La nave ilegal de Guadalajara alojaba toneladas de productos tóxicos

La nave industrial de Chiloeches, en Guadalajara, que llevaba años en situación ilegal y que la madrugada del pasado miércoles comenzó a arder, alojaba en su interior varias toneladas de productos altamente tóxicos, como disolventes, aceites o desinfectantes.

El director de Extinción del incendio y oficial de servicio del Consorcio de Bomberos provincial, César Izquierdo, ha informado de que, aunque se desconoce la cantidad exacta de cada uno de ellos, se han construido tres diques de contención para evitar el vertido al río Henares de las sustancias contaminantes que ya han llegado a un torrente cercano.

"El incendio está estabilizado pero no controlado totalmente todavía y será necesario un número mayor de horas para declararlo así", manifestó Izquierdo en una comparecencia en las inmediaciones de la empresa incendiada a última hora del viernes.

Los trabajos de extinción han continuado durante toda la noche y proseguirán durante varios días por la naturaleza de los productos almacenados y su gran cantidad. Hasta las últimas horas del día los bomberos no pudieron acceder a la planta por las altas temperaturas alcanzadas en el fuego a causa de los productos almacenados, que han supuesto un "cóctel perfecto" para favorecer el incendio.

Ecologistas en Acción ha denunciado por su parte la falta de datos sobre los contaminantes más peligrosos que se han emitido a la atmósfera. En un comunicado, los ecologistas acusan al Gobierno regional de lanzar "mensajes voluntaristas" de que el aire es saludable "pero no se facilitan ni se hacen públicos los datos de la estación de medición móvil" instalada tras el suceso, mientras la contaminación del incendio se ha detectado en provincias limítrofes como Soria.

Para la organización conservacionista, esta actuación recuerda a la que el Gobierno de Castilla-La Mancha llevó a cabo durante el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña (Toledo), a pesar de que luego se demostró que hubo zonas, como el barrio del Quiñón, donde la población estuvo sometida a niveles de contaminación que superaban en decenas de veces los límites admisibles.

Años en la ilegalidad

Las causas que provocaron el incendio de la planta química se desconocen. El Ayuntamiento de Chiloeches decidió el pasado 17 de junio clausurar la planta de reciclaje de productos químicos por su "actividad clandestina" y por "no disponer de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento para el ejercicio de su actividad", así como por "incumplimiento de normativas medioambientales y de seguridad", extremo que fue publicado en el Boletín Oficial de España (BOE) del 14 de julio de 2016.

Así lo ha dado a conocer Ahora Guadalajara, quien precisa que la empresa --Kuk Medioambiental SL-- "llevaba operando en el municipio desde hace varios años, siempre en situación de ilegalidad, permitida por los sucesivos equipos de Gobierno de esta localidad", anteriormente gobernada por el PP.

"Con la llegada del nuevo equipo de Gobierno, y ante el peligro manifiesto que representaba, y que se ha materializado en el día de hoy, se procedió a comenzar con el expediente para la legalización de la actividad de la empresa el día 21 de marzo de 2016. Tras no recibir respuesta por su parte, se procedió a iniciar el expediente para la cancelación de su actividad", detalla Ahora Guadalajara.

Fue el 6 de junio de 2016, "más dos meses después de la primera notificación", cuando el ingeniero municipal informó de que esta empresa "seguía metiendo más material contaminante, tóxico e inflamable", lo que acarreó su clausura.

Desde la formación política añaden que no se sabe con exactitud "ni los productos almacenados, ni el grado de toxicidad" de lo que se almacenaba allí.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha decretó hace poco más de un mes la suspensión temporal de la autorización para gestionar residuos de la empresa cuya nave está ardiendo desde la mañana del viernes en un polígono industrial de Chiloeches.

Fuentes del Gobierno autonómico han confirmado que esta decisión se tomó a raíz de sendas inspecciones realizadas tanto por el servicio regional de Medio Ambiente competente como por unidades del SEPRONA de la Guardia Civil.