FranquismoZaragoza lleva al juzgado a siete presuntos torturadores y 18 altos cargos del franquismo

El Ayuntamiento de Zaragoza y 31 familias de víctimas de la represión de los sublevados en la guerra civil, y de la dictadura y los primeros años de la transición, llevarán este jueves al juzgado, mediante una querella, a siete policías sospechosos de haber participado en torturas y a siete gobernadores militares y once civiles de la provincia como presuntos autores de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, asesinato, detención ilegal, torturas y lesiones entre 1936 y 1977.

La querella zaragozana del franquismo, que será presentada telemáticamente ante el Juzgado Decano para que este la turne por reparto al que de Instrucción que le corresponderá investigar los hechos denunciados, se basa en los testimonios de 136 víctimas y de sus familiares recogidos en los últimos siete meses por los letrados de ALAZ (Asociación Libre de Abogados de Zaragoza) en la Oficina de Denuncias habilitada por el consistorio tras aprobar el pleno, a propuesta de Cha, con el apoyo de ZeC, la abstención de PSOE y C’s y la oposición del PP, llevar el asunto a los tribunales.

Zaragoza, integrada en la Red de Ciudades contra la Impunidad  franquista, sigue así la senda iniciada por otras como Barcelona, Durango, Elgeta, Mondragón, Pamplona y Vitoria, que han denunciado ante los juzgados la represión de la guerra y la dictadura y los bombardeos que la población civil padeció durante la contienda.

La querella, redactada por los letrados de ALAZ y asumida por el consistorio, combina la acción popular que ejercerá el ayuntamiento con las acusaciones particulares que mantendrán 31 familias de 36 víctimas por su relación directa con estas.

Policías y gobernadores

La denuncia será presentada oficialmente este mediodía en el ayuntamiento en un acto en el que intervendrán, además del alcalde y algunos concejales, los abogados que han trabajado en el caso, varios denunciantes y familiares de víctimas, representantes de las entidades memorialistas de Aragón y el historiador Herminio Lafoz, autor de varios trabajos sobre esa época y director de la revista “XIX y Veinte”.

La querella señala como presuntos responsables de las torturas a los siete policías de la Brigada Político Social que aparecen en los testimonios recabados, por su supuesta participación directa en los hechos denunciados, así como a siete militares y once civiles que ocuparon el cargo de gobernador en cada una de esas ramas en la provincia de Zaragoza entre 1936 y 1977.

En el caso de los gobernadores, la querella los señala por su ubicación en la cúspide de la cúpula política de la provincia, con el mando en las fuerzas militares y en las de seguridad, así como sobre el resto de la Administración. No obstante, algunos de ellos hayan fallecido, algo que debería determinar la investigación si la querella es admitida a trámite.

Nueve ediles, un alcalde y cinco pedáneos

La denuncia incluye a los concejales, alcaldes y diputados republicanos de Zaragoza, alguno de ellos de partidos de centro-derecha, que fueron asesinados durante la guerra civil, y a los que desde hace casi año y medio homenajea una plaza colocada junto a la fachada principal del consistorio. También reseña el medio centenar de empleados y funcionarios que fueron represaliados.

Entre los cargos públicos cuya muerte o desaparición reclama esclarecer la denuncia se encuentran los alcaldes Manuel Pérez Lizano y Mariano Augusto Muniesa y los concejales Bernardo Aladrén, Antonio Aramendía, Antonio Ruiz García, Genaro Sánchez, Alfonso Sarriá, Casimiro Sarriá, Mariano Serra Valero, Joaquín Uriarte Osés.

El primero de ellos, cuyo cuerpo apareció flotando en el Canal Imperial el 5 de octubre de 1936, era en julio de ese año concejal de Zaragoza y presidente de la gestora de la Diputación Provincial. Militaba en el partido Derecha Liberal Republicana, ajeno al Frente Popular.

A estos se les suman los alcaldes pedáneos de cinco barrios rurales como Pablo Gabasa Ruiz (San Juan de Mozarrifar), Felipe Hernández (Movera), Mariano Lozano Sesma (Casetas), Vicente Martín Muñoz (La Cartuja) y Paulino Navarro (Garrapinillos).

Debate jurídico sobre los delitos

Fuentes de la Fiscalía declinaron adelantar su posición sobre la querella hasta conocer su contenido, si bien algunas de las presentadas en otras ciudades han sido admitidas a trámite.

En este tipo de asuntos, los factores jurídicos clave suelen ser la eventual prescripción de los delitos, algo susceptible de debate al establecer el Código Penal la imprescriptibilidad de los de lesa humanidad y el de genocidio pero tratarse de una novedad introducida en 2015, y la posible aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

No obstante, los redactores de la querella sostienen que se trata de “crímenes imprescriptibles” que deben ser esclarecidos, según las recomendaciones de varios organismos de la ONU.

Los testimonios de las 136 víctimas serán incorporados a la querella argentina contra el franquismo que instruye la jueza María Salvini en aquel país latinoamericano.