Mayo de 2014. En una sala de la Junta de Andalucía, ocho hombres del gobierno andaluz, de traje y corbata, dialogan con la jueza argentina María Servini, instructora de la causa abierta en Buenos Aires en 2010 para investigar el franquismo. Tras la charla, le entregan un libro que documenta la represión en el territorio. 

Fuera de la sala aguarda Antonio Narváez, de 81 años, sujetando una carpeta color verde, como su chaqueta de punto, y llena de papeles que cuentan la historia de sus padres, asesinados en julio de 1936. Tras el encuentro institucional llega el fortuito. Narváez se acerca muy despacio para saludar a la jueza, que se encuentra en un viaje de 13 días por España para entrevistar a las víctimas. Con voz temblorosa y agitando las hojas, acierta a decirle: “Tengo aquí todo lo que he podido recuperar, más la denuncia. Fuimos muchos los que quedamos desamparados (…). Se nos acaba la vida, hija”.

Detrás de la cámara que recoge este episodio está la pareja de cineastas formada por Lucía Palacios (Moral de Calatrava, 1972) y Dietmar Post (Espelkamp, Alemania, 1962). Ambos firman el documental La causa contra Franco. ¿El Núremberg español?, que continúa la temática sobre memoria histórica de su anterior trabajo, Los Colonos del Caudillo, dibujando el paisaje emocional que atraviesa a las víctimas de una dictadura como la española.

En esta ocasión, y emulando la sobriedad de un juicio, Palacios y Post narran en 98 minutos sin distracción musical, y a través de una treintena de voces -querellantes y abogados de la conocida como querella argentina y miembros de asociaciones de memoria histórica e historiadores-, el periplo de las víctimas de Franco en la búsqueda de justicia.

La cinta, que se estrenó el pasado viernes - y que cuenta con un segundo pase este domingo 9-, con Dietmar Post, Carlos Castresana y Juan Diego Botto, trata de dilucidar la pregunta: “¿Podría esta causa desembocar en el último gran juicio contra una dictadura fascista del siglo XX?”.

Así, el documental recoge testimonios ordenados desde la cronología de los hechos. Al inicio, víctimas de la primera fase del golpe de estado, como los padres de Narváez o el de Darío Rivas, que fue el primer querellante de esta causa por su padre, el alcalde de Castro Rei (Lugo) fusilado en 1936. “La orden del general Mola era eliminar a cualquier persona con trayectoria política o moral, y eso lo cumplieron al pie de la letra, por eso la mayoría de los asesinados son alcaldes y maestros”, cuenta a cámara desde el lugar donde pudo recuperar los restos de su padre. Su testimonio se entrelaza con el de la abogada de las víctimas en el marco de la querella, Ana Messuti, para quien Darío Rivas es el ejemplo de lo que significan estas personas: “Él tenía a su padre exhumado. No quería denunciar a los verdugos. No pide nada, sólo hacer justicia”, explica la letrada en el documental.

Entre los relatos de posguerra, Palacios y Post entrevistan a Ascensión Mendieta, que logró enterrar dignamente a su padre en julio de 2017, 78 años después de ser asesinado y hecho desaparecer en una fosa común.

La crudeza de los últimos años de la dictadura la ilustran víctimas de la policía política de Franco, como Lidia Falcón, torturada por Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el niño’. “Había pasado un conato de hepatitis, y el médico te hace una revisión cuando entras [detenida]. Con ingenuidad se lo dije, y que hacía pocos días que me había levantado de la cama. Los primeros golpes fueron al hígado. También al abdomen. Me abrieron la matriz a porrazos. He tenido once operaciones después”, relata ante una fotografía de su torturador.

Por su parte, Andoni Txasko, de la asociación de víctimas del 3 de marzo de 1976, contradice en su discurso el relato que atribuye a la Transición el apelativo de ‘modélica’. “Ese 3 de marzo se cumplían 100 días de la muerte del dictador, pero las estructuras políticas, de la judicatura, ejército o policía eran las mismas que en el franquismo”, describe a cámara contextualizando uno de los mayores episodios represivos de aquellos años, cuando la policía acabó en Vitoria con la vida de cinco obreros en huelga.

Además del orden sucesivo de las distintas narraciones, “creemos que ayuda a entender la dimensión temporal de los crímenes”, razonan los cineastas, han buscado la perspectiva internacional del caso español y que, según explican a Público, se demuestra ya en los juicios de Núremberg. “El testigo español Francisco Boix, recluso en el campo de concentración de Mauthausen, prueba a través de fotografías que él mismo había escondido que Kaltenbrunner y Speer habían estado en algunos de los campos”. También, a través de las historias del exilio, como la de Elsa Osaba, “cuya familia tuvo que huir a Francia, donde es internada en campos y donde uno de sus tíos fue capturado por los nazis y traslado también a Mauthausen”, detallan.

La estrecha relación de Franco y sus militares con el nazismo

Otra de las líneas que aborda este documental es la que conecta la dictadura de Franco con el nazismo. “Ya en 2008, cuando empezamos a barajar la idea de hacer una película sobre un posible juicio, tuvimos claro que solamente tendría sentido relacionar lo que nosotros llamamos el “crimen fundacional” (el golpe de estado del 36) con la masiva ayuda que recibió Franco de los fascismos europeos”, explican Palacios y Post a Público. “Una ayuda que, por otra parte, no se redujo a enviar material bélico o a la intervención de la Legión Cóndor, sino que fue mucho más allá, incluyendo los servicios secretos y de inteligencia”.

Este argumento lo nutren en la película con imágenes y vídeos del archivo Robert H. Jackson Center, en los que se observan las conexiones de Franco y sus militares golpistas con altos cargos nazis: “Encontramos fotos y películas de propaganda que sirvieron en Núremberg como prueba del plan de exterminio nazi y de cómo preparaban su guerra de agresión. Y, entre ese material, dimos con el desfile de bienvenida a la Legión Cóndor, el 6 de junio de 1939 en Berlín, con la presencia de Hitler y Göring, claro, pero también de Yagüe y Queipo de Llano”.

Entre esos documentos se hallan imágenes de Franco rindiendo honores tras la guerra a los más de 20.000 alemanes que participaron. A su regreso a Alemania, Hitler les dedicó en su honor la avenida Española, en Berlín, nombre que aún se mantiene.

La calificación a España como régimen fascista ya la acuñó Naciones Unidas en su resolución número 39, del 12 de diciembre de 1946, que expresa: “La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, con ayuda de las potencias del Eje, y a las cuales dio ayuda material durante la guerra, no representa al pueblo español […]. Recomienda que, si dentro de un tiempo razonable, no se ha establecido un gobierno cuya autoridad emane del consentimiento de los gobernados, el Consejo de Seguridad estudie las medidas necesarias que han de tomarse para remediar la situación”. Todo un balón de oxígeno para los presos republicanos y exiliados que pronto se desinflaría. Tal y como recuerda la narración en off de la cinta, esta resolución “pasa pronto al olvido; las potencias occidentales necesitan a Franco como aliado en la lucha contra el comunismo”. Y en 1955, España es admitida en la ONU.

El historiador Nicolás Sánchez – Albornoz habla de los años 44 y 45 como una época “de exaltación” por la derrota de los países del Eje. “Teníamos la esperanza de que el régimen desapareciera pronto, como debería haber sido de acuerdo a la resolución de Potsdam”, recuerda a cámara. “Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el sueño era pensar que el mundo iba a actuar contra el franquismo, y esa es la derrota psicológica, total y absoluta, cuando se dan cuenta que tras el triunfo de los aliados nadie hará nada porque a algunos países les interesaba una dictadura al sur de Europa”, añade el antropólogo forense Francisco Etxeberria.

La causa contra Franco recoge una sucesión de imágenes de los juicios de Núremberg que los cineastas contraponen con retratos de los golpistas Francisco Franco, Juan Yagüe, Gonzalo Queipo de Llano y Emilio Mola. “Todos estos forman parte de un grupo que hubiera acabado en un banquillo si Núremberg hubiera mirado hacia aquí”, lamenta el historiador Francisco Espinosa.

Post y Palacios invitaron a participar en este trabajo a la Casa Real y a todos los imputados en la querella argentina para los que se pide orden de extradición desde Argentina. Sólo José Utrera Molina, ministro franquista que falleció en abril de 2017, accedió a aportar su visión, en su caso, negando. “Todo es una patraña oscura apoyada por los miembros de la extrema izquierda para tratar de enturbiar un periodo de la vida española en el que yo intervine”, espetó. En la misma línea se expresa María Eugenia Yagüe, hija del golpista responsable de la matanza de Badajoz, quien asegura que su padre, poco antes de morir, les dijo “no os voy a dejar dinero porque no lo tengo pero sí un apellido limpio”.

Las declaraciones de las víctimas, una victoria judicial

Mayo de 2014. En el mismo espacio de la Junta de Andalucía, la jueza María Servini recuerda a Antonio Narváez que le tomarán declaración, y se despide con un “ya le veo por internet”, en referencia al necesario trámite online en la distancia. Pasaron los meses, más de un año, y en septiembre de 2015, Narváez contó su historia, por vez primera, en sede judicial tras ser llamado a declarar. 

Para la abogada Ana Messuti, esto supone ya un acto cerrado de justicia, dada la particularidad española. “Ya han hecho algo, han declarado por esta causa que es de lesa humanidad. Se va haciendo justicia al andar, a cada paso”, concluye.