La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido hoy a flexibilizar las condiciones para que los ayuntamientos y comunidades autónomas en superávit puedan invertir estos fondos, ahora limitados por el "encorsetamiento" de la regla de gasto.

En declaraciones a los medios después de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), Montero ha puntualizado que esta iniciativa se emprenderá una vez que las Cortes hayan dado el visto bueno a la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021 que se aprueba mañana.

El objetivo, ha explicado, es ampliar el porcentaje de superávit que se puede dedicar a inversiones financieramente sostenibles más allá de la regla de gasto -que impide aumentar el gasto más de un determinado porcentaje-, así como "modificar el concepto" de estas inversiones, lo que permitirá desarrollar proyectos que ahora no son posibles. En definitiva, "incorporar preocupaciones que existen" en los municipios, según Montero.

Montero ha añadido que pretende convocar este mes la comisión encargada de estudiar la modificación de la regla de gasto para analizar "con más detalle" los elementos que se pueden incorporar.

La ministra ha avanzado que el Gobierno apoyará la tramitación de la ley que regula el impuesto de la plusvalía -después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no se pueden gravar con este tributo las ventas a pérdidas-, que fue el resultado de un acuerdo del anterior Ejecutivo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También ha planteado la necesidad de trabajar para que la ejecución de los fondos europeos en los municipios no "compita" con el resto de recursos amparados bajo la regla de gasto.

Montero ha explicado que el encuentro de hoy también ha servido para "tomar nota" de las aspiraciones de las administraciones locales, con el objetivo de que tengan el protagonismo "que merecen", al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de este subsector a la corrección del déficit público.

También la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha mostrado su voluntad de situar las corporaciones locales "en el centro de la política". En ese sentido, se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo para evaluar una posible ampliación de sus competencias, lo que se plasmaría en un proyecto de ley.

También se ha abordado la creación de otro grupo de trabajo para afrontar el reto demográfico, y en el que tienen que participar entidades locales y comunidades autónomas, que son quienes conocen la realidad de sus municipios y los problemas como la despoblación o el envejecimiento.