De la 'mani' al juzgado: tres historias sobre la criminalización del movimiento feminista en España

En 2013, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lanzó una contrarreforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que amenazaba con devolver el aborto únicamente a los supuestos de peligro para la vida de la gestante y violación.

A modo de protesta, el 8 de marzo del mismo año, la activista feminista Elisa Mandillo marchó por las calles de Málaga cargando sobre sus hombros el trono de la Hermandad del Chumino Rebelde. La talla consistía en una vagina gigante de gomaespuma que colectivos feministas y artivistas -activistas que usan el arte como forma de protesta- de la ciudad habían diseñado inspirados en las imágenes religiosas que procesionan por ella cada Semana Santa.

La Asociación de Abogados Cristianos, una fundación ultraconservadora dedicada a litigar contra aquello que contraviene su lectura de los valores católicos, vio en esta performance la comisión del delito contra los sentimientos religiosos, así como de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos de religión o creencias.

Por todos ellos, denunció a la activista malagueña en 2016. De los mismos delitos acusó a otras tres mujeres en Sevilla tras sacar a pasear el Coño Insumiso el primero de mayo de 2014. Para entonces, esta acción ya se reproducía habitualmente en protestas de todo el país.

Rocío Ballesta fue una de las tres acusadas por la acción realizada en la capital andaluza. Asegura que no tuvo nada que ver con la organización de la misma, pero que no dudó en portar la imagen cuando acudió a la manifestación del Día de los Trabajadores, que por primera vez incluía en su composición un bloque feminista. "La idea era reivindicar no perder nuestros derechos sexuales y reproductivos y declarar la insumisión a la precariedad de los trabajos no retribuidos de las mujeres", explica.

Mandillo recuerda bien cómo recibió la notificación del Juzgado de lo Penal nº 10 de Málaga, el 30 de marzo de 2016. "Al principio creía que era una multa de la ley mordaza. Veía las multas que se estaban poniendo y, la verdad, me dio mucho susto", explica. En cambio, la denuncia de Abogados Cristianos había seguido cauces penales. El miedo mutó entonces en coraje, acrecentado por la noticia de la imputación de las activistas sevillanas a raíz de la denuncia de la misma acusación.

A pesar de lo similar de los casos, los procesos llegaron a desenlaces opuestos. En Málaga, el juez Rafael López de Cervantes, titular del Juzgado de los Penal nº 10, condenó en 2020 a Elisa Mandillo por el delito contra los sentimientos religiosos y la absolvió del resto. Un año después, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga confirmó la sentencia, que la defensa ha recurrido al Tribunal Constitucional.

Por contraposición, en la capital andaluza, Rocío Ballesta y el resto de las acusadas fueron absueltas de todos los delitos de los que se les acusaba. El 9 de octubre de 2019, el titular del Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla, David Candilejo, declaró firme la sentencia y notificó el archivo de la causa.

Covid-19 y 8M

Pasaron sólo seis días entre la movilización del 8M y el inicio del confinamiento y del estado de alarma decretado por el Gobierno español con motivo de la covid-19 en marzo de 2020. La asociación de las ideas "virus" y  "feminismo" no tardó en copar el debate político y mediático. Los partidos del ala conservadora del Parlamento responsabilizaron entonces a las manifestaciones feministas y al Gobierno central de la propagación del virus aquellas semanas.

La Guardia Civil elaboró un informe sobre el proceder de la Delegación del Gobierno en Madrid en los días previos a la celebración de las movilizaciones, a petición del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. El informe, que señalaba la responsabilidad del entonces delegado de Gobierno, José Manuel Franco, y que propició su imputación, resultó estar lleno de manipulaciones.

En consecuencia, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó de su cargo al coronel Diego Pérez de los Cobos, como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Por su parte, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, a cargo del juzgado que inició la causa, declaró el sobreseimiento provisional de la investigación en junio del mismo año.

En 2021, con la llegada de la "nueva normalidad", la Coordinadora 8M de Madrid solicitó de nuevo a Delegación de Gobierno la celebración de manifestaciones y concentraciones con motivo del Día de la Mujer. Todas ellas -unas 67- fueron rechazadas cuatro días antes de su celebración por motivos de "salud pública", según informa la Coordinadora.

Como respuesta, el colectivo elevó cuatro quejas al Tribunal Superior de Justicia, alegando la vulneración del derecho a la manifestación y reunión, pero todas fueron rechazadas. Desde la Coordinadora 8M aseguran que las movilizaciones de carácter feminista fueron las únicas prohibidas en Madrid entre enero y abril del 2021.

Amordazar el feminismo por la vía administrativa

Las multas e identificaciones forman, desde hace años, parte del cotidiano de las movilizaciones sociales de cualquier tipo, según recogen organizaciones en defensa del derecho a la protesta como el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) o la Red Malla.

En su informe, Represión al movimiento feminista en el Estado español (2010-2021), publicado en 2022, la asociación Calala Fondo de Mujeres y NOVACT, da cuenta de que, conforme ha aumentado el número de participantes en las movilizaciones feministas y se ha incrementado su visibilidad y contundencia, más fuerte se ha tornado la actuación institucional, "tanto en presencia de agentes policiales en las movilizaciones como en consecuencias administrativas".

El contexto legal de esta tendencia no es baladí, confirman las fuentes consultadas. De hecho, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada durante la segunda legislatura de Mariano Rajoy (PP), cumple un papel fundamental en el incremento de las sanciones interpuestas por las fuerzas de seguridad del estado en el contexto de movilizaciones feministas.

En total, entre 2015 y 2021, las multas registradas con motivo de esta norma han ascendido hasta las 1.644.398, recaudando un total de 969.241.843 euros, según los datos estadísticos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Esta cifra supera en un 60% lo recaudado por el consumo de drogas en el mismo periodo.

Desde la Comisión 8M Movimiento Feminista de Madrid dan cuenta del impacto de estas sanciones durante las acciones y movilizaciones feministas. "La mayoría de los casos de multas que encontramos están ligados a la desobediencia civil o resistencia a la autoridad", relata Marta Carramiñana, activista del colectivo.

Se refiere a la aplicación del artículo 34.06 de la citada ley, que hace referencia a la infracción grave de "desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse". Según la abogada Laia Serra, estas infracciones son resultado "de las situaciones 'de calle' más comunes, de confrontación entre la ciudadanía y el poder policial".

Desde su entrada en vigor hasta el año 2021, las multas por este artículo han alcanzado las 324.127 sanciones administrativas, aunque no es posible conocer cuántas de estas corresponden a sanciones en contextos feministas. Sólo las multas por infracciones leves de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana pueden suponer entre 100 y 600 euros y generar, según la abogada, un gran impacto en la persona y/o colectivos sancionados, que no cuentan con grandes colchones económicos.

"La represión administrativa es algo mucho más silencioso porque la posibilidad de recurrirlas es muy escasa, se vive en solitario y esto no siempre es fácil", explica la abogada. "Esto tiene un impacto muy importante sobre los colectivos y las personas individuales, sobre todo en estos tiempos en los que las condiciones de vida son más precarias".

Lo que el cuerpo sostiene

"Mi primera reacción cuando nos absolvieron fue un ataque de ansiedad", narra Rocío Batalla al recordar el momento en el que quedó absuelta de los cargos que se le imputaban por participar en la performance del Coño Insumiso de Sevilla. En los últimos años, su cuerpo ha sometido a varios tratamientos médicos a los que se sumó la experiencia de la pandemia de la Covid-19 y el estrés del juicio.

Una de las gotas que colmó el vaso fue cuando descubrió que uno de sus hijos estaba sufriendo bullying a raíz del proceso judicial en el que se encontraba inmersa. "Abogados Cristianos salían en la televisión llamándonos por nuestro nombres y apellidos y eso los críos y los padres lo veían en sus casas y lo repetían", lamenta Rocío. "Para mí fue muy duro descubrirlo".

La abogada Laia Serra ahonda en el impacto judicial y social que genera el activismo feminista: "Hay un imaginario del activismo en clave masculina. Por lo tanto, cuando las mujeres ocupamos estos espacios, se transgrede la legalidad, pero también una norma social, generando dos conductas opuestas. A veces hay un desconcierto y cierta benevolencia, porque somos mujeres y nunca representamos un peligro real. Por otra parte, este desconcierto genera una incomodidad que hace que las actuaciones represivas tengan cierta inquina".

Actualmente tanto Rocío como Elisa reconocen "no esconderse" a la hora de participar en movilizaciones. "Jamás he dejado de salir en manifestaciones ni de acudir a eventos. De hecho, me han invitado a un montón de jornadas y he sido entrevistada en muchos medios", apunta Mandillo. Aún así, relatan cómo aquella experiencia ha cambiado la forma en la que ambas protestan.

En el caso de Rocío Ballesta, su imputación fue una de las múltiples razones que la apartaron de las manifestaciones del 8 de marzo. Por su parte, Elisa Mandillo evita hacer cualquier referencia a la Iglesia de forma pública. Pero recuerda: "al final lo conseguimos, la reforma del aborto fracasó y Gallardón terminó dimitiendo ".