La nueva ley de universidades, en jaque por la falta de recursos y la desigualdad entre comunidades

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada el pasado mes de marzo, planteó una batería de medidas centradas en poner fin a la precariedad que le sobrevuela, sobre todo desde la recesión de 2008.

En solo una década, las universidades públicas españolas perdieron el 20% de su financiación y, aunque la inversión está creciendo, todavía no alcanza los niveles previos a los recortes cometidos por las políticas de austeridad que se implementaron durante aquellos años.

Frente a esta situación, la LOSU incluyó por primera vez en su articulado un objetivo de inversión pública mínima del 1% del PIB del conjunto del Estado. Si bien su despliegue, con el curso ya iniciado, aún no se ha concretado.

La falta de recursos y la desigualdad de riqueza entre las diferentes autonomías preocupan a la comunidad universitaria, que ya empieza a cuestionarse si podrán aplicarse los programas de estabilización del profesorado y promoción previstos.

Para alcanzar un valor del 1% se requeriría un incremento de financiación pública del 0,25% del PIB (ya que el gasto público en política universitaria está situado en un valor muy próximo al 0,75%).

Es decir, se necesitaría una aportación de recursos adicionales de 3.135 millones de euros corrientes de 2022, tal y como ha estimado el último informe editado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), titulado Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Objetivos de financiación pública e instrumentos. Gasto inducido y presentado este martes.

Una ley sin respaldo económico es papel mojado

¿De dónde saldría ese dinero? Dado que la gestión pública en universidades en España está altamente descentralizada, les corresponde a las administraciones autonómicas asumir el 87,7% del coste. Por tanto, de ellas dependerán, a priori, la mayor parte de las medidas que contempla esta ley.

El problema aparece a la hora de llevar este compromiso a la práctica. Y es que, tal y como adelanta el informe monográfico, factores como la desigual distribución de la riqueza por territorios en nuestro país condicionará la capacidad que tenga cada autonomía de aportar estos recursos.

"Si se deja a cada Comunidad a expensas de su capacidad fiscal (PIB), tendremos que, para un mismo esfuerzo fiscal, una comunidad pobre tiene que conformarse con dar a sus ciudadanos menos y peores servicios esenciales que una rica. O que, si quiere darle los mismos servicios, tiene que imponer un esfuerzo fiscal mayor que el que se exige a los ciudadanos de una comunidad rica", señalan los autores Juan Hernández Armenteros y José A. Pérez García.

Aparte del actual contexto económico, la CRUE ha puesto de relieve la falta de equidad heredada del traspaso de competencias en los años 80 y 90. El gasto por estudiante ya en aquel entonces presentaba diferencias de más de 70 puntos porcentuales. 

Una desigualdad que continúa presente hoy en día, con diferencias de hasta 57 puntos. Conviene considerar que no todos los gobiernos autonómicos han apostado por destinar dinero a este ámbito, engrosando como consecuencia esta brecha. Madrid y Balears son, por ejemplo, dos de los territorios en los que menos se ha avanzado.

Por ello, la confederación de rectores ha reclamado que la Administración General del Estado (AGE) se haga responsable de este objetivo. Los costes "deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", apunta el documento, para alcanzar los objetivos que plantea la LOSU.

CRUE pide al Ministerio que asuma los costes

En 2024, las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de la aplicación de las limitaciones horarias docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe estimado de, al menos, 400 millones. También la reducción de la temporalidad de la plantilla supondrá un coste de 424 millones.

Mientras que en las jubilaciones inminentes se irán unos 195 millones de euros y la aplicación de la ley en lo relacionado con el Personal Docente e Investigador (PDI) costará 844 millones, según la CRUE.

"Para que el estudiantado pueda disfrutar de unos servicios de

educación universitaria homologables en el conjunto del territorio

español, que garanticen la igualdad de oportunidades, los precios

públicos deben ser similares. Pero resulta necesario, asimismo, que lo sea el nivel de recursos públicos que financia los mismos. Esta financiación es mucho más determinante para configurar la calidad del servicio público", describe el informe.

Por ello, insiste la organización, "los PGE deben comenzar a recoger las dotaciones de crédito necesarias" para financiar, tanto este ejercicio como los futuros. De no producirse esta inversión por parte del Ministerio de Ciencia y Universidades, advierten los autores, "la LOSU devendrá inaplicable para muchas universidades públicas".