Hay candidatos a las elecciones del 28 de abril repartidos entre el banquillo y la zona reservada a las acusaciones en el juicio al procés; distintos partidos de la derecha política se empeñan en aludir a la situación en Catalunya como mantra electoral, y el presidente del propio Tribunal Supremo destacaba hace meses que, antes de unos comicios, en las instancias judiciales habitualmente ha regido el “criterio de prudencia”. Con todo, la Sala Tercera del Supremo mantiene su hoja de ruta, y no contempla interrumpir el juicio durante la campaña electoral.

De hecho, el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena hizo pública a finales de marzo la lista con todos los testigos citados en el mes de abril, con el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), y varios diputados y senadores de su partido llamados a declarar en la misma semana que desembocará en el domingo electoral -Aragonés lo hará el martes 23-.

Sólo este mes, el Supremo ha llamado a comparecer a más de 180 testigos, de los que más de 90 declararán en pleno periodo de campaña, esto es, desde el próximo jueves. La única excepción se dará el jueves 19, cuando no habrá sesiones por ser festivo, y por eso se habilitará el lunes de esa semana 15 de abril. Habitualmente sólo hay sesiones de martes a jueves, pero el tribunal no quiere perder un día.

El viernes se cumplen dos meses desde que arrancó el juicio, y es evidente que no podrá concluir en los tiempos que manejaba en febrero el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. En un encuentro informal con periodistas, Lesmes recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) no contempla la coincidencia con un periodo electoral como causa de suspensión de un juicio, si bien también destacó que habitualmente ha regido el “criterio de prudencia”, aunque en cualquier caso la decisión correspondería a la Sala.

Teniendo en cuenta que apenas han desfilado ante el tribunal cerca de 140 de los más de 500 testigos citados, y que aún faltaría abordar las fases de prueba pericial y documental, y las conclusiones de las partes, el tiempo apremia. Las defensas dan por hecho que no concluirá antes de junio o julio: el tiempo y el derecho de los acusados a un proceso sin dilaciones indebidas es el argumento de fondo para el Alto Tribunal. A las elecciones generales, además, le siguen las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, que previsiblemente tampoco llevarán a la suspensión del juicio.

El precedente inmediato está en la actuación de la Audiencia de Sevilla, que mantuvo un criterio similar en lo que respecta al juicio a los ERE, visto para sentencia. Pese a su evidente impacto en la esfera política, las sesiones se mantuvieron durante la campaña electoral que desembocó en las elecciones del 2 de diciembre, tras las que el PSOE, salpicado por la trama de corrupción, fue desbancado -pese a ser la fuerza más votada- y PP y Ciudadanos, apoyados por los ultraderechistas de Vox, se hicieron con la Junta.

Catalunya, el arma electoral de la derecha

Quedó claro en las elecciones andaluzas, se está viendo durante toda la precampaña y sin duda seguirá siendo una constante en la campaña al 28-A. La derecha política seguirá apelando a la cuestión catalana en la mayoría de sus intervenciones, consciente de que le sirve para desgastar a la izquierda: los sucesivos llamamientos a volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución como receta única contra el independentismo, o las amenazas sobre la ilegalización de partidos soberanistas son habituales, de forma más o menos clara, en los discursos de PP, Ciudadanos y Vox.

La formación ultra ya se jactaba hace meses de que la causa, en la que está personada como acusación popular -y se ve representada por dos de sus candidatos al 28-A-, es un perfecto altavoz mediático, si bien sus fallos e imprecisiones en el juicio han sido habituales.

Y, a apenas un par de metros de los asientos de Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, letrados y candidatos de Vox, en el banquillo de acusados se sientan los también aspirantes a diputados en el Congreso Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, todos ellos en prisión provisional.

Durante el fin de semana, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que lleva en prisión preventiva desde octubre de 2017 -junto con Sànchez-, remitía una carta a los socios de esta entidad para advertirles del “anticatalanismo visceral” que aprecia en los próximos comicios. Cuixart llamaba a la movilización ante la extrema derecha y ante un PSOE “acomplejado”, sin capacidad de frenarla. De una forma u otra, todos los actores en el juicio aprovecharán la lupa de las elecciones generales en estas semanas.