La investigación del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia llevada a cabo contra Podemos por parte del Gobierno presidido por Mariano Rajoy sigue sacando a la luz trapos sucios de las cloacas del Estado. El juez tiene en su poder un informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso Público y que ha adelantado El País, que detalla el espionaje ilegal al que fueron sometidos a principios del año 2016 los 69 diputados de Podemos y sus partidos aliados que fueron elegidos en las elecciones de diciembre de 2015.

Las pruebas documentales acreditan que agentes de esa Brigada política, coordinados por Enrique García Castaño, el entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, hicieron centenares de consultas en bases de datos policiales del Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, buscando cualquier apunte que pudiera perjudicar o incriminar a los representantes de Podemos.

Estas consultas se realizaron sin ninguna autorización judicial e incluían bases de datos policiales como ARGOS o SIDENPOL, un fichero policial con datos personales de cualquier ciudadano, aunque no tenga antecedentes policiales ni haya sido investigado nunca.

La orden de bucear en las diferentes bases de datos en busca de antecedentes que perjudicaran a los espiados partió de la cúpula del Ministerio del Interior. Fue el entonces número 2 del departamento, Francisco Martínez, a la sazón secretario de Estado de Seguridad, quien habló con García Castaño para coordinar la operación de espionaje ilegal.

En una conversación por whatsapp el 30 de enero de 2016, Martínez presionó al comisario García Castaño para que encontrara cualquier información negativa sobre los miembros de Podemos. "Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?", pregunta Martínez; el comisario Enrique García Castaño le contesta que "nada"; "Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo", insiste Martínez, quien poco después insta a García Castaño a "mirar con ojos atentos". Por aquellas fechas se especulaba mucho en la prensa sobre una posible coalición entre el PSOE y Podemos para formar Gobierno.

Este chat de whatsapp fue incautado del teléfono móvil de Francisco Martínez durante la operación Kitchen. Además, el propio García Castaño ya reconoció en su día ante el juez que había proporcionado a Martínez información sobre Luis Bárcenas, el extesorero del PP.

El listado de diputados sobre los que se realizaron consultas, indica que, al menos, 55 diputados electos en las elecciones generales de diciembre de 2015 y de 2016 y que pertenecían a Podemos, En Comú Podem, En Marea y Compromís -o a la coalición que formaron- fueron objeto de búsqueda en esas bases de la Policía Nacional.

Según el informe remitido al juez Pedraz, fueron 122 las veces en las que desde diversos servicios policiales, incluida la Dirección Adjunta Operativa, la cúpula de la Policía Nacional, se buscó información sobre Pablo Iglesias en las diversas bases policiales. En el caso de Irene Montero fueron 29 las consultas realizadas y 17 en el caso de Victoria Rosell.

También aparecen nombres como el del portavoz de Sumar en el Congreso y fundador de Podemos, Iñigo Errejón, el que fuera diputado por Compromís Joan Baldoví, la exdiputada Carolina Bescansa o el actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Fuentes de Podemos han comentado a Público que el informe conocido este miércoles "es una muestra más de la cacería política, policial, judicial y mediática del PP para intentar acabar con su principal adversario político e impedir un cambio de Gobierno".

"La intensidad de la operación, con centenares de búsquedas de información en bases policiales, demuestra que acabar con Podemos fue uno de los principales objetivos del Gobierno de Mariano Rajoy. Y, aunque no lo consiguieron, la guerra sucia, que continuó con otras operaciones y casos como Neurona, ha producido un importante desgaste a la formación", insisten esas mismas fuentes.

También Joan Baldoví, actualmente diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, y entonces diputado en el Congreso, ha reaccionado con dureza: Acabo de leer en la prensa que durante 2016 fui espiado por el Ministerio de Interior del Partido Popular. En 15 ocasiones entraron a la base de datos de la policía buscando mi nombre, buscando algo que poder echarme en cara. Igual que a otros diputados, igual que ya han sufrido otros políticos en otras ocasiones. Una práctica prohibida. Ilegal. Y profundamente antidemocrática".

El juez Pedraz admitió el pasado mes de febrero parcialmente la querella que interpuso Podemos contra altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy por las investigaciones irregulares y el uso de las cloacas del Estado contra el partido morado.