Juana RivasEl Tribunal de Menores de Cagliari (Cerdeña) elude tomar medidas de protección hacia los hijos de Juana Rivas

El tribunal de Menores de Cagliari (Cerdeña) se ha declarado incompetente este miércoles para resolver sobre la adopción de medidas cautelares urgentes hacia los hijos de Juana Rivas, por posibles malos tratos de los que pueden estar siendo víctimas por parte de su padre. 

En la vista llevada a cabo esta mañana, el tribunal decidió no tomar ninguna decisión y dejársela a un tribual superior, la Corte de Apelaciones de Cagliari, donde las abogadas de Juana Rivas en Italia interpusieron un recurso contra la decisión del tribunal ordinario, que concedió la custodia de los menores en exclusiva a Francesco Arcuri, padre de los menores.

"Lo que nos han dicho esta mañana el tribunal es que no van a tomar medidas de ningún tipo y que se inhiben en favor de un juez superior que tiene que ver el caso completo. Ha sido una auténtica lavada de manos. No tenemos aún el auto escrito, por lo tanto no sabemos si el Tribunal de Menores le pedirá a la Corte de Apelaciones alguna actuación urgente. Si piensa que hay motivos fundados, tal vez la exhorte a moverse en este tema en particular más rápidamente. De lo contrario, no esperamos que la Corte de Apelaciones entre a decidir sobre el recurso sobre la custodia de los menores antes del próximo año", afirmó en conversación telefónica con Público María Eugenia Álvarez, una de las abogadas de Rivas en la causa italiana.

Esta decisión del Tribunal de Menores llega exactamente cinco meses después de que la defensa de Rivas presentara una demanda ante dicha instancia para que tomara medidas inmediatas utilizando la fórmula "inaudita parte", es decir, la adopción de medidas cautelares sin necesidad de notificación a la parte implicada. Esta urgencia en la petición de medidas, estuvo motivada por el informe que realizó la pediatra forense y especialista en violencia de género, María Serenella Pignoti que relatan y dan credibilidad a los supuestos casos de malos tratos hacia los menores por parte de su padre.

En el escrito presentado el pasado 10 de mayo de este año pidiendo medidas cautelares, Rivas y sus abogadas exigían al tribunal que retirara la custodia de los menores al padre e incluso que fueran acogidos por una institución. La pediatra remitió el informe ese mismo día a la Procura de la República (equivalente a nuestro Ministerio Fiscal) poniendo de manifiesto los hechos, tal como exige el protocolo.

En un comunicado emitido este miércoles después de la audiencia del tribunal, el equipo jurídico de Rivas en Italia afirma que procederán  a utilizar "todos los recursos existentes a nuestro alcance que permitan dar respuesta a la grave situación que viven los hijos de la Sra. Rivas en la convivencia con su padre. Dicha situación está recogida en diversos informes de especialistas, tanto italianos, como españoles, no existiendo ningún informe médico que los cuestione o diga lo contrario".

Las letradas recuerdan en la misiva que "sólo existe un informe dictado en sede civil, por parte de la perito judicial en el procedimiento de custodia, en el que aplicando el Síndrome de Alienación Parental (síndrome no avalado científicamente y cuyo uso no está recomendado, tanto por el Tribunal Constitucional italiano, como por el Consejo General del Poder Judicial español) considera que es el padre el que ha de ejercer la custodia exclusiva, habiendo sido esta la decisión adoptada por el Tribunal Ordinario de Cagliari, cuya sentencia está recurrida.

Rivas tiene pendiente otro recurso en Italia. Se trata del que presentó ante el tribunal de lo penal de Cagliari contra la decisión del Fiscal de archivar diversas denuncias que Rivas había presentado por supuestos malos tratos de Arcuri contra sus hijos. El pasado mes de julio el tribunal decidió aplazar la decisión por un plazo de uno o dos meses, y aún no hay ninguna indicación de cuando tomará una decisión.

Otro de los casos abiertos que tiene Rivas sobre la mesa está en el Tribunal Supremo, donde el pasado mes de mayo recurrió la condena de cinco años de prisión y seis de inhabilitación de la patria potestad que le impuso el Tribual Superior de Andalucía.