Cada hectárea devorada por las motosierras supone una amenaza contra los derechos humanos. Lo mismo ocurre con las partículas de polvo que infectan atmósfera y pulmones; con los bloques de hielo que se desprenden hacia el terrorífico estado líquido; con las especies que se adentran en la extinción; o con los vertidos químicos que terminan en el cauce de los ríos. Así lo entiende el propio relator de la Organización de las Naciones Unidas, David R. Boyd, que hace unos días señaló la necesidad de incluir el "derecho a un planeta sano" en un nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

"El derecho a un medio ambiente saludable ya proporciona la base para gran parte del progreso que estamos viendo en diferentes naciones de todo el mundo. Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar este momento de crisis ecológica mundial para asegurar el reconocimiento de este derecho por parte de las Naciones Unidas, de modo que todos, en todas partes, se beneficien. El derecho humano a un planeta sano, si es reconocido por todas las naciones, podría ser el derecho humano más importante del siglo XXI", comentaba.

Estas declaraciones han sido recogidas con entusiasmo por algunas organizaciones sociales como BirdLife que, desde hace décadas, llevan advirtiendo de la evidente relación que existe entre la degradación de los entornos naturales y la vulneración de los derechos humanos. Front Line Defenders aporta un dato relevante que apoya esta teoría: el 40% de los 304 activistas que fueron asesinados en 2019 eran defensores de la tierra. Las muertes asociadas a la degradación del planeta no son sólo las de aquellos que, desde la lucha social, se enfrentan a proyectos extractivistas. Tanto es así, que miles de defunciones prematuras tienen que ver con enfermedades que derivan del maltrato que las sociedades dan a los entornos. Cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o diarreas son algunas de las causas de muerte que se relacionan con la mala calidad del aire, o el mal estado de las aguas. Según la propia Organización Mundial para la Salud (OMS), el 28% de los óbitos globales tienen que ver con cuestiones ambientales.

"El medio ambiente muchas veces se ve cómo algo vinculado a políticas sectoriales y de menor peso frente a la industria o la economía. Sin embargo, se trata de algo transversal y un asunto relacionado con la gobernanza global", opina Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife, organización que ha iniciado una recogida de firmas para incluir el derecho a un planeta sano en un nuevo artículo de las Declaración Universal de Derechos Humanos. "El hecho de que se incluya este nuevo derecho, obligará a miles de países a incluirlo en sus leyes y dará una mayor cobertura a aquellos ciudadanos o colectivos que tengan que ir a los tribunales", agrega.

Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), señala los beneficios que podría tener este acontecimiento, ya que agilizaría los procedimientos judiciales relacionados con el medio ambiente. "En España, el derecho al medio ambiente sano no está recogido exactamente como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política económica y social, lo que hace que no se pueda alegar la vulneración de este derecho de manera directa, sino que se tienen que utilizar otras vías, lo que retrasa mucho los procedimientos", explica la abogada. Ella misma pone recuerda como el IIDMA interpuso un recurso por la moratoria de Madrid Central que tuvo que basarse en la vulneración del derecho a la integridad física.

El posible nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo, puede servir para dar un mayor amparo legal a las comunidades y sociedades que necesiten denunciar la degradación de sus entorno. Sin embargo, del mismo modo que en muchos lugales se ignorar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, se podrá seguir pasando por alto la protección de los ecosistemas. Es por ello que Barreira hace hincapié en la necesidad de "fortalecer los mecanismos para que se cumplan todos los convenios ambientales".

"La Carta Universal abarca toda una serie de cuestiones y derechos, culturales, económicos, sociales o religiosos, sin embargo, no se profundiza en cómo se ponen en práctica después", critica Víctor Barro, experto en justicia económica de Amigos de la Tierra. No se trata, a juicio de este experto, de crear nuevas instituciones, sino de potencias los mecanismos de vigilancia sobre los que descansa el multilateralismo de las Naciones Unidas. "Existen herramientas jurídicas y tribunales internacionales, pero hace falta ampliar su capacidad de acción", expone. 

"Los tratados internacionales y las declaraciones universales son vinculantes jurídicamente, pero ¿quién hace el seguimiento de qué se están cumpliendo?", se pregunta la abogada del IIDMA. Buen ejemplo de esta falta de recursos para vigilar es el principio de "quien contamina, paga" que rige en Europa desde 1986 sin tener apenas repercusiones. "Las administraciones no tienen muchos medios para vigilar y, cuando se da con algún caso, se inicia un procedimiento judicial en el que las sentencias se alargan mucho en el tiempo. La Unión Europea legisla muchísimo y crea nuevas normas, pero no se le dedica muchos recursos para vigilar que se cumplen", denuncia.

No en vano, la llegada de este nuevo derecho fundamental supondrá, al menos un elemento más al que la ciudadanía se pueda acoger para denunciar ataques contra ecosistemas y contra la propia vida, además de dar respuesta a multitud de conflictos ambientales que superan las capacidades de los juzgados nacionales. "Muchos de los grandes retos ambientales exceden las fronteras nacionales. El cambio climático o la pérdida de biodiversidad no son problemas que se puedan resolver en solitario o de manera local. Necesitamos, si queremos conservar el medio ambiente, que exista un respaldo global", concluye Atienza.