El líder del PP del País Valencià y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cerraba este jueves un acuerdo con Vox para gobernar la Comunidad en el que cede a la formación ultra una vicepresidencia, tres consejerías –Cultura, Agricultura y Justicia– y se compromete a cumplir un documento de 50 puntos en el que, entre otras cuestiones, desaparece la violencia de género y se reemplaza por el término ultra "violencia intrafamiliar".

El PP retoma así el poder de uno de sus bastiones históricos, una tierra que ha gobernado durante 20 años y que convirtió en uno de los principales estandartes de la corrupción en nuestro país. Este jueves se ponía fin a ese paréntesis que ha supuesto el pacto del Botànic, ocho años en los que el PP cree haber purgado de forma definitiva sus 'pecados' de los años de la corrupción, un festín de billetes, sobornos y "amiguitos del alma".

Una Comunidad esquilmada

Dos décadas de corrupción que, más allá de sus derivadas judiciales, deja una herencia en la Comunidad que dinamita el tópico de que la derecha gestiona mejor. De hecho, su mala gestión ha dejado sepultada una ruina en diferido que, como las minas antipersonas, ha supuesto un lastre para las arcas públicas muchos años hasta el punto de que, en 2018, rondaba los 5.500 millones de euros. 

Entre los años noventa y principios del nuevo milenio, el País Valencià era una fiesta. Y las fiestas, sobra decir, implican gastos. La euforia de aquellos años fue nutriendo un agujero por el que se disiparon los 1.773 millones en sobrecostes en la construcción de colegios, los 1.000 millones despilfarrados en la Feria de València o los 1.300 millones dilapidados en la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

Un historial de pufos

La asepsia de los números nos permite acotar las hechuras de una Comunidad que quedó arrasada. Los datos, por lo general irrefutables, dibujan las dimensiones de lo ocurrido en aquellos años y para muestra un botón: al menos 130 miembros del Partido Popular valenciano, con responsabilidad en el partido o en diversas administraciones, se han visto envueltos en diversas causas judiciales.

Gürtel, Brugal, Terra Mítica, Valmor, Imelsa, Rabassa o Emarsa... el historial corrupto de la política valenciana es interminable y está trufado de pelotazos, sobornos, señores contando fajos de billetes en el interior de un coche y frases que han pasado a la posteridad. La hemeroteca de aquellos años es un auténtico lodazal que alcanzó a todas las instituciones comandadas por el Partido Popular: Generalitat, Corts, Ayuntamiento de València y diputaciones.

"Te quiero un huevo, amiguito del alma"

Esta frase, que corresponde a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011, marca el inicio de la madeja de la corrupción levantina. Se la dedicó a 'El Bigotes', enviado especial de la trama Gürtel a València, y constituye un hito de los tejemanejes y la impunidad que transitaban los pesos pesados de la política valenciana durante aquellos años.

La estrecha relación entre Camps y su "amiguito del alma" quedó acreditada por la Policía mediante grabaciones telefónicas. Aquellas transcripciones de las conversaciones mantenidas entre ambos y divulgadas en su día por el diario El País, supusieron el principio del fin de Camps, acababa de comenzar la romería del otrora todopoderoso presidente valenciano por banquillos y tribunales.

"Dos milions de peles"

Otra línea de guion indispensable para entender lo sucedido la firma Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, en compañía de Alfonso Rus, el que fuera presidente de la Diputació de València. "Tres mil, quatre mil, cinc mil, dos milions de peles", se podía escuchar en un audio difundido en mayo de 2015 por la Ser y que, de nuevo, evidenciaba al gran público lo concurridas que estaban las cloacas valencianas. 

Aquellas grabaciones hicieron que la Fiscalía Anticorrupción situara a Rus en el centro de una trama que cobró comisiones del 3% en cientos de adjudicaciones de organismos públicos, pese a que él ha negado haber cobrado comisiones a cambio de mordidas y se ha descrito a sí mismo como un mero "alcalde que trabajó para su pueblo", y como alguien incapaz de robar. 

"El aeropuerto del abuelo"

En 2011, el presidente de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, lograba el más difícil todavía: inaugurar un aeropuerto sin aviones. "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?", preguntaba Fabra a sus nietos sin atisbo de rubor y ante la presencia de los medios el día de la puesta de largo. Una simple frase que ilustraba a la perfección el poder omnímodo que ejercían ciertos líderes de la Comunidad.

Pero más allá del desatino que puede suponer la construcción de un aeropuerto sin aviones, lo cierto es que no fue eso lo que le llevó a la cárcel, sino los cuatro delitos contra la Hacienda Pública por los que la Audiencia de Castelló condenó al exbarón del Partido Popular a cuatro años de prisión, al pago de una multa de 693.000 euros y al pago de la misma cantidad a Hacienda.

La visita del papa Benedicto y la Fórmula 1

Otro de los capítulos más recordados de aquellos años locos lo protagoniza, de forma indirecta, el papa Benedicto XVI. Y es que su visita a València en 2006 derivó en causa judicial debido a unas supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la Fundación que organizaba tan magno evento.

La causa, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y que contó con diez imputados –entre ellos el propio Camps–, fue archivada en 2020. Sea como fuere, lo cierto es que cada hito para la ciudad de València, quedaba ensombrecido por las cloacas, siempre al acecho de la posible mordida.

Otro ejemplo podría ser el caso de la Fórmula 1, en la que estuvieron el ubicuo Camps y otros ex altos cargos por la construcción del llamado Valencia Street Circuit, otra oportunidad de negocio para los de siempre que quedó archivada pero que la investigación policial puso de manifiesto la existencia de indicios de delitos sobre tres supuestas adjudicaciones amañadas.