El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, instó este miércoles a los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso  a abordar el "problema" que suponen las asociaciones judiciales, a las que echó "la culpa de la politización" de la Justicia ya que representan "opciones ideológicas que se identifican con partidos políticos por los ciudadanos" y ello afecta negativamente a la percepción de la administración de justicia.

 "Ganaría la independencia en nuestro país si hubiera solo una asociación judicial", apostilló el también presidente del Tribunal Supremo en referencia a la existencia de las cuatro asociaciones Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y Francisco de Vitoria (FdV).

Lesmes trajo a colación que en los países de nuestro entorno existe una única asociación profesional de jueces excepto en Francia, donde estos profesionales pueden sindicarse.

En su comparecencia anual ante el Congreso de los Diputados, Carlos Lesmes fue preguntado por Ciudadanos, ERC y Podemos por la investigación secreta al magistrado Manuel Ruiz de Lara, ocultada durante un año al afectado y revelada por Público.

Ruiz de Lara es portavoz de la incómoda Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que integra a juristas de distintas especialidades y que ha cuestionado algunos nombramientos del CGPJ por arbitrarios. El juez es investigado por la organización de unos debates entre universitarios que ha impulsado y pagado en parte de su bolsillo.

El presidente del CGPJ, del que depende la facultad disciplinaria de los jueces, eludió responder a las preguntas sobre el caso Ruiz de Lara que realizaron la diputada Ester Capella, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el representante de Ciudadanos, José Ignacio Prendes, y el portavoz de Podemos, Jaume Moya.

El portavoz de Podemos, calificó de “opaca” las acciones disciplinarias del CGPJ sobre los jueces, “especialmente por actuaciones secretas” como la investigación sobre Ruiz de Lara, “y además, con una técnica deficiente puesto que también se puede constatar de forma objetiva unos altos índices de asuntos caducados”.

“A mí no me gustaría ser partícipe en la comisión de una falta disciplinaria por parte de un magistrado. Porque el magistrado Ruiz de Lara pidió ayuda a la Mesa de esta Cámara, cuando yo formaba parte de ella, en la anterior Legislatura, para organizar la final de esa liga de debates universitarios en el Congreso de los Diputados. Y cuando le dimos la autorización, nunca pensé yo, formando parte de aquella Mesa, que estaba contribuyendo a la comisión de una falta disciplinaria”, destacó, incisivo, el portavoz de Ciudadanos mientras recordó que dicha actividad le pareció “saludable” y “loable” y que las iniciativas altruistas y no remuneradas de los magistrados no pueden ser falta disciplinaria.

La discriminación de Àngels Vivas

Ester Capella también preguntó por el caso de Àngels Vivas, la magistrada que no fue elegida presidenta de la Audiencia de Barcelona y quien fue firmante del ‘Manifiesto de los 33’ jueces que apoyaron la legalidad de una consulta soberanista en Catalunya.

Lesmes replicó que la razón por la cual el CGPJ no la eligió, sino que optó por Antonio Recio –situado a más de 1.200 puestos en el escalafón por debajo de Vivas- se debió a que él era especialista en derecho civil catalán, cuyos casos han crecido en dicho órgano jurisdiccional.

En su versión, fue la magistrada la que introdujo los motivos de discriminación ideológica en el recurso al Supremo pero esto no estuvo presente en la deliberación del CGPJ, al igual que la discriminación de género que tampoco se tuvo en cuenta en la decisión.

Sin embargo, la sentencia del Supremo sobre esta magistrada justifica que el CGPJ tomara nota del "dato" de que Vivas había firmado el Manifiesto proconsulta soberanista a la hora de descartarla.

Órgano presidencialista

Jaume Moya, de En Comú Podem, también denunció que la reforma del CGPJ ha desembocado en un órgano "excesivamente presidencialista", bajo control de Lesmes que deja las cuestiones más relevantes para la Comisión Permanente, en la que están los únicos 7 vocales con dedicación exclusiva a este órgano.

Frente a ello, Lesmes aseguró que todas las decisiones importantes se adoptan por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, como son los nombramientos y otros acuerdos que son además las que "justifican constitucionalmente" la existencia de la institución.

Sobre las críticas a los nombramientos realizados de la cúpula judicial –entre ellos, los presidentes de Audiencias, de Tribunales Superiores de Justicia y magistrados del Supremo-, Lesmes aseguró que se elige "a los mejores". Poner en cuestión por ello a los magistrados del Tribunal Supremo "es una ofensa" a su independencia, que para él está totalmente asegurada.

A preguntas del portavoz socialista Juan Carlos Campo, Lesmes se refirió al descenso en la litigiosidad experimentado en los juzgados españoles a lo largo de 2016, sobre el que ha puntualizado que ha sido de entre un 2 y un 4% quitando el impacto que en el descenso del número de causas en España han tenido reformas como la que supuso la supresión de las faltas.

En cuanto a la lentitud de la Justicia, Lesmes señaló que en los últimos años España se ha ido acercando a la media del tiempo de resolución de recursos del resto de países de Europa. Hace diez años nuestro país doblaba el tiempo de media de sus países vecinos.

El registro civil, para los letrados

Durante las casi seis horas de comparecencia –terminó sobre las once de la noche-, Lesmes reveló que previsiblemente serán los letrados de la administración de justicia -los antiguos secretarios judiciales- los encargados de gestionar los registros civiles una vez se aplique la ley que exonera de esta labor a los jueces.

Asi se lo había asegurado el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien preguntó sobre este asunto en concreto durante la toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Los jueces destinados actualmente en registros civiles pasarán a realizar labores jurisdiccionales. A su juicio, el trabajo en los registros pueden asumirla perfectamente otros colectivos profesionales.