Referéndum 1-OEl 'Día de la Marmota' de Rajoy con el referéndum de Catalunya

Como en el 9-N. La estrategia del Gobierno para hacer frente al desafío independentista de Catalunya es similar a la utilizada los meses anteriores a la consulta celebrada en dicha comunidad en noviembre de 2015. Ahora, como si de un 'Día de la Marmota' se tratara, los de Mariano Rajoy repiten sus tácticas: por un lado no desvelan medidas concretas; por otro, mientras unos insinúan que podrían llegar a utilizar el Ejército, otros se aferran al Tribunal Constitucional como la mejor medida coercitiva.

En el 9-N la política del miedo no funcionó. Mientras el presidente alertaba a los catalanes de las consecuencias de salir de España -la expulsión de Europa, de la OTAN, del euro, etc...-, algunos de sus ministros amenazaban con llegar a la suspensión de autonomía prevista en el artículo 155 de la Constitución o, incluso, utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir cualquier intento de lo que, decían, sería un "golpe de Estado". Pero la consulta sí se celebró, aunque finalmente su resultado no se llevara a la práctica y sus impulsores, como el expresident Artur Mas, terminasen siendo inhabilitados. 

Ahora las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat siguen en punto muerto. Ambas partes niegan que se vaya a producir un "choque de trenes". Unos, porque confían en que sean los soberanistas de Carles Puigdemont quienes se estrellen solos; los otros, porque creen que será el inmovilismo de la Moncloa el que se quede "en vía muerta". 

Así las cosas, a día de hoy nadie puede predecir qué ocurrirá el 1 de octubre, fecha fijada por el Govern catalán para el nuevo referéndum. Pero mientras en Catalunya preparan el marco legal para llevarlo a cabo y proclamar su desconexión de España, el PP mantiene su táctica habitual. 

Oficialmente, ningún miembro del Ejecutivo desvela qué medidas tienen preparadas para frenar el referéndum. Pero sí lanzan insinuaciones y amenazas veladas en cada intervención pública. Aunque el propio Rajoy y los portavoces de Génova lanzan continuos mensajes en esa dirección, son la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, cuya mala relación entre ambas es de sobra conocida, las principales protagonistas de dicha estrategia.

Ante la fallida 'Operación Diálogo' que lideró la primera, fue la segunda la encargada de ahuyentar a los "secesionistas". Esta misma semana, Cospedal puso en valor el principal objetivo del Ejército: "proteger la integridad y soberanía de España". Y añadió: "Por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución". 

Era 4 de julio y la titular de Defensa celebraba así el 40 aniversario del nacimiento de su Ministerio. "Siempre que España ha necesitado a las Fuerzas Armadas, estas han respondido de inmediato", siguió con su discurso. 

Poco después, Catalunya anunció su ley de transitoriedad contra la que el Gobierno, de momento, no piensa actuar.  "No ha sido aprobada por el Govern, ni por el Parlament, ni está firmada por nadie ni nadie sabe la autoría de la misma", argumentó el portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, este viernes, para justificar el no recurso de la misma. 

Sin embargo, la número dos del Ejecutivo sí dejó entrever que, en cuanto "los anuncios se conviertan en hechos" -como lo suele expresar el Gobierno-, acudirán al Tribunal Constitucional para intentar frenar las intenciones del Govern catalán. "Al Estado le bastan 24 horas para recurrir la ley del referéndum", presumió Sáenz de Santamaría en una entrevista con la agencia Efe. Ese es su método para paralizar cualquier intento de consulta independentista: "la ley". 

El Ejecutivo, por tanto, sigue la misma línea de (no) acción a la que ya utilizó en los meses previos al 9-N, aunque no llega a concretar ninguna advertencia contundente frente al referéndum del 1-O. ¿El motivo? Rajoy no quiere caer en las "provocaciones" de Puigdemont y exhibir una mano de hierro que permita a Catalunya ponerse "victimista" para reforzar su mensaje. Mientras tanto, como en 2015, el Gobierno sólo hará una cosa: ponerse de perfil hasta que llegue la fecha.