Caso AltsasuAmnistía Internacional considera que el caso Altsasu "nunca debió investigarse como delito de terrorismo"

Amnistía Internacional ha considerado que el caso Altsasu, sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016, "nunca debió investigarse como terrorismo, ya que dicha calificación ha tenido un serio impacto tanto en el desarrollo de la investigación como en la sentencia".

En un comunicado, Amnistía Internacional ha afirmado que "la acusación del delito de terrorismo ha conllevado que se realice una investigación y un procedimiento de excepcionalidad, diferente del que se emplea en un procedimiento ordinario". Asimismo, ha mostrado su preocupación por que la Fiscalía "mantenga su calificación como terrorismo" en su recurso a la sentencia.

Para Amnistía Internacional, "la vinculación de todos los acusados con el movimiento OSPA, cuando en la sentencia solo en el caso de dos de los condenados se hace referencia a esta conexión, y cuando además se trata de un movimiento legalizado, está provocando que se les presuma una motivación ideológica que podría estar violando su derecho de libertad de expresión, reunión y opinión política".

"A pesar de que hayan sido absueltos por un delito de terrorismo, las altas condenas de privación de libertad están justificadas en parte en base a una argumentación que presupone una intencionalidad ideológica de los acusados, a pesar de que el propio tribunal dijo que no podía ser probada ninguna vinculación política", ha criticado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, organización que ha sido entidad observadora durante el juicio.

La organización considera que "la imparcialidad durante el juicio ha podido verse mermada por el hecho de que la Magistrada Presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, no se haya apartado de este procedimiento penal y denegara la petición de su recusación presentada por los abogados de las ocho personas procesadas".

"No podemos obviar que la propia presidenta del tribunal es familiar directo de un alto cargo de la Guardia Civil", ha dicho Esteban Beltran. "Además de que tanto ella como la jueza de instrucción, Carmen Lamela, han sido condecoradas con la Orden de Mérito de la Guardia Civil por conductas de extraordinaria relevancia que benefician a la reputación de la Guardia Civil", ha remarcado.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la decisión de mantener y decretar la prisión provisional para siete de las personas condenadas, "argumentando únicamente que dejarlos en libertad representaría un riesgo suficiente de fuga, sin considerar la existencia de otras alternativas para mitigar este posible riesgo". En este sentido, ha destacado que "durante toda la investigación y el proceso judicial, todas las personas acusadas han estado siempre a disposición de la justicia, incluso varias de ellas se personaron voluntariamente cuando tuvieron conocimiento de su procesamiento".