El Govern balear almacenó las mascarillas que compró a la empresa vinculada a Koldo García cuando ya sabía que no cumplían con los estándares FFP2 precisamente para conservarlas como prueba y, así, poder reclamar, más tarde, el dinero a la empresa. Es lo que explica Iago Negueruela, persona de la máxima confianza de Francina Armengol y exconseller balear de Trabajo, Comercio e Industria.

Quiere evidenciar, con eso, que una Administración que, primero, pide verificaciones de los productos que recibe y, al obtener una valoración negativa, los almacena para poder reclamar a la empresa el dinero correspondiente no debería ser, en ningún caso, considerada parte de la trama, sino una víctima. La justificación llega el mismo día en que el Partido Popular ha registrado una petición de dimisión de la presidenta y la ha calificado de "colaboradora interesada".

Las mascarillas, tal y como aclaran las mismas fuentes, caducaron en 2022, al menos, buena parte del casi millón y medio que recibieron. En esos casos, lo habitual es eliminar el material echado a perder, pero el Govern balear decidió guardarlo para poder aportarlo como prueba.

Dos documentos demuestran, por otra parte, que la Administración que dirigía Armengol inició procesos de reclamación a la empresa Solución de gestión y apoyo a empresas, S.L, la que le vendió las mascarillas. Por una parte, existe una comunicación —que ha podido ver Público— del Servei de Salut de las Illes Balears en la que se informa a la empresa de que "se ha detectado que las mascarillas suministradas [...] no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2" y que, por tanto, "se procederá a tomar medidas". Está fechada el 20 de marzo de 2023 y sería el primer contacto que se produjo con la empresa una vez se tuvo constancia de la fraudulencia del pedido.

Este medio también ha podido comprobar la existencia de una Propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato elaborada por el mismo organismo y fechada el 6 de julio del mismo año. Se trataría del segundo contacto con la empresa y, según apuntan las fuentes consultadas, la fecha desde la que empezaría a correr el calendario antes de que caducara el período para que la empresa efectuara la devolución.

Dichas fuentes sostienen que, una vez hubieron contactado por primera vez con la empresa (comunicación del 20 de marzo) y a la vista de que la compañía vinculada a Koldo García no se movía, decidieron iniciar el trámite de reclamación (comunicación del 6 de julio).

Para eso, entre otras cosas, era importante, de acuerdo con las palabras de Negueruela, seguir atesorando las mascarillas en cuestión, almacenadas en el antiguo Hospital Son Dureta.

Reclamación de 2,6 millones de euros

En el mismo documento, el Servei de Salut de las Illes Balears especifica que el dinero que reclama a la empresa son 2.626.584,40 euros, los correspondientes a la diferencia de precio entre las mascarillas FFP2 (las que pidió el Govern balear) y las mascarillas asimilables a una mascarilla quirúrgica. Todo ello, después de que Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) determinara que ninguna de las mascarillas que compró Balears a la empresa vinculada a Koldo García cumplía con los parámetros de una FFP2.

Según ha podido saber Público, el casi millón y medio de mascarillas que compró el Govern balear a dicha empresa no era homogéneo. Esto es que el paquete contenía mascarillas de cinco tipos distintos. Ninguno de ellos habría pasado el filtro.

¿Uso sanitario o domiciliario?

Existe una discrepancia entre la resolución de emergencia firmada el 4 de mayo de 2020 por el entonces director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Juli Fuster, que, tal y como informa la Agencia EFE, especifica que las mascarillas se contrataron para uso sanitario, y la versión que da Iago Negueruela, que aporta correos entre funcionarios, que ha visto este medio, en los que se deja constancia de que las mascarillas se contratan para uso domiciliario.

Es importante la distinción porque, en el caso de que se hubieran adquirido las mascarillas para su uso sanitario, el Govern balear no podría justificar de ninguna manera haber conservado el paquete de calidad insuficiente como stock. Sí se podría, en cambio, si se demuestra que se compraron para su uso domiciliario. Lo que explica Negueruela es que, a pesar de que no cumplían con las características de las FFP2, podían ser útiles para proporcionárselas a la población en caso de necesidad. En ningún caso a personal sanitario.

Negueruela ha querido enfatizar, en todo momento, que José Luis Ábalos no tuvo en ese momento, ni en ningún otro, capacidad de incidencia en el Govern de Balears que dirigió Armengol y que los trámites comerciales de ese tipo se solucionaban entre personal funcionarial o, como máximo, subdirectores de área.

Las explicaciones del equipo de Armengol llegan en un día complicado para la presidenta del Congreso. El día comenzó con el registro de la petición de dimisión por parte del PP y ha terminado con la decisión de la Fiscalía Europea de abrir una investigación sobre sus contratos de mascarillas y también sobre los de Canarias. El Partido Socialista, en cualquier caso, ha cerrado filas con la balear.