El empresario Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain, aseguró ante la Audiencia Nacional haber entregado 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Luis Pérez, más conocido como Alvise, para obtener favores futuros y beneficiarse de su influencia en redes sociales como Telegram. Esta entrega de dinero, que según Romillo se realizó el 27 de mayo de 2024, fue parte de una estrategia para financiar la campaña electoral del eurodiputado y promover el entramado financiero de Madeira Invest Club, señalado como una presunta estafa piramidal.

Romillo, investigado como máximo responsable de Madeira Invest Club, declaró ante el magistrado José Luis Calama y ratificó lo expuesto en su denuncia, donde detalla que los fondos provinieron de una de sus empresas, Sentinel. En su relato, afirmó que entregó personalmente el dinero, confirmando posteriormente la recepción con mensajes de agradecimiento por parte de Alvise.

Pese a que el eurodiputado fue citado para declarar voluntariamente el mismo día, su abogado informó que no pudo comparecer debido a compromisos en Bruselas. No obstante, aseguró que Alvise tiene intención de presentarse ante el juez y que propondrá nuevas fechas para ello.

Financiación ilegal y acusaciones cruzadas

La denuncia de Romillo ha generado una pieza separada dentro de la investigación principal sobre la presunta estafa piramidal de Madeira Invest. Según el auto del juez Calama, la promoción realizada por Alvise de las actividades ilícitas del entramado financiero podría convertirlo en cooperador necesario o cómplice en los delitos investigados.

Aunque aún no figura formalmente como imputado, dado su estatus de europarlamentario, que requiere la autorización del Tribunal Supremo y de la Eurocámara, el líder del partido Se acabó la fiesta (SALF) ha optado por recurrir la admisión de la denuncia. A través de su canal de Telegram, afirmó que este proceso no tiene base y aseguró que será archivado.

Relaciones controvertidas y justificación pública

El empresario Álvaro Romillo, cuya plataforma Sentinel fue utilizada para facilitar los pagos, alegó que Alvise pidió apoyo financiero para su campaña con la promesa de evitar "persecución estatal". Según el relato de Romillo, el eurodiputado mostró disposición inmediata para aceptar el dinero, lo que generó una relación de complicidad entre ambos.

Por su parte, Alvise se ha defendido públicamente, minimizando la acusación y reduciéndola a un "error administrativo". Declaró que el dinero recibido fue por trabajos profesionales y admitió que no emitió factura para dichos "honorarios privados". Incluso, animó a sus seguidores a "la insumisión fiscal".

La Audiencia Nacional continúa investigando si los fondos entregados a Alvise se destinaron realmente a financiar su campaña o si forman parte de un esquema ilícito vinculado a Madeira Invest. La intención del magistrado Calama es determinar si existen pruebas suficientes para solicitar un suplicatorio al Parlamento Europeo y elevar el caso al Tribunal Supremo.

Entretanto, Romillo ha comparecido reiterando su voluntad de colaborar con la justicia, mientras el eurodiputado mantiene su postura defensiva y asegura que se librará de los cargos. Este caso ha generado una amplia repercusión debido a la gravedad de las acusaciones y la implicación de figuras públicas en presuntos delitos económicos y políticos.