Ana C. está de celebración. Son las fiestas de su ciudad y es el único día que no trabaja al día siguiente. Lleva varias horas bebiendo y ahora le apetece fumarse un porro, un canuto, una mezcla de tabaco y hachís. Se aparta un poco de la marabunta y se sienta, junto a dos amigos, en un césped cercano. Son las 4.00 horas de la mañana. Esta chica de 28 años piensa que no molesta a nadie. Ni hace ruido ni su acción supone un mal ejemplo. En todo caso, la única perjudicada de esta acción será su salud y la de sus acompañantes. Ella lo sabe y aún así quiere fumar hachís. Dos agentes de paisano están entre la multitud. Ven a los tres jóvenes apartarse y los siguen. Cuando Ana saca el costo y comienza a quemar, uno de los agentes se acerca y saca la placa. Sorpresa. Es un policía de paisano. ¿Resultado? 600 euros de multa para una joven que gana 728 euros al mes como animadora sociocultural. 

La sanción que tendrá que abonar Ana está recogida en la Ley de Protección para la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley Mordaza. El artículo 36.16 considera una infracción grave el "consumo o tenencia" de "drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estén destinadas al tráfico", e impone unas sanciones que van desde los 600 euros a los 10.000 euros. Eso sí, es posible obtener una reducción de hasta el 50% si se paga en los 15 primeros días.

Los datos han sido extraídos del informe del Ministerio del Interior Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016, que permite conocer que el Estado ha interpuesto un total de 189.947 multas a los ciudadanos en 18 meses de ley mordaza por tenencia de drogas, especialmente marihuana y hachís y, en segundo lugar, cocaína. Solo en 2016 han sido 126.115 multas. Es decir, las autoridades españoles pusieron 346 multas al día el año pasado por este concepto y han recaudado un total de 93.043.261 euros en tan solo 18 meses. Es decir, 172.302 euros al día. 

La joven tiene un cabreo más que importante. Atiende a las explicaciones de la pareja de policías e intenta decirles que ella no hacía daño a nadie. Piensa en transmitir que ahí fuera hay delincuentes mucho más peligrosos que ella, pero se echa atrás. Lo que le faltaba es otra multa por resistencia o falta de respeto a la autoridad. No está el horno para bollos. El mayor cabreo para Ana, sin embargo, llega cuando los agentes de Policía le comunican que si en los próximos dos años vuelve a ser descubierta con sustancias estupefacientes la infracción pasa a considerarse como grave de grado medio y el importe oscila de 10.401 a 20.200 euros.

"Pensaba que me estaban vacilando. Tener que pagar 600 euros con un salario de poco más de 700 ya es macabro, pero que me hablen de multas de más de 10.000 euros... Es que es de chiste. En ese momento me tuve que morder la lengua", cuenta a Público esta joven, que prefiere ocultar su apellido y ciudad de origen para mantener oculta su identidad ya que considera que la prohibición de la marihuana estigmatiza a sus consumidores. 

"El Estado lo que quiere es hincharnos a multas. Se la trae floja si estoy enganchada o no o si esto es malo para la salud. Si le preocupara mínimamente me ofrecería, por ejemplo, la posibilidad de no pagar la multa con tal de someterme a unos análisis y demostrar que estoy limpia", prosigue esta chica.

Un manifestante por la legalización de la marihuana durante una marcha reciente en México. REUTERS/Henry Romero

El importe de las multas por consumo o tenencia en espacios públicos aumentaron en julio de 2015 con la aprobación de la ley mordaza. Desde 1992 hasta 2015, con la conocida como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta, este tipo de infracciones recibían una sanción tipificada entre 300 y los 30.000 euros, aunque la Administración prácticamente siempre optaba por la sanción mínima. Ahora, la sanción mínima se ha doblado.

La abogada penalista Isabel Elbal considera que "en términos generales la finalidad de la ley mordaza en este asunto es recaudatoria". "Hoy en día, en pleno siglo XXI, la sociedad no reclama este tipo de castigo. Estamos en pleno debate y necesidad de que se legalice el consumo de algunas sustancias, como el cannabis", defiende la abogada penalista que denuncia, además, que el gran número de multas impuesto por el Estado "tiene que ver con un exceso de celo policial provocado, tal vez, por el descenso de la criminalidad".

"No sería descabellado afirmar que ha podido producirse un desplazamiento de funciones de la Policía: desde el área de prevención del delito hacia la prevención de la denominada 'inseguridad ciudadana', que podría explicar esta gran dedicación a las sanciones contra los ciudadanos", prosigue Elbal.

El fracaso de la penalización

La amenaza de esa multa de 10.000 euros no aleja a Ana C. del consumo esporádico de hachís o marihuana. Fuma una vez a la semana "aproximadamente" y le da igual si es verde o marrón. Lo hace de modo recreativo. Dicho en sus palabras: "Por echarme unas risas, vamos". La joven afirma que continuará fumando a pesar del riesgo. Es una especie de desobediencia civil aunque algo menos heroica que la de Gandhi.

A juzgar por los datos, Ana no es una rara avis. A pesar de las sanciones del Estado, el consumo de cannabis tiende a la estabilidad en España. De hecho, la marihuana es la sustancia ilegal más consumida en el mundo y también en España, con un 9,5% de prevalencia, según la reciente Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España del Ministerio de Sanidad.

La marihuana es la droga más consumida incluso en los países como Francia, donde el consumo ha estado castigado con penas de cárcel y multas superiores a los 3.000 euros. A pesar de eso, 7 millones de franceses afirmaron haber consumido marihuana o hachís en su vida y 700.000 lo consumían a diario, en una encuesta que data de 2014. De hecho, Macron ha anunciado que cambiará hacia un sistema de multas. La presidenta del Sindicato de la Magistratura francés, Clarisse Taron, recibió la noticia con escepticismo: "Si (se hace) para tener una sanción financiera sistemática sin otra reflexión, esto no tendrá ningún efecto. Dará dinero a las cajas del Estado pero no hará que uno reflexione sobre su consumo".

La tendencia mundial, a pesar del ejemplo francés, es ir hacia la regulación de la marihuana. Primero con usos terapéuticos y, después, con fines recreativos. Así lo ha regulado ya, por ejemplo, Uruguay y tres estados norteamericanos (California, Nevada y Massachusetts). El expresidente uruguayo Pepe Mujica, en una reciente visita al Vaticano, se mostró muy crítico con las multas por consumo de marihuana ya que considera que estas medidas reprimen "a ciegas". "La regularización del cannabis busca arrebatar el mercado al narcotráfico. Aquí aplicamos el principio de 'si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo'. No podemos seguir reprimiendo a ciegas", sentenció el exmandatario uruguayo, que denunció que con las prohibiciones se ha ido a "peor". 

Más de 800 clubes sociales

La realidad española, no obstante, dista mucho de la fijada por la Ley. En el Estado español hay cerca de 800 clubes sociales de consumo de cannabis que viven en un limbo jurídico. Se basan en la doctrina del consumo compartido. Es decir, si el cultivo para autoconsumo no está penado (siempre y cuando no sea a la vista del público) pues los consumidores se pueden unir para cultivar juntos. No obstante, la legalidad de estos clubes está en entredicho y cada cierto tiempo surgen noticias que anuncian el cierre de algunos de estos centros. 

En Catalunya existen cerca de 400 de estos clubes. La inmensa mayoría están incluidos en la Federació d'associacions cannàbiques de Catalunya, que prepara junto a partidos políticos catalanes una ambiciosa ley que regularía el consumo recreativo y el uso médico de la marihuana. Su portavoz es Eloi Espósito. "Las políticas sancionadoras sólo hacen más pobre al consumidor y, además, lo estigmatizan. El objetivo debe ser regular este tema y arrancar el mercado a los narcotraficantes y mafias", incide Espósito. 

La prestigiosa revista The Economist dedicó su número del mes de febrero a defender la necesidad de regularizar el uso del cannabis. La publicación defendió la propuesta esgrimiendo, básicamente, argumentos económicos ya que la legalización permitiría al Estado aumentar los ingresos a través de la vía impositiva. Espósito, por su parte, no rechaza esta vía pero incide en que el principal objetivo debe ser "acabar con las mafias". En este sentido, defiende una regulación integral del cannabis que incluya desde el cultivo o autocultivo, el transporte, la distribución y, finalmente, la tenencia.

Esta Federación, asimismo, ha participado con la iniciativa promovida por la plataforma Regulación Responsable, que parte de una agrupación de ciudadanos y organizaciones sociales que piden una regulación de la producción y consumo de cannabis en España. Este grupo dice haber nacido con el objetivo de conseguir que el Congreso de los Diputados regule la marihuana. De momento, en marzo de 2016 Unidos Podemos registró en el Congreso una Proposición No de Ley sobre la regulación integral en España, desarrollada por la sociedad civil a través de la plataforma Regulación Responsable. 

"El fracaso estrepitoso del modelo actual obliga a buscar alternativas más sensatas y pragmáticas en el ámbito de la salud pública. En la actualidad, la discusión sobre las políticas de drogas se encuentra en uno de los puntos más interesantes de la historia reciente. El denominador común de todas estas discusiones es evitar al máximo los daños de las drogas mediante políticas más acordes con los Derechos Humanos", señala la plataforma Regulación Responsable. 

De momento, se conoce que Podemos y Ciudadanos incluyeron en sus programas electorales la propuesta de despenalizar el cultivo y el consumo de cannabis; que Izquierda Unida lo ha defendido históricamente; y que el PSOE se ha comprometido a abrir un debate en su organización. Sólo el Partido Popular se opone taxativamente a debatir sobre el asunto. Sin embargo, la discusión, prácticamente, acaba de comenzar.