La justicia tumba el acoso de los antiabortistas contra las clínicas privadas

MADRID.- La Asociación de Abogados Cristianos, grupo contrario a la interrupción voluntaria del embarazo, ha perdido la batalla contra cuatro clínicas privadas que practican el aborto en Madrid, después de que el juzgado de instrucción número once considere que no hay pruebas sólidas para continuar con la causa.

Los autodenominados provida acusaron a las clínicas de haber tirado a la basura información sanitaria de sus pacientes, considerando éste un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por incumplir la normativa de residuos biosanitarios, inculcándoles de paso supuestos delitos fiscales. Pueden recurrir ante la Audiencia Nacional, pero han perdido el primer asalto.

José Antonio Bosch, abogado que trabaja con la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), denuncia que los antiabortistas están usando el sistema penal “de manera bastarda” para, desde su punto de vista, “conseguir titulares en la prensa”. Explica que lo que hacen habitualmente es acudir a la jurisdicción penal porque es “mucho más llamativo”, recordando que no es lo mismo denunciar una infracción administrativa que un delito. “Además duplican o triplican la denuncia. Los mismos hechos los llevan a distintos sitios, como La Consejería de Salud o la Agencia de Protección de Datos”, critica.

Bosch: "Sánchez Galera es como un yihadista antiaborto rebuscando en la basura"

Juan Francisco Sánchez Galera, militante antiabortista, fue el que interpuso la denuncia inicial ante la Guardia Civil aportando los documentos (unas tarjetas de visita) que supuestamente se tiraban a la basura. Después fue la Asociación de Abogados la que se personó en su lugar.

En opinión de Bosch, Sánchez Galera es un hombre que “lo que hace es un seguimiento de los distintos contenedores de las clínicas. En mi opinión es como un Yihadista antiaborto rebuscando en la basura”.

En cuanto al posible delito de revelación de secretos, el juzgado ha determinado que no consta que los datos confidenciales de los pacientes se pudieran transmitir a terceros. Las clínicas se defendieron alegando que activistas antiabortistas robaron algunos documentos para poder utilizarlos en denuncias posteriores.

“Uno de los doctores de la Clínica Ginecológica Callao SLP es sirio” comenta el abogado. “Un día le comunican que fallece un familiar cercano. Entonces, en ese momento de agobio y tristeza, escribió unos versos coránicos en un folio”. Asegura que no podía creerlo cuando vio que esos papeles estaban en el juzgado. Lo curioso es que, según el abogado, “que el doctor que es musulmán, me aseguró que jamás hubiese tirado a la basura un verso coránico, porque está en nombre de Dios”.

Las imputaciones en esta denuncia “se fundaban en arriesgadas conjeturas o hipótesis”

Con la denuncia por vulnerar los protocolos sobre gestión de residuos biosanitarios se pretendía demostrar que la clínica ponía en peligro la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, todas las clínicas formalmente tienen una compañía que cobra una cuota mensual por retirar restos biológicos. Y ésto se acreditó en el juzgado.

Por último, quedaba por desmontar la acusación de delito fiscal. “Eso es para llorar” afirma Bosch, antes de resumir el modus operandi de los antiabortistas: “Calculan cuántos abortos se hacen en España y llegan a la conclusión de que ‘x’ clínica tiene que hacer tantos abortos al año. Tiran de sus cuentas anuales e intentan demostrar que facturan menos de lo calculado, lo que significaría que están cobrando en negro... y te lo cuentan así”, lamenta. Y, también en este caso, el juzgado ha confirmado que las imputaciones en esta denuncia “se fundaban en arriesgadas conjeturas o hipótesis”.

Estas clínicas privadas y sus pacientes no sólo se enfrentan a las denuncias constantes por parte de los antiabortistas, sino que también tienen que ver cómo el Gobierno dificulta su situación. 

El pasado 18 de agosto, el Partido Popular llevó a cabo una modificación importante en la Ley de autonomía del paciente. Hasta entonces, los menores de edad, de 16 y 17 años, cuando se encontraban en una situación grave con necesidad de intervención tenían la competencia para decidir y dar el consentimiento. Sus padres, sin embargo, tenían el derecho de ser escuchados. Entonces, el PP hizo girar las tornas: ahora son los padres los que firman el consentimiento y los menores sólo son escuchados.

Muchos son los que no entienden cuál era la exigencia social que pedía ese cambio legislativo. Lo mismo ha pasado con la última reforma del aborto que se aprobó este miércoles en el Senado, que obliga a las chicas de 16 y 17 años a tener el consentimiento de sus tutores legales o una autorización judicial para abortar.

Varios grupos antiabortistas además, según manifiesta Bosch, “acosan a cualquier chica que vaya a entrar en la clínica” y asegura que el día de máxima actividad es el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes. “Ese día en casi toda España se producen concentraciones delante de las clínicas”, lamenta.

Indignado, insiste en que el objetivo que tienen con las denuncias y las concentraciones es difundir el mensaje antiaborto y acabar con las clínicas privadas. “¿Qué explicación puede tener, aún en el supuesto de que una clínica tuviera una irregularidad fiscal, que a la Asociación de Abogados Cristianos le preocupe la irregularidad fiscal? Yo no he visto que hayan denunciado al PP ni que se hayan metido en los grandes casos de corrupción”, zanja.