La conflictividad de la legislatura no dará un respiro al Gobierno ni siquiera en vacaciones. El final del ciclo electoral que tuvo lugar entre febrero y junio (con cuatro elecciones en menos de cinco meses) no le va a permitir coger aire a un Ejecutivo que asiste a la apertura de dos nuevos frentes que amenazan con complicar su hoja de ruta: la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

El de la financiación es un problema estructural en España desde hace décadas, agravado desde 2014, cuando se incumplió el mandato de revisar y actualizar el sistema consensuado cinco años antes, en 2009. Hasta el momento, ni los Gobiernos de Mariano Rajoy ni los de Pedro Sánchez han abordado de manera real esta cuestión, que precisa de un amplio consenso político y territorial en un momento dominado por la crispación y el enfrentamiento.

El "melón" se ha abierto de nuevo (como ocurre cada cierto tiempo) al calor de dos cuestiones. La principal es la exigencia planteada por ERC al PSC, en el marco de la negociación de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, para hacer efectiva la "financiación singular" que recoge el Estatuto de Autonomía de Catalunya para el territorio.

En concreto, los soberanistas piden que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en Catalunya (en la actualidad recauda menos del 10%) a cambio de comprometerse a darle al Gobierno estatal una parte en base a dos conceptos: los servicios que el Estado presta en el territorio (con un coste calculado), y el llamado "mecanismo de equidad interterritorial" (un precepto constitucional que exige la solidaridad económica y financiera entre los territorios para que no se produzcan desequilibrios).

Tras abrirse el Ejecutivo a estudiar esta propuesta (que está amparada por la "financiación singular" recogida en el Estatut), se ha generado un conflicto en varios niveles y ámbitos. Por un lado, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido abrir un debate para una reforma global del sistema.

Reunión del Consejo de Política Fiscal

Hay territorios, como el País Valencià, que sufren una clara infrafinanciación y que llevan años pidiendo una reforma del modelo. En este contexto, los barones del Partido Popular han pedido una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar esta cuestión, y Hacienda ya ha aceptado celebrarla en julio (como suele ser habitual).

Sin embargo, la ministra del ramo, María Jesús Montero, ha advertido de que, mientras persistan las diferencias territoriales que mantienen los territorios del PP entre ellos (por cuestiones como el dumping fiscal de Madrid o la bonificación de tributos como el de sucesiones y donaciones), no será posible un acuerdo.

A mediados de 2021 Hacienda creó un grupo de expertos para que elaborase una propuesta de financiación autonómica sobre la que trabajar. El propio grupo no estuvo exento de tensiones (y dos de los catedráticos que formaban parte del mismo llegaron a dimitir). Más allá de los territorios del PP también se ha generado malestar. 

En el grupo parlamentario de Sumar (un espacio que forma parte del Gobierno de coalición), Compromís y Chunta Aragonesista advirtieron de que, aunque respetaban el desarrollo de la "financiación singular" de Catalunya, sus territorios también precisaban de una reforma del modelo actual. De hecho, avanzaron que podrían retirar su apoyo al Ejecutivo en el tema de la financiación de Catalunya si no se atendían las necesidades de sus comunidades.

Pero este no es el único frente que podría complicar el verano y la legislatura al Ejecutivo. Los de Pedro Sánchez abrirán próximamente la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, tras aparcar la aprobación de unas cuentas para este año a raíz del adelanto electoral en Catalunya. 

Los múltiples frentes de la negociación presupuestaria

En un contexto de clara debilidad parlamentaria del Gobierno, en esta negociación se requerirán múltiples acuerdos en diferentes ámbitos. El primero, en el seno del Ejecutivo, entre el PSOE y un Sumar que está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias la negociación para que se incluyan medidas como una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años, o la permanencia de los impuestos a la banca y a las eléctricas.

El segundo, en un Parlamento en el que harán falta todos y cada uno de los votos de los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez, y cuyo único pegamento a día de hoy es su rechazo a un Ejecutivo de la derecha con la ultraderecha. En este sentido, partidos como el PNV o Junts han condicionado su eventual apoyo a unas cuentas a que no se vuelvan a prorrogar los impuestos a bancos y energéticas (justo lo contrario a lo que exigen fuerzas como Sumar, ERC, EH Bildu o Podemos).

Los Presupuestos, además, también estarían ligados a la financiación autonómica. Fuentes del Gobierno explican que no es casualidad que el debate sobre la financiación de los territorios se haya iniciado a las puertas de que se abra la negociación presupuestaria, ya que las cuentas contienen también un reparto de recursos económicos para las distintas comunidades.

"Hay comunidades del PP que se subieron a la moda de bonificar impuestos como el de sucesiones o el de patrimonio, pero no todas tienen las ventajas con las que cuenta Madrid, por lo que ahora se encuentran con un importante déficit fiscal que quieren cerrar con los recursos que despliegue la administración central en los Presupuestos", explican estas voces.

Antes de iniciar la negociación de los PGE, el Gobierno debe aprobar un nuevo techo de gasto en un contexto en el que las instituciones europeas han pactado el regreso de las reglas fiscales que se suspendieron a raíz de la pandemia. No parece probable que el Ejecutivo vaya a poder tomar aire después del intenso ciclo electoral que ha marcado la primera parte del año.