“Lo único que buscan es una cotización, aunque luego estas son menores, y estamos comenzando a pensar que quieren dinamitar la figura del trabajador autónomo dependiente (Trade)”, explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), organización que se plantea llevar a los tribunales a la Inspección de Trabajo después de que sus sanciones por el presunto empleo de falsos autónomos hayan llevado al cierre a una veintena de empresas de márketing directo para las que trabajaban alrededor de 400 Trade.

Todos ellos se encontraban entre los 10.412 autónomos dependientes registrados como tales en el Servicio Estatal de Empleo (Sepes), mientras que las empresas, que operaban para APPCO, contaban con AIP (Acuerdo de Interés Profesional), el equivalente al convenio colectivo en las empresas que contratan a trabajadores por cuenta propia.

Mientras tanto, y según la EPA (Encuesta de Población Activa), más de 350.000 falsos autónomos, o autónomos dependientes sin inscribir como tales, trabajan en exclusiva o prácticamente en exclusiva para una empresa en España, una bolsa de fraude que crece mes a mes.

“Si hay empresas que están pervirtiendo el mercado de trabajo, que las persigan; eso lo vamos a aplaudir”, señala Abad, que muestra su perplejidad por el hecho de que la Inspección centre su supervisión “en empresas con AIP visados por la Administración” y por “la pasividad de los partidos” por la baja cifra de Trade registrados en el país.

Una década de vacío legal

Upta admite que la figura del Trade “se usa a veces de forma perversa”, aunque considera que en este caso están “siendo perseguidos” de una “manera totalmente indiscriminada” y sin tener “en cuenta los AIP suscritos con empresas del sector, como Appco, que protegen a los autónomos económicamente dependientes al regular las condiciones mínimas de la prestación de servicios”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tampoco ha regulado la supervisión de los AIP.

Los AIP siguen rodeados de un vacío legal diez años después de su creación con el Estatuto del Trabajador Autónomo. “No hay un registro donde inscribirlos, y eso es una medida necesaria para acabar con la situación de impunidad con la que las grandes empresas tratan a los autónomos”, denuncia Abad, cuya organización ha negociado con el PSOE la posibilidad de que este pida su creación, y su adscripción al Ministerio de Empleo, en una enmienda a la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo en el Senado.

La iniciativa tiene un doble objetivo. Por una parte, dar un carácter público a estos acuerdos. Y, por otra, lograr que sean supervisados y avalados por la administración laboral, como ocurre con los convenios colectivos.

Los AIP regulan aspectos como la duración de la jornada laboral, su distribución y sus límites; los descansos semanales, el disfrute de festivos, los días de vacaciones (con un mínimo de 18 días hábiles) o la cuantía de la indemnización por cese. Sin embargo, hoy por hoy solo vinculan al autónomo y la empresa que los suscriben, ya sea directamente o a través de organizaciones profesionales.

No obstante, cualquier modificación en la cámara alta del texto que salió del Congreso requiere del apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en ella.

Batería de inspecciones

La batería de inspecciones a empresas con Trade, iniciadas en todo el país tras una instrucción interna emitida a mediados del año pasado y que se concentran en Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla, ha conllevado el levantamiento de actas de infracción por más de 600.000 euros, cuotas atrasadas incluidas. “Cierran porque no pueden hacer frente a esas multas y por el temor de los autónomos”, explica Abad.

Una de las actas, impuesta a una empresa con la que Appco subcontrató la captación de socios para oenegés y de clientes para una compañía eléctrica, y cuyos autónomos cobraban por comisión según el volumen de contrataciones, concluye que el empleo de material de la empresa como chalecos y carpetas (aunque también llevaban identificaciones de las ONG), junto con hechos como que les fuera marcada diariamente la zona de captación y las horas de intervención, así como que el contratista estableciera normas de conducta, le facturaran mensualmente la comisiones y en sus locales se realizaran actividades de formación y de motivación, suponen una “presunción de laboralidad”.

Otra cosa es que esa decisión, que conlleva la inclusión de los autónomos en el régimen general en el sector del comercio, resulte un buen negocio para la Seguridad Social o para los afectados. Estos pasan a estar bajo el convenio de comercio con un salario, en el mejor de los casos, de 908 euros brutos mensuales, inferior a los ingresos que muchos de ellos obtenían, cercanos a los 1.800 en algunos casos. También se reducen las cotizaciones, que caen como mínimo un 7,4%: de 317 euros mensuales, ya que los Trade están obligados a aportar por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, a un máximo de 293,75 (237 por la empresa y 56,75 por el trabajador).