La nueva ley de residuos y suelos contaminados de la Xunta de Galicia ha sido rechazada por las asociaciones ecologistas que denuncian el escaso contenido de la propuesta y la "mala" gestión de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA), una empresa creada por la Xunta en 1992 que se encarga de todo el tratamiento de residuos de la comunidad. El 49% de las participaciones pertenecen a Naturgy, una empresa española de gas natural, el restante, al Gobierno gallego.

De esta manera, todos los desechos urbanos de Galicia van a parar a SOGAMA. Diariamente, la basura viaja kilómetros hasta el vertedero de Cerceda (A Coruña), algo que la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galica (ADEGA) considera "irracional" por la cantidad de emisiones de carbono que ello produce. Al llegar allí, la entidad lleva a cabo un modelo de incineración a partir del gas natural cedido por Naturgy. "De esa quema se segrega gas otra vez, es un círculo", cuentan. Naturgy, por su parte, ha contado a Público que “no tienen nada que decir” y que no quieren realizar comentarios sobre la sociedad SOGAMA.

La asociación ecologista Verdegaia, define la nueva ley de residuos como "una consolidación del modelo SOGAMA, un modelo millonario", y que es un ejemplo "de la política del PP". "Como cada empresa que nace pública en Galicia" de mano de la Xunta, acaba "externalizándose en manos privadas". Verdegaia añade que Feijóo pretende "poner a sus amigos a gestionar lo que debería tratarse de manera pública".

SOGAMA cobra por entrada de residuos, "algo que no incentiva ni la reducción ni el reciclaje", explica ADEGA. Es decir, a más basura, más ingresos. Lo "lógico", señalan las ecologistas, sería la separación de la materia orgánica para crear un compostaje que sirviese posteriormente para la agricultura. Actualmente, todo lo que sale de los contenedores verdes va directamente a SOGAMA sin ningún tipo de separación. Los últimos datos, reflejan que solo un 11% de basura orgánica se recicla en Galicia, muy lejos de lo dicta el marco europeo, un 50%, al igual que la nueva ley que propone la Consellería de Medio Ambiente.

Es por ello por lo que los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente sitúan a Galicia a la cola del país y de Europa en gestión de desechos. En SOGAMA, el 61,02% del total, se incinera, algo que la Xunta define como "valoración energética". "Es su neolingua de blanqueo" apunta Verdegaia. Con este sistema, "la materia prima que podría ser compostaje útil se convierte en basura inútil", explica.

La quema de residuos, concreta ADEGA,  o también "recuperación de energía" según el Ejecutivo autonómico, no son otra cosa que "emisiones de dioxinas al aire" y "cenizas tóxicas peligrosas como residuo sólido". Es decir, los residuos urbanos se transforman en un residuo sólido (RSU) cuando en su origen no lo eran. Critican también este modelo centralizado de desechos cuando Galicia es y tiene una "población dispersa".

"Menos incineración, más compostaje"

Para las asociaciones, lo primero que debería mudar es la gestión de residuos orgánicos, con "menos incineración y más compostaje", lo que supondría un ahorro para los ayuntamientos, ya que esta basura es la que más pesa. Solicitan igualmente una conexión de la administración autonómica y local, para que no recaiga todo el peso en los ciudadanos, así como un sistema que penalice a los que "lo hacen mal" y que premien a los que defiendan y promuevan la buena salud del medio ambiente, cuenta ADEGA.

"Las empresas tienen la responsabilidad de cambiar sus prácticas", explica Verdegaia, y piden "eliminar los envases de solo un uso". En la nueva ley de la Consellería de Medio Ambiente, se especifica que "preferiblemente" no se usen sólo una vez. "Eso no obliga nada", especifican las ecologistas. Aseguran que tampoco se contemplan los envases retornables-reutilizables, ni se otorgan recursos para generar menos basura, ni para que "exista un reciclaje real".

Esta ley iniciará su tramitación el cuatro de marzo. Grupo Común da Esquerda ya ha empezado a trabajar con estos colectivos ecologistas para preparar las enmiendas de devolución. Esta medida, es una de otras tantas que la Xunta tiene pendientes de tramitar antes de las elecciones autonómicas, y que ya han sido tachadas por la izquierda gallega de "leyes baratas" ante la menor producción legislativa en los últimos veinte años.

"Alerta vecinal" para proteger la Galicia verde

Una de las carencias de la nueva ley según las ecologistas es la regulación del vertido de residuos en canteras. Actualmente, en municipios coruñeses como Ordes, Miramontes, Casalongo y Touro, existen diferentes canteras en activo o no "disfrazadas de vertederos" donde se juntan toneladas de basura. ADEGA cuenta que estos lugares están en "alerta vecinal", algunos han creado plataformas ciudadanas para luchar contra los vertederos industriales o contra acciones de la Xunta perjudiciales para la tierra gallega.

Una de ellas, la Plataforma Mina Touro-O Pino, consiguió que el Gobierno de Feijóo suspendiese el proyecto para reabrir una mina con el objetivo de extraer cobre en el Touro y O Pino (A Coruña). Finalmente, tras dos años y medio de movilizaciones, los informes negativos de el Patrimonio Natural y de Aguas de Galicia, concluyeron que existiría una afectación real en la zona y que aumentaría la presión hídrica sobre el río.

La Xunta negó que los movimientos vecinales hayan tenido algo que ver en la decisión final. "Solo faltaba", dijo la Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. La vecindad lo tiene claro: otra batalla más que ganan al Gobierno de Feijóo.