Defend EuropeCatalunya impide por motivos políticos que el barco racista atraque en sus puertos

No son bienvenidos en Catalunya. El barco de la extrema derecha que durante este verano ha patrullado el Mediterráneo central para boicotear las labores de rescate de refugiados e inmigrantes por parte de las ONG ha sido vetado en todos los puertos catalanes.

La embarcación fue alquilada el pasado julio por el movimiento ultraderechista Defend Europe, bajo el paraguas del colectivo neonazi paneuropeo Generación Identitaria, después de recaudar más de 100.000 euros en donaciones a través de internet.

El domingo por la tarde, el barco se acercó a las costas catalanas, una vez que ha dado por finalizada su misión en el Mediterráneo: hostigar a las ONG, vincularlas con los traficantes de personas y desplegar pancartas xenófobas con las que recorría la zona de rescate próxima a las aguas libias.

"Las acciones de
este barco chocan
con la política de Derechos Humanos
de la Generalitat"

El buque, llamado C-Star, solicitó el domingo permiso para atracar en el puerto de Palamós (Girona), pero la Generalitat, titular de este recinto, se lo denegó alegando falta de documentación en regla. El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Ricard Font, ha reconocido este lunes que tampoco le hubieran permitido atracar si sus papeles hubieran estado al día, ya que el veto también se debió a motivos políticos. "Las acciones de este barco chocan frontalmente con la política de Derechos Humanos de la Generalitat", han declarado a Público desde el departamento dirigido por Font, que insiste en que tampoco contaba con los permisos necesarios para acceder a los puertos. Sólo se le permitiría la entrada, apunta, en caso de emergencia.

El barco racista no ha sido visto con buenos ojos en ningún país del Mediterráneo. Francia e Italia también le han prohibido la entrada durante su misión xenófoba. Incluso el Gobierno de Malta vetó que atracaran en sus puertos hasta que tuvo que levantar la prohibición debido a cuestiones humanitarias, ya que la tripulación necesitaba comprar agua. 

Al mismo tiempo, el conseller de Territorio y Sonstenibilidad, Josep Rull, ha ordenado a todos los puertos de la Generalitat que le denieguen el permiso para atracar. En un tuit, el conseller Rull ha informado de que también ha dado instrucciones a los presidentes de los puertos de Barcelona y Tarragona, que son de titularidad estatal pero tienen autonomía de gestión y su presidente es escogido por la Generalitat, "para que tampoco pueda atracar".

La decisión ha sido aplaudida por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en su cuenta de Twitter la calificaba de "necesaria y coherente".

Fuentes de Ports de la Generalitat han confirmado que a este barco "no se le permitirá entrar en ningún puerto gestionado por la Generalitat", mientras que fuente del departamento de Infraestructuras y Movilidad afirman que la embarcación está fondeada ahora a dos millas de la costa catalana.

Se desconoce si queda algún miembro del colectivo Generación Identitaria a bordo del barco, ya que su misión terminó oficialmente a finales de agosto.

El C-Star es un barco de 40 metros de eslora, construido en 1975 y con bandera de Mongolia, un país sin acceso al mar. Sin embargo, la embarcación fue alquilada en la República de Yibuti, es un pequeño país ubicado en el Cuerno de África. Su tribulación es originaria de Sri Lanka y ya tuvo problemas para cruzar el canal de Suez al inicio de su misión, también por falta de documentación en regla.

La nave tuvo en agosto un problema técnico y fue precisamente la ONG Sea-Eye, una de las señaladas por Defend Europe como "amiga de los traficantes", la que se dirigió a prestarle asistencia. El C-Star se negó, según afirmó la tripulación en redes sociales.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiadodenunció ante la Fiscalía General del Estado al grupo ultraderechista promotor de esta misión racista. Les acusaba de varios delitos como el de "organización criminal, piratería y abordaje con fines políticos", tipificados en el Código Penal.

El veto de la Generalitat va en la línea del Ministerio del Interior. Tras la denuncia, el ministro Juan Ignacio Zoido afirmó que el Gobierno no iba a "consentir bajo ningún concepto" esta iniciativa en sus aguas, y añadió que velaría "por que ni éste ni cualquier otro movimiento sea capaz de tener la tentación si siquiera de venir a nuestras aguas a hacer este tipo de actos".