendiente de la resolución de la Audiencia Nacional a la demanda colectiva presentada por los sindicatos.

Bosch, la empresa que emigró 

Si bien la descapitalización supuso un duro golpe para el tejido empresarial de Galicia, el traslado de sus centros productivos y laborales al extranjero ha llevado en los últimos meses a centenares de trabajadores a protestar por las calles. Los dos últimos ejemplos los vemos en el centro de atención telemática de Bosch en Vigo y en la factoría de Poligal en Narón.

El caso de la ciudad pontevedresa deriva directamente del desvío de servicios a países con menores costes por parte de los clientes, principalmente Vodafone. Tal y como explica Laura Pérez (CIG), presidenta del Comité de Empresa, “la campaña que lleva esta compañía es prácticamente el 60% de la tarea que se hace en Bosch (…); es de sobra conocido que Vodafone está atravesando un momento difícil, ellos mismos han hecho un ERE y esto ha repercutido en las subcontratas que trabajamos para ellos y desde diciembre se ha experimentado un descenso en la carga de trabajo”.

Para paliar esta caída, “la parte del soporte técnico se ha deslocalizado directamente a Colombia para ahorrar costes y la parte de provisión también nos han reducido mucho la carga de trabajo, llevándose algunas de las tareas a otras zonas como Egipto”, señala Pérez. A consecuencia de esto, la empresa “planteó en enero la posibilidad de realizar un ERTE”, continúa la presidenta, que anticipa que, en un principio, la compañía planea mantener hasta el 31 de julio.

“Es temporal porque no está muy claro cuál va a ser el futuro de Vodafone, si finalmente se van a llevar todo el trabajo, si la cosa se va a quedar así o si va a volver a subir”, señala Laura Pérez. Según explica, el ERTE inicial iba a afectar a unas 800 personas, cifra que se ha reducido a 542 tras el despido de cerca de dos centenares de trabajadores contratados mediante ETTs. “El principal problema es la deslocalización y que en este país se permite que compañías realicen alegremente esta práctica”.

El caso de Poligal y la falta de regulación 

La situación de Polipropileno de Galicia, Poligal, cuyo cierre fue anunciado el pasado mes de febrero, resulta muy similar a la de Bosch, despertando el debate en el Parlamento gallego acerca de la ausencia en España de una regulación para evitar el traslado de compañías a otros países tras haber nacido y medrado en este, como sí tienen la mayoría de naciones de nuestro entorno.

En este caso, la empresa naronesa, parte del grupo catalán Perelada, nació a principios de los años 90 con la ayuda del Estado como una alternativa a la dependencia de la industria naval de la comarca de Ferrol. Tras ser adquirida un tiempo después por la corporación barcelonesa, Poligal se convirtió en un referente europeo en la fabricación de plástico para envases. En 2008, la empresa matriz abre una nueva factoría en Portugal y, en 2017, otra en Polonia, mientras, paralelamente, comienza a sufrir a partir de 2012 pérdidas en la fábrica gallega -11 millones hasta 2018-.

Sin embargo, tal y como explica Rafael Souto, presidente del Comité de Empresa, la situación no deriva de una explicación tan sencilla. “Nosotros en el 2010 pasamos por EREs -señala Souto- porque para ser competitivos y mantener el empleo se echaron a 35 personas con una serie de condiciones. En ese plan de viabilidad que presentaron ellos había tres inversiones: una planta de cogeneración y otra de doblado, que realizaron, mientras que la tercera, con un coste de cinco millones de euros, nunca se hizo”. Souto recuerda, además, que a la vez que esa inyección de capital en Narón se dejaba pasar, el grupo “invirtió en una planta nueva en Polonia 40 millones y en compra de material y maquinaria nueva para Portugal otros 16”.

A consecuencia de esto, la gerencia anunció la presentación de un concurso de acreedores voluntario en el Juzgado Mercantil de Barcelona, trasladando su producción al extranjero. Pese a la presión política y social, el grupo Perelada ha sido firme en su decisión, lo que ha llevado a la Xunta a plantear una solución similar a la de Alcoa y tratar de crear una mesa de trabajo para buscar un nuevo comprador para la planta que evite el despido de los más de 100 trabajadores gallegos.

Los comités, en defensa de Alcoa

A modo de conclusión resulta importante destacar otros factores que están afectando gravemente al tejido productivo de la comunidad gallega. El caso de las instalaciones de Alcoa en A Coruña y Avilés ha sacado a relucir una vez más la problemática de las tarifas energéticas para la industria electrointensiva.

Tal y como señaló la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, tras una entrevista con los representantes de los trabajadores de Megasa la semana pasada, el Estado debe intervenir en esta situación si no quiere que otras empresas extranjeras decidan abandonar España y debe hacerlo rápido, dado que la próxima subasta de estas tarifas tendrá lugar en verano y el adelanto de los comicios no ayuda.

Esta opinión es compartida por Juan Carlos López, presidente del Comité de Empresa de la factoría coruñesa, que asegura que “el propio escenario electoral crispa más la situación, hay más inestabilidad. Nosotros nos quejamos desde 2012 era muy poco predecible, en base a una subasta (…) y ahora, en el momento en el que se puede regular todo esto aparecen de pronto unos comicios.

Se hablaba de un estatuto de las empresas electrointensivas antes de entrar en este espacio electoral y ahora esto obliga a que tenga que ser firmado como un Real Decreto Ley Ministerial en lugar de una Ley Orgánica”. Por último surge el problema de los avances tecnológicos, que vuelve paulatinamente obsoleta la mano de obra. El caso más destacado sería el de Navantia, que tras celebrar la firma del Convenio Colectivo Único, ligado al nuevo Plan Estratégico que traería consigo la renovación de la plantilla, ha mostrado como la mayoría de las nuevas incorporaciones serían de carácter técnico, dejando entrever una menor dependencia del personal de construcción.

Esto se ve reforzado por la apuesta del grupo naval público por el modelo de Astillero 4.0 y las UMIs con la Universidad de A Coruña y en centro tecnológico Aimen, iniciativas importantes para la expansión internacional pero que dejan claro la introducción de la robótica en un negocio que siempre ha gozado de un estatus casi artesanal.

El conflicto, no obstante, parece agravarse con el paso del tiempo, especialmente por los potenciales réditos electorales que puede aportar. El mencionado estatuto ya ha sido rechazado por la Xunta, que extiende su problemática hacia otras empresas, como Megasa o Ferroatlántica, aumentando la intranquilidad de los trabajadores. A esto hay que sumar las afirmaciones de Miguel Duvison, director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE) -desmentidas por el gobierno- de que Alcoa no podrá sumarse a la subasta de interrumpibilidad en verano dado que al no haber prestado sus servicios tras la asignación del período anterior quedaba vetada para el siguiente. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez señala que la empresa de aluminio podrá acogerse a una excepción, aunque desde el Gobierno gallego siguen insistiendo en que el actual marco regulatorio alejará a todo posible comprador.