Elecciones 10-NEl futuro de la ley mordaza: así quedan los derechos ciudadanos en los programas electorales

La ley de protección a la seguridad ciudadana, también denominada ley mordaza, va camino de cumplir cinco años, y tres elecciones generales después, no se ha cambiado ni una coma del texto. Ya es habitual que la reforma o la derogación de esta norma se sitúe entre las promesas electorales de los partidos políticos, aunque algunas fuerzas son partidarias de su continuidad e, incluso, de reforzar sus preceptos.

El PP aprobó la ley de seguridad ciudadana en marzo de 2015, de forma unilateral y aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso. Desde su entrada en vigor se ha granjeado numerosas críticas por parte de colectivos y organizaciones que denuncian que sus medidas van radicalmente en contra de la libertad de expresión y de derechos consagrados en la Constitución, como el de reunión y el de manifestación.

La aplicación de la noma ha provocado una larga lista de sanciones, multas y detenciones muy criticadas por activistas que denuncian que su marco legal ha dado lugar a abusos policiales. La ley mordaza vio muy cerca su final a principios de este año, después de que en junio de 2018 una moción de censura cambiara el Gobierno de Mariano Rajoy por el de Pedro Sánchez.

La tramitación de la norma, que llevaba bloqueada más de un año en el Congreso por PP y Cs, se desbloqueó y los grupos lograron avanzar sobremanera en su reforma, suprimiendo preceptos como que se considerara delito la toma de imágenes de los policías en sus actuaciones o definiendo el hasta entonces indefinido concepto de seguridad ciudadana para que se respetaran los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.

Sin embargo, el adelanto electoral que derivó en los comicios de mayo dio al traste con todas estas reformas, y la ley mordaza alargó más su vida. De cara a las elecciones del 10 noviembre los partidos incluyen en sus programas electorales medidas y reformas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y con los límites de las actuaciones policiales.

En el caso del PSOE y de Unidas Podemos, tanto los de Pedro Sánchez como los de Pablo Iglesias incluyen en sus documentos la derogación de la noma. Los socialistas se comprometen concretamente a aprobar “una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la “Ley mordaza”, para garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica”.

La formación morada va un paso más allá y, además de anunciar el “fin” de la ley de seguridad ciudadana, se compromete a suprimir los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona, que califican de “medievales”. “En 2015, el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en sus limitaciones a la acción política libre. Nuestro país se merece una democracia del siglo XXI y, por ello, derogaremos las leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en Internet”, se comprometen desde Unidas Podemos.

En abril el PP pidió reforzar la ley mordaza

El PP, impulsor de la norma en 2015, no tiene un punto específico sobre la ley mordaza en su programa electoral de cara al 10 de noviembre, sin embargo, sí que lo llevaban de forma explícita en el documento con el que concurrieron a las elecciones de abril. En este programa los de Casado se comprometían a seguir aplicando la ley de seguridad ciudadana “que garantiza el derecho de los españoles a una convivencia pacífica y respalda la actuación legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa de las libertades”.

Además, el PP iba un paso más allá en su anterior programa y proponía también derogar la instrucción que se dio desde la Secretaría de Estado de Interior a las fuerzas de seguridad del Estado en octubre del pasado año.

En esta instrucción se especificaba que los registros corporales se realizarán “únicamente cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención” que tienen encomendadas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, reza la instrucción, se deben respetar los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación y, en caso de efectuar el registro, se hará de modo que “cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo inmediato, comprensible y adaptado a sus necesidades de las razones de su realización”.

También se delimitaron las actuaciones de los agentes en cuanto a los delitos de desobediencia y se especificaba que la toma de imágenes no constituiría una infracción cuando de ella no se derivara un riesgo para los policías o sus familias.

En el programa de Ciudadanos no se hace una referencia explícita al futuro de la ley, ni en el sentido de su derogación ni en el de su continuidad o refuerzo. Los de Rivera sí que incluyen medidas para aumentar la presencia policial en aquellas zonas con mayores índices de delincuencia. Al igual que ocurrió en la Comisión de Interior durante la reforma de la ley mordaza, en Cs se centran en cuestiones como las okupaciones, pidiendo que se agilicen los desahucios y denunciando la existencia de "narcopisos" como uno de los principales problemas de seguridad.

Cs no habla de los derechos de reunión y manifestación

"Aprobaremos un refuerzo de patrullas con más coordinación entre Administraciones en aquellas zonas urbanas o rurales en las que haya un alto índice de inseguridad o robos. Sacaremos más plazas para cumplir con las tasas de reposición de efectivos policiales y volveremos a abrir comisarías que hayan sido cerradas en núcleos de alta inseguridad para que actúen como elemento de disuasión de los delincuentes y de refuerzo de la seguridad", incluyen entre sus medidas contra la delincuencia.

Sobre las okupaciones, se comprometen a aprobar "una Ley contra la Okupación que promueva la recuperación inmediata de los inmuebles por sus propietarios y los juicios rápidos contra quienes vulneran la propiedad y dañan la convivencia. Legitimaremos a las comunidades de vecinos para iniciar el desalojo de viviendas okupadas en caso de inacción por sus titulares. Endureceremos las penas para las okupaciones violentas y perseguiremos a las mafias que se lucran con ellas o que las realizan para actividades delictivas como sucede con los narcopisos".

Durante el proceso de reforma de la ley mordaza, los de Rivera pidieron que si el propietario de "una vivienda o edificación que no revista la condición de domicilio" denuncia una ocupación y existen indicios de que "se está empleando con fines delictivos", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan "entrar, registrar e identificar a los ocupantes". En su programa no especifican nada sobre los derechos de manifestación y reunión ni sobre modificar los límites de las actuaciones policiales.