Tres semanas después de ser derrotada en las primarias socialistas, Susana Díaz ha sacudido su Gobierno con un puñado de nuevas políticas sociales, todas de marcado perfil izquierdista, y 24 horas después ha cambiado a los cinco miembros de su gabinete que tendrán que ejecutarlas: Educación, Salud, Empleo (principalmente), Justicia y Agricultura.

La presidenta andaluza ha acometido la esperada crisis de Gobierno que todos le demandaban para poner el contador de la legislatura a cero, aunque al final los cambios no han sido de tanto calado como se pensaba. Mantiene a ocho de sus 13 consejeros (repite la paridad: siete hombres, seis mujeres), pero cambia a los titulares de las carteras que sostienen el Estado de Bienestar, y que son los que han salido más quemados del gabinete (no supieron prever ni lidiar con las mareas y las protestas ciudadanas de los últimos dos años). Díaz necesitaba un equipo nuevo, fresco y enérgico para encarar los dos años que faltan para las elecciones autonómicas, un tramo que se antoja difícil porque la sevillana ha quedado muy debilitada tras perder el liderazgo del PSOE ante Pedro Sánchez, y porque de esa contienda ha salido estigmatizada como una política “derechizada”.

Se esperaba un cambio revolucionario, pero la presidenta ha optado por una prudencia conservadora, eligiendo perfiles más profesionales que políticos, y ningún fichaje estrella. A cambio, ha pedido nombres a los sindicatos UGT y CCOO y ha consultado con profesionales y expertos del mundo de la Salud, la Educación y el Trabajo para “contar con gente que ha trabajado sobre el terreno”. Precisamente lo que se le ha reprochado a su anterior gabinete es una desconexión imperdonable con la calle, germen de esas protestas ciudadanas que han cogido por sorpresa a la Junta e impactado contra su línea de flotación: las políticas socialdemócratas.

“Tampoco tenía sentido alterar todo el Consejo de Gobierno, porque habría sido como hacerse una enmienda a la totalidad y dar la razón a la oposición de que no se hacía nada”, dice un consejero saliente. Díaz no ha tocado a la cúpula de su Ejecutivo. A la cabeza siguen sus tres miembros de referencia, el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, que es el enlace directo con sus socios de Ciudadanos, y cuya sintonía con el portavoz del partido naranja, Juan Marín, es conocida; le sigue en el organigrama el consejero de Economía, el exrector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que bate récord en veteranía (empezó como consejera con Manuel Chaves en 2004).

Se especuló con la entrada de su hombre de confianza en la Gestora del PSOE, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, que al final ha quedado al margen en previsión de ocupar un puesto de mayor relevancia en la próxima ejecutiva regional.

También repiten la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, muy querida por el sector de servicios sociales y muy significada políticamente durante las primarias a favor de Susana Díaz; el de Turismo, Javier Fernández, el de Medio Ambiente, José Fiscal, el de Fomento, Felipe López y la exdirigente de IU, Rosa Aguilar, que cambia de cartera: deja Cultura para hacerse cargo de Justicia. Finalmente la crisis sanitaria vivida en Granada, que sacó a 50.000 personas a la calle y luego se extendió a Huelva, ha terminado por decapitar la cabeza política del consejero de Salud, Aquilino Alonso. Con su marcha, cae la cúpula del departamento al completo, porque las protestas ya se llevaron por delante a su número dos y al gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Le sustituye Marina Álvarez, directora gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba, muy reconocida por el personal sanitario.

Para sus nuevos fichajes, Díaz ha consultado con sindicatos del sector y profesionales del gremio al que van a representar. Así también ha elegido a la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, veterana representante sindical en la federación de enseñanza de UGT. Su último puesto era secretaria de Política Institucional en la ejecutiva de la líder del sindicato, Carmen Castilla, que es quien se la ha recomendado a la presidenta. También sale escaldado el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, achicharrado por la gestión de las irregularidades de ayudas para los cursos de formación a parados. 48 horas antes comparecía tras el Consejo de Gobierno presentando un nuevo plan de ayudas para reactivar la industria. Le sustituye Javier Carnero, que hasta ahora trabajaba en Turismo. Los otros dos consejeros salientes son el de Justicia, el fiscal Emilio de Llera, muy quemado por la gestión de los ERE, reprobado por todo el Parlamento por su actitud lenguaraz, y agotado físicamente; y la titular de Agricultura, Carmen Ortiz, con un perfil bajísimo incluso para los suyos, que será relevado por el diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro, que fue portavoz de su grupo en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude de la formación.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante una visita al Centro de Defensa Forestal de Madroñalejo en Aznalcóllar (Sevilla). - EFE

Gobierno vía Twitter

El Consejo de Gobierno también cambia de rostro y voz. Ahora la imagen institucional será la del veterano periodista sevillano Juan Carlos Blanco, exdirector de El Correo de Andalucía, decano de la prensa de Sevilla. Sustituye en el puesto a otro periodista experto, Miguel Ángel Vázquez, que también pasó por El Correo, fue secretario de comunicación del PSOE andaluz y finalmente entra en el Gobierno para hacerse cargo de Cultura.

Susana Díaz ha remodelado su gabinete siguiendo los pasos habituales: primero reunió al mediodía a los líderes provinciales para trasladarles su intención de ejecutar la crisis de Gobierno, prometiéndoles que respetaría las cuotas territoriales, esa norma no escrita en el PSOE que obliga a elegir al menos a un consejero de cada provincia. El gabinete en pleno se encontraba en el Parlamento, caras grises algunos, sonrientes otros, aunque a media tarde no todos conocían su destino. Díaz se fue apresurada a San Telmo y empezó la ronda de llamadas, uno a uno, entre las siete y pasadas las diez de la noche, dándole la vuelta al Consejo de Gobierno como un calcetín. La Junta no filtró nombres: se publicaron cerca de las 23.00 horas a través de Twitter, algo inédito hasta ahora.

La oposición en bloque había exigido esta crisis de Gobierno. Llevaba meses denunciando que el gabinete de Díaz estaba agotado, sin ideas, y que los Consejos de Gobierno de los martes eran un solar vacío, con apenas agenda política de peso. Incluso sus socios en Ciudadanos habían reclamado un cambio de caras en aquellas áreas más contestadas por la ciudadanía: Empleo, Educación, Salud y Justicia. En el debate de política general del miércoles, Díaz puso el acento en las tres primeras, presentó una batería de políticas sociales hace 24 horas en el Parlamento para trazar un nuevo rumbo político más izquierdista: matrículas gratuitas para los universitarios que aprobasen a la primera sus asignaturas; una renta mínima de inserción para las personas con ingresos inferiores a 415 euros al mes; ampliación de la plantilla docente…

Mientras la presidenta estaba enfrascada en la lucha interna por el control del PSOE, su Gobierno ha bajado la guardia y los consejeros, sorprendidos, han visto cómo emergían protestas masivas en sanidad, educación, bienestar social… justo las áreas de las que más se enorgullecen los socialistas andaluces. La Junta ha perdido el pulso de la calle, la presidenta ha perdido su imbatibilidad ante su propia militancia, y ahora ha ejecutado esta crisis de Gobierno para superar el mayor momento de debilidad política de su carrera. Está en juego, además, la continuidad del PSOE en la Junta de Andalucía, tras casi 40 años ininterrumpidos en el poder.

Susana Díaz constituyó su anterior gabinete el 17 de junio de 2015. Entonces amplió de 11 a 13 el número de consejerías, porque pensó que sus socios en Ciudadanos podrían reclamarle alguna cartera a lo largo del mandato. No fue así, pero la sevillana ha preferido mantener la misma estructura de Gobierno. Ahora ha hecho menos cambios que entonces, cuando incluyó ocho nombres nuevos, dos de ellos independientes -los rectores Ramírez de Arellano y Adelaida de la Calle, la última damnificada, que deja el área de Educación.