Gobierno y PP se acercan al acuerdo para reformar la ley de extranjería con la crisis de Canarias como trasfondo
Tanto el Gobierno como la oposición se han conjurado para no airear sus conversaciones, aunque todos coinciden en trasladar que van por buen camino.
Madrid--Actualizado a
Apenas 48 horas después del naufragio en la costa de El Hierro de un cayuco con 84 personas, de las que solo se rescataron con vida 27, dos ministros del Gobierno, Sira Rego (Infancia y Juventud) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial), el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, se reunían este lunes en la Casa de Canarias de Madrid para avanzar en el acuerdo para la reforma de la ley de extranjería y la reubicación entre territorios de los menores migrantes no acompañados.
Así lo adelantó el diario canario La Provincia y lo fueron confirmando todas las partes durante la jornada del martes. El encuentro, igual que sucedió con la última reunión en el mes de agosto, no había sido anunciado de manera pública y se celebró en el más absoluto secretismo. En las negociaciones políticas se acostumbra a decir que la discreción es síntoma avances y así está siendo.
Tanto el Gobierno como la oposición se han conjurado para no airear sus conversaciones, aunque todos coinciden en trasladar que van por buen camino. Fuentes gubernamentales consultadas por Público no apuntan a que el acuerdo sea inminente, pero sí destacan que hay "avances" y que el mero hecho de estar sentados en una mesa es algo positivo. Se están produciendo intercambios intensos de documentos y hay una conexión diaria entre todas las partes, según señalan las mismas fuentes.
"Fase técnica"
Por su parte, en el PP aseguran que, una vez asentada su voluntad política de reformar la ley de extranjería en lo relativo a la reubicación de los menores migrantes no acompañados, las conversaciones han entrado en la fase "técnica".
Según fuentes populares, el ministro Torres vio con buenos ojos la propuesta que Clavijo llevó a la mesa de negociación a tres bandas el 12 de agosto: que las comunidades se hagan cargo de la financiación y gestión de los menores migrantes hasta el 100% de su capacidad; que entre el 100% y el 150% la gestión corresponda a las comunidades, pero la financiación de ese exceso Estado; y que por encima del 150% de esa capacidad de acogida, la gestión de los menores y la financiación la asuma el Estado con sus propios centros de acogida. La cuestión central es cómo determinar la capacidad de acogida de cada territorio. Una idea que está sobre la mesa es tomar como referencia la capacidad de las comunidades en el año 2020, antes de la pandemia.
El PP lleva semanas señalando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable del "bloqueo" de la línea de financiación a las comunidades, una línea roja inamovible por su parte. Además, en aras de que el acuerdo salga adelante, los populares han forzado la entrada de la ministra de Infancia y Juventud en las conversaciones.
"Siempre hemos tenido vocación de negociar, por esto llevamos la propuesta a la conferencia sectorial, por esto propusimos un grupo de trabajo en la conferencia sectorial. Siempre estaremos en una mesa de negociación mientras no se cuestionen los derechos de la infancia", trasladan fuentes del Ministerio de Sira Rego.
Desde Moncloa apelan a la discreción sobre estas reuniones e insisten en pedir "responsabilidad" al PP y que atiendan a las peticiones de las Islas Canarias, sin mencionar que el pasado 10 de septiembre Feijóo y Clavijo escenificaron su unidad firmando un plan migratorio. El documento recoge esa propuesta de reforma de la ley de extranjería y otras medidas para una nueva política migratoria que el Gobierno rechaza.
Con todo, los mimbres para el acuerdo que todos reconocen "necesario" — y para el que el Ejecutivo siempre ha buscado al PP— están. En el horizonte, una fecha significativa. El próximo 11 de octubre se reúnen en Moncloa Pedro Sánchez y Clavijo, en el marco de la ronda de encuentros del presidente del Gobierno con los diferentes presidentes autonómicos. Nadie se atreve a calendarizar el acuerdo, aunque ese escenario podría ser un buen marco para llegar a la cita con los deberes hechos.
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