La DANA agrava la extrema precariedad: "No se puede actuar a golpe de fenómeno climático, urgen recursos estables"

La DANA que azotó el sureste peninsular —con especial incidencia en València— a finales de octubre ha tenido un impacto incalculable: pérdidas humanas, campos de cultivo arrasados, casas inundadas, infraestructuras y coches destrozados y cientos de recuerdos sepultados bajo el barro. Según la AEMET, se trata de un episodio "extraordinario" de precipitaciones, pero no sería extraño prever incidentes similares con mayor frecuencia y virulencia debido al cambio climático.

Dejando de lado la gestión política global de la situación, hay dos colectivos que sufren con más intensidad las nefastas consecuencias de un temporal de estas características: las personas sin hogar y las familias más vulnerables, que habitualmente viven en zonas más humildes, en viviendas más precarias o, incluso, en situación de infravivienda. Voces silenciadas que, más allá de atravesar dificultades diarias, se enfrentan a una completa desprotección en emergencias como la DANA.

Recursos "insuficientes" para el sinhogarismo, según Arrels

La directora de Arrels Fundació, Beatriz Fernández, explica a Público que, cuando se producen fenómenos meteorológicos extremos o en épocas de mucho frío, el Ayuntamiento de Barcelona, en coordinación con Protección Civil, activa un número de plazas para dormir para las personas que "voluntariamente quieran apuntarse". A raíz de las lluvias vividas en Catalunya el lunes 4 de noviembre, el consistorio barcelonés envió un comunicado de apertura de 100 camas —80 para hombres y 20 para mujeres— en el Centro de Acogida de Emergencias (CAE), un equipamiento situado en el Poblenou, junto al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).

Esta instalación da servicio a personas que han perdido su hogar debido a una situación excepcional como un incendio, una inundación o un derrumbe. Según el Ayuntamiento, también tiene un papel "clave" en emergencias sociales más amplias, pero, según Fernández, "es un recurso muy temporal" que se cierra tan pronto como Protección Civil avisa que la crisis ha terminado. "Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más comunes y las soluciones para la gente vulnerable son insuficientes", añade.

Según el último recuento de Arrels, un total de 1.384 personas vivían en la calle en Barcelona el pasado diciembre, un 12% más que en 2022. Una cifra que, según la directora de la fundación, no deja de "aumentar". De hecho, se trata de la cifra más alta desde que en el año 2008 se empezaron a realizar registros.

En la última Operación Frío en fase de alerta —las temperaturas bajaron hasta los cero grados— que activó el Ayuntamiento entre el 21 y el 26 de enero de 2023, hubo un total de 266 plazas disponibles. 75 plazas del CAE; 93 plazas adicionales en el mismo equipamiento gracias a la instalación de camas en salas polivalentes; 18 plazas exclusivamente para mujeres en el Centro de Estancias Breves (CEB), en la planta superior del mismo CUESB, y 80 plazas en las instalaciones del pasaje Dos de Maig. Según el consistorio, durante las cinco noches que duró esta fase "no se rechazó a nadie por falta de plazas".

Soluciones "estables", no respuestas "a golpe de fenómeno climático"

Uno de los motivos por los que no todas las personas sin hogar acuden a este tipo de equipamientos es porque, directamente, ya no quieren ir. "Algunas llevan mucho tiempo durmiendo en la calle y ya se han hecho su espacio, saben que pueden dormir allí cada día y tienen una mínima red vecinal. Tener que marcharse unos días no les sirve, pueden haber perdido su refugio cuando regresen", argumenta Fernández. Además, "a veces no se aceptan todas las pertenencias o los animales de compañía en el CAE", añade.

Aun así, la directora de Arrels apunta que estos equipamientos temporales no pueden ser la "solución al sinhogarismo" y que la administración no puede actuar "a golpe de fenómeno climático", sino que se necesitan recursos "estables". Desde su punto de vista, la respuesta válida es el derecho a la vivienda: "De hoy para mañana no podemos construir 1.300 pisos, pero en coordinación con el Ayuntamiento y la Generalitat podemos trabajar en la línea de miles de alojamientos estables".

Las familias más vulnerables requieren más atención

Además de las personas sin hogar, las familias con menos recursos económicos también sufren aún más los efectos del cambio climático. Si bien pueden refugiarse un poco mejor del frío —aunque algunas tienen dificultades para pagar la factura de la calefacción—, es más probable que sean víctimas de las inclemencias del tiempo porque sus barrios y edificios están menos cuidados y protegidos.

Por poner solo un ejemplo, según el mapa de las zonas inundables de Catalunya, Sant Adrià del Besòs es uno de los municipios con más riesgo de inundaciones, donde el 86% de sus 37.283 habitantes puede verse potencialmente afectado. Si nos fijamos en los últimos datos del Idescat de 2021, la renta familiar disponible bruta (RFDB) por habitante en esta localidad es de 15.885 euros. En Barcelona, la cifra asciende hasta 21.847 euros. Es evidente que también hay zonas inundables en municipios más ricos, pero tendrán más capacidad de protección o de restauración una vez finalizada la emergencia.

Según Alexandra Gabarró, Responsable de Cooperación Internacional, Derechos Humanos, DIH y Medio Ambiente de la Cruz Roja, "las circunstancias económicas, laborales, familiares o de salud pueden condicionar las posibilidades para enfrentar una inundación, una ola de calor o un episodio de sequía". Según ella, "es necesario prestar más atención a los colectivos que sufren los efectos de la intersección entre los diversos ejes de vulnerabilidad, como son el género, la condición migratoria, la edad o la clase social". Estas personas sufrirán "de manera agravada" el impacto del clima que, si bien afecta a toda la población, "tendrá especial incidencia, tanto a largo como a corto plazo, dificultando su proceso personal de recuperación".

Preguntada por los primeros efectos tras un evento como la DANA, Gabarró explica a Público que "tienen relación con la dificultad de cubrir necesidades básicas": acceso a la alimentación, agua, saneamiento, atención a la salud, apoyo psicosocial, alojamiento... Sin embargo, las consecuencias se extienden a daños materiales producidos en sus viviendas, "generalmente más precarias".

Por su parte, la coordinadora de la Cruz Roja en Catalunya, Anna Sabaté, afirma que "la parte menos visible de la emergencia es la recuperación y reconstrucción de las comunidades después del desastre". Para regresar mínimamente a la normalidad, calcula que se necesitan meses o incluso años de trabajo en algunas zonas.

En este sentido, apunta que, tras una catástrofe, siempre elaboran "un plan de respuesta" donde identifican y temporalizan las necesidades, así como "una cartera de proyectos a desarrollar a medio plazo en la post-emergencia". El objetivo principal durante la crisis es "salvar vidas", pero el trabajo posterior se centra en "continuar atendiendo a las personas afectadas, tanto en el aspecto material como emocional, en el apoyo sostenido a los colectivos que ya eran vulnerables antes del desastre (personas mayores, migrantes, niños), en la promoción del bienestar social y la reactivación comunitaria y, finalmente, en el fortalecimiento de la ciudadanía para responder ante futuras emergencias".