La denuncia de Fabiola Yáñez contra su exmarido y expresidente de Argentina, Alberto Fernández, por violencia machista mantiene en vilo al país latinoamericano y al mundo. La que fue primera dama acusa al entonces mandatario de haberla golpeado, obligado a abortar y de llegar a culparla de perder su residencia en la Casa Rosada. Yáñez, que actualmente reside en Madrid, declaró por videoconferencia este martes para narrar las agresiones que vivió durante cinco años.

"El machismo siempre es una cuestión de poder. Está claro que alcanza a todas las posiciones y clases sociales. Cuanto más poder se ejerce, más indefensión siente la víctima y más difícil es salir de esa violencia", explica a Público la jueza y exdelegada Gobierno contra la
Violencia de Género, Victoria Rosell.

Este caso ha salido a la luz durante las pesquisas de una investigación sobre corrupción por parte del Estado argentino en la contratación de unos seguros durante el mandato de Fernández. El juez instructor, Ariel Lijo, incautó el teléfono de la entonces secretaria del presidente, donde se encontraron fotos de Yáñez con claros signos de violencia en un ojo y en un brazo, cerca de la axila.

El magistrado habló con la ex primera dama y solicitó la intervención de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de Argentina. Aunque Yáñez no quería iniciar una querella en un primer momento, decidió alzar la voz después de que medios locales se hicieran eco de la situación que vivió aquellos años.

"Los datos nos dicen las mujeres con mejor posición socioeconómica, incluso más nivel de estudios, denuncian menos la violencia que sufren", señala Rosell en declaraciones a este diario. "Ahí influye la vergüenza y el miedo a no ser creída". Esto se debe a "los estereotipos de que de que los hombres educados o con poder no son agresores, cuando el único factor relevante es el machismo, no la educación ni el origen social ni el nivel de estudios", subraya.

Declaración ante el fiscal

La expareja de Alberto Fernández declaró este martes ante el fiscal Ramiro González. Lo hizo por videoconferencia, desde el consulado argentino en Madrid. Su comparecencia duró en torno a cuatro horas y repitió los hechos que ya había descrito en un documento de 20 páginas. El expresidente argentino solicitó a través de su abogada asistir a la llamada, pero el juez rechazó la petición.

De acuerdo con el testimonio de Yáñez, los hechos comenzaron en 2016 con los primeros golpes y cuando su entonces marido la obligó a realizar un aborto. La violencia física empezó a ser casi diaria después de que ella encontrara vídeos de Fernández con otras mujeres. Fue entonces cuando este la golpeó, dejándole el moretón en el brazo que aparece en una de las fotos encontradas.

El hostigamiento aumentó cuando el líder peronista llegó al Gobierno en 2019. Como consecuencia de la violencia, la ex primera dama aseguró que comenzó a beber alcohol y consumir marihuana, además de recibir un tratamiento psiquiátrico. En cuanto a la imagen del ojo morado, Yáñez declaró que la agresión tuvo lugar el 13 de agosto de 2021 en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, cuando ella estaba embarazada del hijo de ambos.

Un día antes, la prensa había difundido unas fotografías de una cena con nueve personas durante el cumpleaños de ella en julio de 2020, cuando Argentina, bajo el mandato de Fernández, se encontraba en plenas restricciones por la pandemia de la covid-19. Después de eso "empezó un calvario", relató. Según también había declarado a la prensa, el exmandatario la culpó de haber perdido las elecciones presidenciales en noviembre de 2023.

"Estoy segura que, de ser así, no sería la primera figura pública o de gran relevancia que sufre violencia", valora Rosell a este medio. "A las personas expertas en estas situaciones nos llegan casos de todas partes", añade. 

Por otro lado, en su comparecencia Yáñez también mencionó a la entonces ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, a quien habría pedido ayuda. Sin embargo, esta no habría tomado ninguna acción para protegerla. Yáñez afirmó que podía aportar chats. Por su parte, Mazzina ha negado haber sido conocedora de los hechos por redes sociales y ha expresado que se pondrá a disposición de la Justicia para esclarecer los hechos.

Imputación y dimisión de Alberto Fernández

El fiscal Ramiro González imputó este miércoles al expresidente por el presunto delito de lesiones graves y amenazas coactivas a Fabiola Yáñez. Estas lesiones serían doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.

Tras el anuncio de la decisión del juez, el líder peronista anunció que renuncia al cargo como presidente del Partido Justicialista. En el comunicado, Fernández explica que dimite para "no involucrar al partido" en el caso de violencia de género. Además, el expresidente negó los hechos.

En su dictamen, el fiscal afirmó que Yáñez "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar" asentado "sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente", en 2019, y "el ejercicio del cargo", hasta el diciembre pasado.

Apoyo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo

Redondo mostró este miércoles su solidaridad con la ex primera dama. En declaraciones a los medios, consideró que se trata de un caso de violencia de género con una "repercusión global realmente importante". La ministra recalcó que "las violencias machistas no conocen ni de clases sociales ni de actividades profesionales, ni prácticamente de ninguna diferencia social".

La titular de Igualdad defendió que hay que ser "solidarios" con Yáñez. Además, consideró que la dimensión global de este caso permite concienciar a la población "todavía más de los problemas que supone para muchas mujeres convivir con un violento, convivir con un machista, convivir con una persona que va a dominar tu vida, que va a dominar en todos los aspectos tu vida".

Todavía está por ver cómo se desarrolla la trama judicial. Victoria Rosell señala que Yáñez podría emprender acciones legales también en España para solicitar protección. "Quizás ella dispone de medios económicos y sociales como para no precisar de la parte pública del Estado español, pero es muy importante que las víctimas tengan esa posibilidad", concluye.