Abuso sexualEl martirio judicial de las temporeras marroquíes de la fresa

Cuando Fátima llegó a la empresa Doñana 1998 SL, productora de fresas y frutos rojos de Almonte (Huelva), nadie le dio tarea alguna. A pesar de haber sido contratada en origen (Marruecos) como temporera de la fresa, Fátima –nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato–, tampoco recibió dinero para su manutención, ni le proporcionaron comida. Por eso, tras vivir varios días en un contenedor dentro de la finca agraria de la productora junto a otras mujeres en su misma situación y una vez agotados los víveres que traía consigo desde Marruecos,  tuvo que rebuscar alimentos "por la basura", tal como relata a Fátima a Público.

Pero además de los incumplimientos sobre las condiciones de trabajo que le prometieron cuando fue seleccionada para ir a trabajar a España a través de ANAPEC, la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y Competencias de Marruecos, Fátima relata episodios todavía peores, que incluyen situaciones de acoso sexual. De acuerdo con la entrevistada, este tipo de prácticas se llevaban a cabo a través de la intermediación de las llamadas "alcahuetas”, trabajadoras marroquíes con mayor antigüedad al servicio de la empresa y quienes, ante la situación de extrema vulnerabilidad que vivían las temporeras recién llegadas, les ofrecían la posibilidad de ganarse el pan haciendo “algo” diferente. Luego, hacia las cuatro de la tarde, la finca parecía un “puticlub”, relata la trabajadora en relación al trasiego de los hombres que apostaban los coches en la entrada y las mujeres que entraban y salían del recinto.

Aunque Fátima afirma no haber sucumbido a la presión que se ejercía sobre ellas para que mantuvieran relaciones íntimas con terceros, muchas de sus compañeras sí que padecieron este tipo de situaciones y al menos una, de acuerdo con las declaraciones recogidas en un atestado policial (referenciado 399/2018 en los procesos judiciales relativos al caso), fue agredida sexualmente. Esta temporera denunció que uno de los propietarios de la empresa le tocó los genitales y los pechos contra su voluntad, unos hechos que el comandante del Puesto de El Rocío (Huelva) de la Guardia Civil, firmante del documento policial en cuestión, calificó como “insinuaciones sexuales”.

Pese a que Fátima tampoco llegó a sufrir este tipo de agresiones, cuando su marido se enteró de lo que allí había sucedido, no quiso saber nada más de su mujer y se divorció. Ahora, dice ella, "mi vida es una ruina” y está lejos de su hijo, que vive en Marruecos con la abuela.

Aunque no es la primera vez que los productores de Huelva se ven salpicados por casos de este tipo, nunca hasta 2018 esta realidad había ocupado tanto espacio en los medios de comunicación y había llegado tan lejos en los juzgados. Los hechos, denunciados por Fátima y otras temporeras que también estaban contratadas por Doñana 1998 sucedieron entre marzo y junio de 2018 y ahora están en manos de los juzgados de instrucción 1 y 3 de La Palma del Condado, Huelva. En el caso del número 3, el juez acaba de archivar por segunda vez la instrucción de la causa centrada en las denuncias por acoso y agresiones sexuales que presentaron cuatro compañeras de Fátima.

El sobreseimiento se dictó después de que las mujeres no acudieran a declarar, una decisión que se debe, de acuerdo con su abogada Belén Luján, “al estrés postraumático” que sufren las denunciantes y en base al cual la letrada solicitó sin éxito un aplazamiento de las comparecencias en cuestión. El mismo día de la declaración, precisa, las mujeres fueron atendidas en urgencias por “ansiedad y pérdida de conocimiento por estrés”, tal y como corrobora a Público Esther Sanguiao, la psicóloga que las ha atendido a lo largo de los procesos judiciales.

El precio de dar la cara en Marruecos

A la situación que vivieron en Huelva y su actual lucha judicial en España, explica la letrada, hay que sumar las causas pendientes que tienen las jornaleras en Marruecos. De hecho, cuatro temporeras, asegura la abogada, podrían perder la custodia de sus hijos debido a las denuncias interpuestas por sus familiares en su contra al conocer éstos la naturaleza sexual de los hechos denunciados. En Marruecos, añade Jesús Díaz (quien, junto con Luján ejerce la representación legal de las trabajadoras marroquíes), da igual si se trata de sexo consentido o de agresión sexual, “ellas, aunque no tengan la culpa, aunque las hayan violado, están sucias”.

En este sentido, los letrados han pedido reiteradamente y siguen exigiendo, que las denunciantes puedan declarar con medidas para proteger su identidad. “Para ellas, que sus familias accedan a vídeos o documentos [donde se diga que fueron acosadas o forzadas] supone la exclusión social”, explica Díaz. El letrado asegura que si declaran sin medidas de protección, los acusados, que están personados en la causa, tendrían acceso al vídeo de la citada declaración y podrían amenazarlas con enviar estas grabaciones a sus familias, “como ya hizo uno de los responsables de la empresa Doñana 1998 en un vídeo en el que acusaba a las jornaleras de prostituirse”. Algunos de los familiares, añade el abogado, no saben nada de lo que les sucedió y piensan que estas mujeres se han quedado en España trabajando.

Fátima asegura que el hombre que aparece en los vídeos amenazando de mandar la grabación a Marruecos es uno de los propietarios de la empresa Doñana 1998 SL.

La acusación: “Hay una renuencia clara a investigar”

La otra causa abierta en La Palma del Condado, concretamente en el juzgado de instrucción 1 y relativa a los derechos laborales de un total de 10 trabajadoras, fue sobreseída en abril de este año. Una decisión que Luján también ha recurrido recientemente al considerar que existe “una renuencia clara a la investigación y que toda la argumentación [para justificar el archivo] se sostiene en prejuicios”. A modo de ejemplo, la letrada explica que no ha habido investigación alguna sobre la veracidad de los listados de trabajadoras que figuran como prueba en la investigación. Se trata de dos textos, uno que denuncia las malas prácticas de la empresa y otro que sostiene que la empresa no ha hecho nada mal y que las denunciantes se lo han inventado todo para conseguir los papeles y quedarse en España. Estos escritos fueron firmados por 109 y más de 130 jornaleras, respectivamente.

Badía Zekkari, una de las presuntas firmantes del documento pro-empresa, declaró en una entrevista al medio marroquí Larache News que el patrón no les pagaba. Además, Zekkari también explicó que habían expulsado a las temporeras de la finca y las habían mandado de vuelta a Marruecos para que no hablaran del asunto, después de que estas se pusieran en contacto con Luján y con miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Esta jornalera también afirmó que conocía muchos casos de acoso y uno de violación. Público contactó con la autora de la entrevista y verificó el contenido de la pieza audiovisual, publicada en árabe marroquí. “No nos cabe la menor duda que la lista de las mujeres que acusan a las temporeras de mentir es falsa, que fue un acto de defensa de la empresa”, asegura la letrada para quien, con este documento, la mercantil pretendía contrarrestar la versión de las denunciantes.

Posibles víctimas de trata

Además de pedir la reapertura del caso, los abogados solicitan que la investigación se amplíe a delitos penales de trata de seres humanos y que el juzgado de instrucción número 1 se inhiba en favor de la Audiencia Nacional (AN). Esta demanda, argumenta Luján, responde al hecho de que “el engaño” empezó en Marruecos por lo que el delito de trata, considera, “tiene una dimensión internacional que excede competencias de este juzgado”.

En este sentido, Fátima asegura que durante el proceso de selección que gestiona la agencia marroquí ANAPEC, le dijeron que trabajaría de lunes a sábado y que cobraría 40 euros al día y que, sin embargo, una vez en España estuvo los primeros 15 días sin trabajar y tras 21 jornadas de recolección no le pagaron ni un céntimo. De hecho, la propia Audiencia Nacional, que inicialmente admitió a trámite y luego rechazó por una razón de competencia la denuncia que las jornaleras interpusieron ante este tribunal por todos los abusos y agresiones sufridas, dio credibilidad a la tesis de la letrada sobre los indicios de un delito de trata en los hechos denunciados. Así, el tribunal consideró que este tipo penal no era materia exclusiva de su competencia y resolvió que, teniendo en cuenta que “el delito denunciado se habría cometido en Huelva” y ya había dos procedimientos judiciales abiertos, se inhibía en favor de los juzgados de instrucción de La Palma del Condado.

La cuestión de la competencia se llevó luego ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Con todo, explica Díaz, “si el juzgado que ha instruido ahora se inhibiera, la Audiencia Nacional podría tramitar diligencias a prevención, como tomar declaración o identificar a personas” hasta que el Supremo resolviera.

Dudas sobre una inspectora de trabajo y de un guardia civil

Otro de los aspectos que plantea el recurso contra el archivo de la causa relativa a los derechos laborales de estas trabajadoras es la necesidad de investigar la labor desempeñada por una inspectora de trabajo. Se trata de la persona que realizó una visita de control a la empresa Doñana 1998 SL antes de que trascendieran las denuncias y otra tras la judicialización del caso. Luján asegura que las jornaleras denunciaron ante la propia inspección el hecho de que nunca se les entregó un contrato de trabajo, ni se les pagó por las horas trabajadas. Los empresarios, por su parte, no aportaron los justificantes de pago de la nómina ni durante la segunda inspección ni en una comparecencia posterior destinada a este objeto. Tampoco facilitaron los contratos. A día de hoy, precisa la abogada, esta documentación probatoria no se ha incorporado a la causa judicial. “Lo único que han aportado es un documento rellenado y sin firma”, precisa Luján.

De hecho, en uno de los informes de inspección incorporados a la causa se dice que “la empresa [durante una segunda visita realizada tras la denuncia] indica que no tienen copias de los contratos porque cometieron el error de no quedarse con un justificante, y que dichas trabajadoras no han cobrado […] porque no están de acuerdo en las cantidades. Ellas quieren cobrar todo el mes y según los cálculos de la empresa no han trabajado eso”.

La abogada tilda de “disparate” el hecho de que en el citado informe se asegure que “no se ha podido constatar, ni apreciar” los abusos e insultos denunciados por las jornaleras teniendo en cuenta que, cuando la inspectora se personó en la finca, las trabajadoras ya hacía días que se habían marchado.

Contactada por este periódico, la Inspección de Trabajo se ha amparado en la Ley de Protección de Datos para no facilitar ningún tipo de información al respecto. Tampoco los juzgados de instrucción de La Palma del Condado han querido comentar nada en relación a la ausencia de estas pruebas requeridas por la acusación y a los referidos procedimientos judiciales.

La acusación también exige que se investigue la actuación del agente y comandante del Puesto de El Rocío de la Guardia Civil que calificó como “insinuaciones sexuales” las agresiones denunciadas por una de las jornaleras. Tal y como apunta Badia Zekkari en la entrevista al medio marroquí y según el relato de Fátima, las chicas que el día 3 de junio de 2018 todavía estaban en la finca le contaron que habían retenido a algunas trabajadoras y que luego las “metieron en autobuses y enviaron a su país para que no pudieran denunciar”. La Guardia Civil estuvo, tal y como corroboran los atestados, en el lugar donde se habrían llevado a cabo las expulsiones. Su versión de lo hechos es, sin embargo, muy distinta.

En el atestado 384/2018 de la Guardia Civil, al cual ha tenido acceso Público, el agente en cuestión relata que ese día uno de los propietarios de la empresa les informó de que un grupo de temporeras iban abandonar la finca porque su contrato había finalizado. Los agentes, siempre según este mismo documento policial, se quedaron fuera de la finca para que ninguna persona se sintiera “incómoda” ni “intimidada”, aunque unos compañeros del cuerpo les habían informado sobre la existencia de, al menos, una llamada en la que se denunciaban situaciones de retención de trabajadoras contra su voluntad y desorden público.

De hecho, fue uno de los propietarios de la empresa quien, más tarde, salió al exterior para explicar a los agentes allí apostados, que “dos de las trabajadoras que finalizaban el contrato han salido corriendo hacia la parte posterior de la finca [...] desconociéndose actualmente su localización”. Ante estos hechos, en los que estaba presente el citado agente, Luján se pregunta "cómo es posible que los agentes no hicieran nada para identificar a las trabajadoras, no llegando a realizar tampoco comprobación alguna sobre su situación como los permisos en vigor, o si según los contratos realmente había finalizado su trabajo en esa empresa”. De acuerdo con los abogados de las jornaleras, lo que hizo la Guardia Civil fue “expulsar o, en el mejor de los casos, colaborar a ello intimidando a las víctimas con su presencia e inactividad ante los hechos violentos e injustificables que tenían lugar a personas con visado y contrato de trabajo con el fin de evitar que denunciasen”. La expulsión “forzosa” se produjo sin tramitación de procedimiento administrativo o judicial”, concluyen. Fuentes de la Guardia Civil se han negado a comentar nada al respecto.

El sindicalista Cañamero describe una realidad bastante más grave que la recogida en las actuaciones policiales

Ese mismo día por la tarde, después de los hechos relatados, diversos miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se acercaron a la finca. La versión de la situación en la que se encontraban las trabajadoras, según el sindicalista Diego Cañamero (que en ese momento también era diputado por Podemos en el Congreso), refleja una realidad bastante más grave que la descrita en las actuaciones policiales recogidas en el atestado 399/2018, que también firma el citado comandante.

En este informe se afirma que Cañamero se entrevistó con un grupo de temporeras y que existían varias versiones, las de las empleadas de corta duración y las de larga duración. Pero el propio Cañamero precisa que “se acercaron montones de mujeres diciendo lo mal que estaban, que había acoso, que no les pagaban, que una mujer estaba mal y no la habían querido llevar al médico…” y “una minoría muy minoritaria” que repetía, una y otra vez, “jefe bueno, jefe bueno”.

En el documento también se asegura que “el diputado realiza una pequeña inspección visual de las instalaciones, en la que al parecer se encuentra satisfecho de las mismas, pero en la que existen algunos problemas que decide solucionar reuniéndose con los propietarios”. Sin embargo, en conversación con este periódico, Cañamero describe las instalaciones habilitadas para alojar a las jornaleras como “contenedores en condiciones bastante infrahumanas, muy precarias, de las que ya no se ven” y añade que ese lugar parecía “un campo de refugiados”. Además, el sindicalista y ex diputado, asegura que las deficiencias que vio, no eran problemas que se podían solucionar con un par de cambios, sino “una cosa estructurada”.

Manuel Matos, uno de los propietarios de Doñana 1998, no ha querido hablar con Público sobre lo sucedido ese día, ni rebatir las acusaciones sobre el engaño y la vulneración de los derechos laborales de estas trabajadoras. Tampoco ha accedido a dar su versión sobre los presuntos casos de acoso y agresiones sexuales sucedidos en la finca de esta mercantil. El empresario se limitó a derivar nuestra petición de información a los responsables de comunicación de la patronal fresera Freshuelva, quienes hasta el momento tampoco han atendido la petición de este diario.

Las otras causas del caso Doñana 1998

Además de los dos procesos judiciales abiertos en los juzgados de instrucción de La Palma del Condado y aquellos relativos a la custodia de sus hijos en Marruecos, las temporeras del caso Doñana 1998 han presentado reclamaciones de carácter laboral en los juzgados de lo social de Huelva. De las 10 reclamaciones, tres de ellas han sido desestimadas y posteriormente recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según el letrado Díaz, el problema es que han dado credibilidad a testimonios que forman parte “de la organización criminal” como la manijera de la finca, la misma que cuando Fátima sufría de dorsalgia, explica el abogado, se negó a llevarla hasta el hospital si esta no le pagaba por el desplazamiento.

Actualmente los abogados Díaz y Luján asisten a las 10 jornaleras en todos los procesos judiciales que tienen abiertos en España de forma gratuita, y les han brindado un apoyo incondicional desde que conocieron su situación, como manifiestan las denunciantes. Las han ayudado a legalizar su situación y también a conseguir un lugar donde vivir mientras las causas sigan su proceso. “Si ellas se van, se acaba todo, no hay caso”, sentencia Luján. Fátima asegura que los juicios son la única razón por la que sigue en España. Cuando todo termine, sentencia entre la esperanza y la pesadumbre, “volveré a Marruecos”.