Jordi Baltà (Amnistia Internacional Catalunya): "El retroceso en derechos que se habían conquistado es alarmante"

Desde el pasado mes de junio, Jordi Baltà (Barcelona, 1976) es el nuevo presidente de Amnistía Internacional en Catalunya, cargo que ya había ocupado entre los años 2011 y 2012. También, con anterioridad, había participado en el grupo local de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, además de coordinar el trabajo sobre el norte de África (2005-2014) y la Comisión Internacional (2012-2016) en los órganos estatales. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Baltà se fija como prioridad mejorar el carácter plural de la entidad y, junto a otras organizaciones, revertir la involución en derechos y libertades que se está produciendo en todo el planeta.

Desde que en 1998 se incorporó a Amnistía Internacional, ¿en qué ha cambiado la entidad?

La razón de ser es la misma. Amnistía se dedica a analizar y denunciar la vulneración de los derechos humanos en todo el mundo, si bien es cierto que las cosas han cambiado bastante. No sólo internamente, donde hemos pasado de una etapa de crecimiento a consolidar la estructura y permitir que los activistas se impliquen en problemáticas que suceden en el propio país. También, si de entrada habíamos hecho hincapié en los derechos civiles y políticos, con los años hemos incluido los derechos económicos, sociales y culturales, conscientes de su relación directa con el desarrollo y la vida pública. Nunca como ahora habíamos hablado tanto de crisis climática ni de pobreza.

¿Esta nueva mirada obliga a repensar la estrategia?

Conlleva la necesidad de establecer alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, a las que podemos aportar lo que nos hace fuertes, que es el conocimiento del derecho internacional, mientras nos impregnamos de otros elementos. Y es que, aunque las campañas siempre se orientan a defender los derechos humanos y advertir del decalaje entre los compromisos adquiridos por los gobiernos y la realidad, el foco ha virado hacia otros fenómenos. Tanto es así que mientras antes todo gravitaba en torno a la denominada guerra contra el terror o la pena de muerte, ahora nos preocupan los efectos que la crisis climática tiene en las migraciones y el acceso a los servicios básicos. De la misma forma que nos preocupa el retroceso que hay en derechos que se habían conquistado.

¿Cuáles destacaría?

Uno de los derechos bajo amenaza es el derecho a la protesta. Así lo advertimos en el último informe, donde detectamos que está comprometido en 21 Estados de Europa, lo que beneficia las vulneraciones que se cometen en Gaza, Ucrania o el norte de África. Las poblaciones no encuentran el apoyo que cabría esperar de los países europeos.

¿La ofensiva reaccionaria global ha acelerado esta involución?

Naturalmente. Esto exige estar siempre dispuestos y advertir que, detrás de los mensajes que difunde la extrema derecha, los colectivos más vulnerables son los más perjudicados. Una dinámica ante la que debemos hacer valer aquellos aspectos que, como el derecho a la protesta, históricamente han facilitado la conquista de otros derechos.

¿Qué otros derechos están en peligro?

Destacaría el derecho al empadronamiento, puesto que es la premisa a partir de la que la población puede acceder a una salud y una educación dignas. De ahí que las alianzas con la sociedad civil sean más intensas y amplias que nunca. Si no, difícilmente saldremos adelante.

En su informe también reclaman medidas efectivas para evitar que las nuevas tecnologías sean una fuente de discriminación. ¿Qué peligro representan?

Ya lo estamos viendo. Algunas redes sociales se alimentan de exacerbar la polarización sin ninguna ley que lo impida. La inteligencia artificial puede agravarlo si se utiliza para regular los flujos migratorios con un claro sesgo discriminatorio. Por lo general, en cuanto a cuestiones legislativas, nos encontramos ante dos tendencias alarmantes.

Por un lado, legislaciones vagas al codificar determinadas cosas –el propio Código Penal español tipifica el terrorismo de forma tan ambigua que ha servido para perseguir conductas relacionadas con el procés–, así como la falta de voluntad de los gobiernos para revisar la legislación que restringe derechos. Por otra parte, el hecho de que los avances en cuestiones como la libertad sexual, la vivienda o la reparación a las víctimas del franquismo, no se traducen en reglamentos que garanticen su aplicación. Nuestra labor consiste en presionar para resolver estos déficits.

¿Es necesario responder a los problemas inmediatos y, al mismo tiempo, fijar una estrategia destinada a que los sistemas de gobernanza sean más justos y democráticos?

Ambas cosas van emparejadas. Debemos hablar de Gaza y Ucrania, sin olvidar la crisis que sufre Sudán y otros conflictos que no aparecen en los medios. En paralelo, debemos exigir que todas las instituciones refuercen su compromiso con la salvaguarda de los derechos humanos. Al fin y al cabo, cuando apoyamos la denuncia que Sudáfrica ha presentado contra Israel por las violaciones que comete en Palestina, estamos diciendo que son necesarias unas cortes internacionales más fuertes. Y lo mismo cuando reclamamos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas funcione correctamente o que, en otras escalas, se vele por el acceso a la vivienda y otros derechos fundamentales. Como decimos con frecuencia, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.

Recientemente, hemos conocido la puesta en libertad de Julian Assange o, en lo que se refiere al conflicto entre el Estado y Catalunya, el retorno de los exiliados investigados en la causa del Tsunami Democràtic. ¿Hay que aprovechar estas victorias para empoderar a la sociedad?

Debemos saber cómo celebrarlas. En el caso del Tsunami, hemos subrayado la injusticia que se estaba produciendo, y ojalá ayude a destapar otros episodios que están fuera de la atención mediática y nos permita avanzar en el camino de la libertad de expresión, que no sólo golpea a los activistas sociales y políticos. Muchos artistas también han sido perseguidos por sus creaciones, cuando la cultura –y así lo venimos reivindicando– es básica para la conquista de derechos y un marco de libertades.

¿Qué otros retos tendrá que encarar Amnistía en esta nueva etapa?

Como entidad internacional, defender el derecho a la protesta y los derechos de las mujeres y los niños. Y, en Catalunya, convertirse en una actor cada vez más inclusivo y diverso, que explore nuevas formas de activismo y, mediante la alianza con otros espacios de movilización, incidir en entornos donde hasta ahora no actuábamos. Esto significa fomentar la lucha por los derechos humanos en la educación no formal, la cultura popular, el deporte de base y otros ámbitos de la sociedad.