Sumar y el PSOE pactan reformar el delito de injurias a todas las "instituciones del Estado" y la ley mordaza

El PSOE y Sumar han cerrado este martes un acuerdo para aprobar el Plan de Acción Democrática que posteriormente presentaron en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Finalmente, tras intensas conversaciones en las últimas horas, el texto incluye la reforma de los denominados delitos de opinión y de algunos aspectos de la ley mordaza.

Los de Yolanda Díaz han insistido sobremanera en la necesidad de despenalizar los delitos de injurias a las instituciones, entre los que se incluyen los referidos a la Corona. Finalmente, el texto, al que ha tenido acceso Público, no incluye expresamente la palabra "Corona", pero recoge una fórmula que, explican fuentes de la negociación, apela a la Casa Real.

El plan se compromete a "abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal".

El plan apela a jurisprudencia europea contraria a condenas por injurias a la Corona

Estas mismas fuentes explican que hay dos elementos que apelan a la Corona: el término "instituciones del Estado", que englobaría, explican, a todas las instituciones, incluida la Casa Real; y también la jurisprudencia de los tribunales europeos, ya que existen sentencias que se han opuesto a condenas por injurias a la Corona.

Entre la jurisprudencia mencionada se recoge la sentencia del 13 de marzo de 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocida como caso Stern Taulats y Roura Capellera; en esta sentencia el tribunal condenó a España por violar el artículo 10 del Convenio europeo de derechos humanos, que protege la libertad de expresión, por la imposición de una pena de prisión a dos manifestantes que quemaron una foto de los reyes en un acto público en 2007.

Urtasun ha hecho referencia en la rueda de prensa a que el objetivo es "arreglar" los encausamientos de artistas. "Para mí, como ministro de Cultura, es una satisfacción. La ciudadanía no hubiera entendido que no hubiera sido así", ha afirmado. Considera el ministro que este punto "encuentra una gran recepción entre los grupos parlamentarios". 

El plan incluye medidas propuestas por los grupos

El PSOE y Sumar llevaban meses negociando el Plan de Acción Democrática, después de que el presidente del Gobierno anunciase la intención de aprobarlo. Para los de Díaz era fundamental incluir todo lo relativo al blindaje de la libertad de expresión y la despenalización de los delitos de injurias, así como la reforma de la ley mordaza.

Antes del parón estival, los ministros de Presidencia (Félix Bolaños, del PSOE), y de Cultura (Ernest Urtasun, de Sumar), mantuvieron una serie de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso para recabar sus propuestas. Según fuentes de la negociación, algunas medidas esbozadas por estos grupos han sido incluidas en el plan.

En los últimos días, ambos socios del Gobierno se han centrado en cerrar el acuerdo, aunque algunas voces de Sumar trasladaban la semana pasada que los socialistas podrían estar aparcando el asunto debido al protagonismo del debate de Presupuestos Generales del Estado; pero finalmente, el plan ha salido adelante.

"Es un plan ambicioso, que pretende mejorar nuestra democracia y que la transparencia presida la labor del ejecutivo, legislativo y los medios de comunicación. Hacemos mejor nuestra democracia y facilitamos que los medios puedan proporcionar información veraz. Todo ello irá en beneficio de la democracia", ha destacado Bolaños en una valoración general sobre el plan. 

La intención de presentar este plan fue anunciada por Pedro Sánchez tras los cinco días que se tomó de reflexión como consecuencia de las maniobras judiciales y de la ultraderecha contra su esposa, Begoña Gómez. En julio avanzó en el Congreso la mayor parte de las medidas acordadas este martes en el Consejo de Ministros. Ahora queda un trabajo de aterrizar estas propuestas por Ministerios y aprobarse en las Cortes Generales o el propio Gobierno según corresponda.