El Gobierno no piensa renunciar al suculento contrato de armamento con Arabía Saudí de 1.813 millones de euros. Así lo garantizó este viernes la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Detrás de esta decisión ha habido, además de presiones empresariales e institucionales, una pequeña huelga impulsada por los trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz).

Ante el temor de que el fin del contrato de venta de armamento pudiera suponer  una escusa para que se recortaran empleos, los trabajadores decidieron salir a las calles para mostrar su rechazo a la medida del Gobierno. 

Así, más de un millar de obreros del astillero se dispusieron durante la mañana del viernes a cortar la autovía A-4 para expresar su temor a que se cancele el polémico acuerdo bélico entre España y Arabía Saudí, un país con una monarquía absoluta que atenta contra los Derechos Humanos.

El presidente del comité de empresa del astillero de Navantia de San Fernando, Jesús Peralta, explicó, ante las sospechas de la "inminente cancelación" del contrato de las cinco corbetas, que el comité decidió trasladar a la asamblea de trabajadores una propuesta de movilización, que finalmente se llevó a cabo.

El sindicalista admitió a los medios que les quedaba "un hilo de esperanza" y, finalmente, esa esperanza se hizo una realidad después del anuncio del Gobierno del Estado de frenar la disolución del acuerdo con Arabia Saudí.

"La situación es crítica, nos acongoja la frustración y la rabia porque este contrato es el mayor contrato de la historia de exportación de Navantia, significa el sustento de muchas familias de la bahía de Cádiz", comentaba Peralta, antes de que se diera a conocer que el acuerdo comercial de productos armamentísticos seguiría adelante.

A las quejas de los trabajadores de Navantia se sumó una socialista, la presidenta del Gobierno de Andalucía, Susana Díaz. Desde Carcassone (Francia), en un viaje oficial, la política expresó su preocupación ante la posibilidad de que se cancelara dicho contrato y reclamó al ejecutivo de Sánchez que garantizara el empleo en la bahía de Cádiz.

También la secretaria general de la UGT-Andalucía, Carmen Castilla, expresó su preocupación, si bien confía en que la vía diplomática dé sus frutos.

Por otro lado, La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió al Gobierno que no se interrumpiera el contrato para la construcción de cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí, que considera una "válvula de oxígeno" para una empresa como Navantia.

Se calcula que este contrato generará cada año durante un lustro cerca de 6.000 empleos, de los que más de 1.100 serán directos, más de 1.800 para la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 indirectos generados por otros suministradores.

Este contrato, que se ha estado negociando con Arabia Saudí desde 2015, supone una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de la bahía de Cádiz, la ría de Ferrol (A Coruña) y Cartagena (Murcia) y su industria auxiliar, según los datos que facilitó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que se incluye Navantia, tras la firma del contrato.