El Gobierno de Venezuela anunció que intervendrá la entidad financiera Banesco Banco Universal durante 90 días ante la presunta comisión de delitos financieros por los que ya ha arrestado a once directivos del mayor banco privado del país.

"El Gobierno (...) informa al pueblo venezolano sobre la intervención de la entidad financiera Banesco, Banco Universal C.A. para garantizar el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación de servicios luego de la detención de altos directivos", reza un comunicado difundido a través del canal estatal VTV.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro aseguró que esta medida es una acción "de protección al pueblo" con la que espera "reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de delitos financieros".

La declaración oficial, firmada por el viceministro sectorial para el área económica, Wilmar Castro Soteldo, agrega que se han detectado irregularidades en el banco "que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención legitimación de capitales".

Aclara, además, que durante la intervención se "mantendrá la actividad de la entidad financiera" y ésta continuará "brindando sus servicios a los usuarios del sistema con absoluta normalidad".

El Gobierno designará una junta administradora, dirigida por la viceministra de finanzas, Yomana Koteich, "por el tiempo que dure la intervención" y "garantizará en todo momento los derechos de los usuarios, de los accionistas, así como la transparencia de las operaciones que a través de esa entidad se realizan".

El Ejecutivo agregó que su objetivo central es "combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, así como garantizar la protección de los ahorristas, quienes han sido utilizados y perjudicados".

Según las autoridades venezolanas, el banco hizo un "uso indebido" del dinero "para la distorsión del mercado cambiario" que opera en el país en paralelo al estatal.

Asimismo, se acusa a Banesco de haber arremetido "contra la estabilidad financiera de la familia venezolana al contribuir con la distorsión del sistema económico y financiero nacional".

Directivos detenidos

Con anterioridad, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó detener a once directivos de Banesco por su presunta implicación en un mercado cambiario paralelo para atentar contra la moneda venezolana, incluyendo al presidente ejecutivo de la entidad, Oscar Doval, así como a los vicepresidentes Jesús Irausquin, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, además del consultor jurídico, Marco Ortega.

Asimismo, también han sido detenidos en el marco de la cuarta fase de la Operación Manos de Papel, con la que las autoridades venezolanas buscan desmontar un sistema financiero paralelo al margen de la legalidad, la directora de Banesco Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, además de los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.

En rueda de prensa, William aseguró que "tras las diligencias de investigación se determinó que el 90% de las cuentas asociadas a tales actividades desestabilizadoras contra el área socio económica pertenecen a dicha entidad bancaria", señalando que "se presume que la alta gerencia de Banesco está incursa en diversas irregularidades que atentan contra la moneda venezolana".

Oficinas del Banesco, el principal banco privado de Venezuela, en Caracas. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

El presidente y fundador del banco, Juan Carlos Escotet, ha transmitido "ánimo" a los trabajadores de la entidad y ha garantizado que dará "la batalla hasta el final". "No se trata de una cuestión económica, es cuestión de amor por el país y arraigo y agradecimiento a esta tierra. Estén seguros de que daré la batalla hasta el final", ha señalado Escotet a través de varios mensajes publicados en la red social Twitter.

"Banesco ha sido intervenido injustamente y por motivaciones políticas: es el primer banco de Venezuela, el más rentable, solvente y con mayor cuota de mercado. No hay razones financieras para la intervención", ha defendido Escotet (presidente también del banco gallego Abanca), que ha añadido que estará "tranquilo" porque "con el tiempo se impondrá el Estado de Derecho".

Escotet es el accionista mayoritario de Abanca después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicara en 2013 a la entidad el 88,33% del capital de Novagalicia (NCG) a Banesco, que lanzó un nuevo banco bajo el nombre de Abanca. Previamente, la entidad venezolana había adquirido el 44,5% de NCG a Banco Etcheverría, con sede en la provincia española de A Coruña.