Los retrasos y el sucesivo incumplimiento de los plazos para su aprobación son ya una característica intrínseca y definitoria de la ley de vivienda. Esta norma se ha convertido en una eterna promesa del Gobierno de coalición y es, sin duda, la que más está tardando en ver la luz; con diferencia.

El primer plazo para aprobar esta ley emana de un pacto presupuestario firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en octubre de 2020 (su contenido esencial ya se había fijado en el acuerdo de coalición entre ambas formaciones, e incluía la regulación de los alquileres). En ese momento se estableció que se llevaría al Consejo de Ministros antes de que finalizara el mes de enero de 2021.

En pocas semanas, la norma cumplirá el aniversario del primero de una serie de incumplimientos que han provocado que a día de hoy ni siquiera haya terminado de aprobarse en el Consejo de Ministros. El texto ya fue presentado y publicado a finales del pasado año, pero solo en primera lectura, por lo que su aprobación no es definitiva y no puede remitirse a las Cortes para su tramitación.

Aunque el objetivo del Gobierno era el de aprobar la ley de vivienda de manera definitiva en el Consejo de Ministros de este martes, el rechazo del Consejo General del Poder Judicial al texto y su decisión de cambiar a los ponentes y de no emitir un nuevo informe sobre la misma hasta el 27 de enero forzarán que la norma no se apruebe hasta febrero (a menos que el Ejecutivo celebre un Consejo extraordinario el viernes 29 para aprobarla; algo que parece poco probable).

El del CGPJ se trata del enésimo retraso de una ley cuyo periodo de aprobación ha sobrevivido a dos ministros de Transportes (el departamento competente en la materia) y a la salida del Gobierno del vicepresidente que la firmó: Pablo Iglesias. Incluso la principal coproponente de la norma, Ione Belarra, ha cambiado de cargos hasta en tres ocasiones desde que empezó a negociar el texto con Transportes (de secretaria de Estado pasó a ser ministra de Derechos Sociales y, posteriormente, secretaria general de Podemos).

El primer incumplimiento se produjo en enero de 2020 cuando, tras finalizar el mes, Ábalos asumió que la norma no estaría lista en el plazo comprometido. Los equipos técnicos de Transportes y de Derechos Sociales (la negociación la encabezaba entonces la secretaria de Estado de Agenda 2030, Belarra) se habían reunido en varias ocasiones constatando que había una gran discrepancia en materia de regulación de alquileres.

Incentivos fiscales o intervención de los precios

Transportes avanzó que el nuevo plazo fijado era febrero, y se comprometió incluso a tener la norma tramitada y aprobada (también en las Cortes) antes de que acabara el verano de 2021. Sin embargo, las negociaciones se paralizaron debido a la convocatoria de las elecciones catalanas (que se celebraron el 14 de ese mes) y el PSOE le trasladó a Unidas Podemos que el asunto no se volvería a abordar hasta que pasaran los comicios.

Después de la cita de los catalanes con las urnas, la negociación se retomó, pero pronto sufrió un revés que provocó un nuevo retraso. El Departamento dirigido por Ábalos propuso que la "regulación de los alquileres" comprometida en el acuerdo de coalición se hiciera a través de incentivos fiscales; aquellos propietarios que bajaran voluntariamente las mensualidades a los inquilinos recibirían a cambio bonificaciones en determinados impuestos.

La propuesta indignó a Unidas Podemos, que abrió una brecha en las negociaciones y acusó al PSOE de querer incumplir el acuerdo de coalición. El asunto de la regulación de los alquileres y los incentivos fiscales terminó marcando la negociación hasta que finalmente se alcanzó un acuerdo, en octubre de 2021.

Tras no lograr acercar posiciones entre marzo y abril, de nuevo unas elecciones paralizaron las conversaciones entre Transportes y Derechos Sociales: las de la Comunidad de Madrid. No fue hasta la segunda semana de mayo cuando ambos ministerios volvieron a reunirse para abordar la redacción de la ley de vivienda.

En junio tampoco se alcanzó un acuerdo y en julio las negociaciones se vieron de nuevo interrumpidas por una crisis de Gobierno que se llevó por delante, nada más y nada menos, que al ministro competente en la materia, el socialista José Luis Ábalos. Su sucesora, Raquel Sánchez, envió un mensaje en el acto de traspaso de cartera que parecía dirigido a Unidas Podemos, un mensaje en el que apuntaba hacia la regulación de los alquileres como herramienta para bajar los precios.

El acuerdo se cierra en una hora tras 9 meses de retrasos

Sin embargo, a pesar de que hubo reuniones y conversaciones en los meses de verano, tampoco se alcanzó un acuerdo; el PSOE siguió insistiendo en los incentivos fiscales y Unidas Podemos rechazó salirse de la intervención directa y de fijar precios máximos en los alquileres.

En septiembre del pasado año se abrió la negociación en el seno del Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos de 2022. El espacio confederal vio esto como una oportunidad y dio un ultimátum a los socialistas: no habría cuentas del Estado sin una reforma del Impuesto de Sociedades para establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y sin una ley de Vivienda que incluyera la regulación de los alquileres.

La resolución llegó a principios de octubre. Pedro Sánchez citó a cuatro ministros en La Moncloa (la vicepresidenta Yolanda Díaz; el ministro de la Presidencia Félix Bolaños; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; y la de Hacienda, María Jesús Montero) y en una hora se cerró el acuerdo que llevaba nueve meses resistiéndose (un acuerdo que incluía la fórmula de los beneficios fiscales para los pequeños propietarios y la intervención directa de los precios para los denominados grandes tenedores de vivienda).

Tras llevarse al Consejo de Ministros en primera lectura a finales de octubre, Unidas Podemos acusó al PSOE de no remitir el texto al CGPJ hasta diciembre, una decisión que provocó un nuevo retraso. A día de hoy, es poco probable que la norma esté lista en poco tiempo, ya que tras su aprobación en el Consejo de Ministros debe remitirse al Congreso para su tramitación parlamentaria, un proceso en el que se abrirán unas nuevas negociaciones con los partidos del bloque de la investidura y con las asociaciones por la defensa del derecho a la vivienda.

Unidas Podemos ha avisado que no aceptará "ningún cambio" sobre lo pactado en la Ley de Vivienda, sea como sea el informe definitivo del CGPJ, que se prevé que sea negativo contra el texto acordado entre por socios del Gobierno de coalición. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha adelantado que se tendrá en cuenta el informe definitivo del órgano de gobierno de los jueces "para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen". Pero desde la formación morada se ha advertido de que estarán "vigilantes" para "garantizar" que se respete el texto "íntegro" aprobado en primera vuelta en Consejo de Ministros.