Las claves de una reforma que pretende acabar con el abandono y la exclusión de los menores y jóvenes migrantes

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha logrado aprobar la reforma en materia migratoria de mayor calado hasta ahora. Se trata de la modificación del reglamento de Extranjería para facilitar el acceso a los papeles a los menores migrantes no acompañados y a los jóvenes extutelados. Una medida que ha celebrado el Defensor del Pueblo, que llevaba años reclamando el cambio, así como decenas de organizaciones sociales, que han podido participado en su elaboración. 

Para el departamento de José Luis Escrivá, se trata de una reforma que acaba con la "anomalía" española en el plano europeo y que asemeja a otros países del entorno el régimen jurídico de este colectivo. Los cambios ponen fin al limbo jurídico que convertía cada año a cientos de chavales tutelados en meros migrantes irregulares después de años de inversión autonómica en su manutención y formación. De hecho, ha puntualizado el Ministerio, Hasta once comunidades autónomas participaron activamente en los trámites y realizaron una valoración muy positiva de la reforma.

"El acceso al trabajo es la mejor forma de inclusión", ha insistido Migraciones durante un encuentro con la prensa para detallar las novedades del Real Decretado aprobado esta marches en Consejo de Ministros.

15.000 beneficiados

El Ministerio calcula que el Real Decreto facilitará el acceso a permisos de residencia y trabajo a alrededor de 8.000 menores migrantes solos que actualmente se encuentran bajo el sistema de protección de las comunidades autónomas. Además, contempla la posibilidad de acogerse a la reforma a los mayores de edad extutelados hasta los 23 años. Este colectivo fluctúa entre los 7.000 y los 8.000, según Migraciones, que no puede hacer una estimación del número de chavales que permanecen fuera del sistema de protección regional.

Tramitar los papeles a los tres meses

Se reduce el plazo para acreditar la "imposibilidad de retorno" de nueve a tres meses. Es decir, que la medida hace obligatorio el inicio de la tramitación de la documentación de los menores no acompañados después de tres meses, y la gestionarán de oficio las oficinas de Extranjería. Actualmente, este periodo era de nueve meses, algo "excesivo" y "sin sentido" para el Ministerio y que abocaba en muchos casos a la salida del sistema de protección sin que se hubiera siquiera iniciado la solicitud del permiso de residencia, dejando al interesado en situación administrativa irregular a llegar a la mayoría de edad.

Esto no significa que la devolución de un menor deje de ser posible cuando consigue sus papeles. Si la repatriación procediera, se extinguiría la autorización concedida, aclara el Ministerio.

Si aún así hay menores que llegan a los 18 años sin documentar, también podrán hacerlo. Migraciones modifica el artículo 198 de la Ley de Extranjería y establece un nuevo sistema para documentarlos con permiso de trabajo y residencia.

Ampliación de la vigencia de los permisos

La autorización inicial de residencia pasa de uno a dos años de vigencia. Tras la primera renovación pasa a tener validez durante tres años. Deja de exigirse un acta notarial para la cédula de inscripción y se sustituye por un informe de la entidad de protección de menores.

Se concede el permiso de trabajo

La primera autorización de residencia llevará aparejado el permiso de trabajo a partir de los 16 años, algo que hasta ahora no ocurría. La normativa actual hacía prácticamente imposible que los jóvenes en edad de trabajar accedieran a una autorización para  ello. Según datos del Ministerio, menos de un 10% de los menores no acompañados de 17 años logran trabajar cuando tienen 19. Esto "impugnaba el trabajo previo de la las comunidades autónomas" que habían invertido en formación e inserción laboral de estos jóvenes prácticamente para nada.

No fue hasta que la pandemia hizo necesaria más mano de obra en el campo cuando Migraciones concedió un permiso de trabajo a los jóvenes en edad laboral. El Real Decreto 19/2020 habilitó a 466 extutelados a emplearse en este sector. Un año después, el 70% sigue trabajando y Migraciones destaca que muchos se han movido hacia otros sectores laborales, por lo que confía en que estos datos se repitan o incluso mejoren ahora que el mercado laboral repunta.

Fin de los requisitos económicos "imposibles"

La nueva norma acaba con una de las mayores limitaciones que los chavales encontraban a la hora de renovar sus permisos de residencia: acreditar ingresos económicos suficientes. La única vía de conseguir papeles para estos jóvenes solos era la llamada "residencia no lucrativa". Este modelo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, fijaba en el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) el requisito económico para el permiso inicial (algo más de 500 euros mensuales) y del 400% del IPREM (alrededor de 2.300 euros) parala segunda renovación. "Era un marco económico irreal para estos chicos y para cualquiera", ha reconocido Migraciones.

Para ello, el Real Decreto crea un régimen propio para los extutelados en el que el índice de referencia deja de ser el IMPREM para medirse por el Ingreso Mínimo Vital máximo de un hogar unipersonal. Es decir, que se reducen a 470 euros al mes los ingresos necesarios, y pueden computar en este margen los ingresos laborales y también las ayudas sociales, hasta ahora excluidas.

Las condiciones impuestas por Marlaska

Aunque Migraciones ha querido restar importancia al retraso de la aprobación de esta medida, uno de los mayores obstáculos ha sido la oposición del Ministerio del Interior, que ha "hecho sus necesarias aportaciones al texto", han reconocido fuentes del departamento de José Luis Escrivá.

En concreto, han sido dos los cambios en el borrador impuestos por el departamento de Grande-Marlaska. El primero es que la tramitación de la documentación de un menor migrante solo se realice a partir de los tres meses, cuando el borrador inicial obligaba hacerlo a los 15 días. Entre las razones de esta dilación, argumentan que los trámites de Extranjería requieren de un procedimiento burocrático que supera el plazo de dos semanas.

La otra aportación de Interior  tiene que ver con la ausencia de antecedentes penales de los mayores de 18 años para conceder los permisos de residencia y trabajo. En concreto, si el infractor ya está documentado, se valorará la retirada de papeles, mientras que, si no está regularizado aún, no podrá acceder a los permisos. Según Migraciones, este requisito ha sido avalado por el Consejo de Estado en la fase de consultas.