Dos semanas. Ese breve intervalo es cuanto fue necesario para comprobar que la profunda ansiedad que generó en diciembre el anuncio de retirada de la misión de la Unión Africana y las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (Unamid) en la castigada región de Darfur, en Sudán, estaba plenamente fundada. El 16 de enero, una brutal ola de violencia asoló la capital de Darfur oeste, uno de los cinco estados que integran la región, y en apenas tres días se habían contado más de 160 muertos, la mayoría de etnia massalit.

En aquella ocasión, la violencia estalló después de que una disputa entre un miembro de etnia massalit y un hombre árabe escalara hasta el punto en el que el primero apuñaló de muerte al segundo cerca del campo de desplazados de Krinding, según señalaron fuentes locales. Y la situación degeneró vertiginosamente cuando el entorno de la víctima asaltó el campo para vengarse. Entre los más de 160 asesinados se encontraban tres mujeres y 12 niños, y el ataque dejó más de 200 heridos y casas y tiendas saqueadas y quemadas, según el Colegio de Abogados de Darfur. El gobernador del estado aseguró en televisión que casi un tercio del campamento quedó destrozado, y según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hasta 180.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares a raíz de la violencia, que se extendió rápido hacia otras zonas.

La estremecedora brutalidad que devastó entonces Darfur, la rapidez con la que se originó y la impunidad de los perpetradores fueron un atroz recordatorio de la fragilidad de esta región. Pero también dejó al descubierto tanto el carácter precipitado de la retirada de la Unamid como la incapacidad total del Gobierno de garantizar la seguridad en la zona, una promesa que figuraba entre sus principales objetivos a cumplir durante el período de transición democrática de tres años que Sudán arrancó en verano del año 2019.

"Desde la retirada de la Unamid de la región ha habido un efecto enorme", asegura a Público el portavoz de los desplazados internos en la zona, Adam Rojal. "La catastrófica situación ha continuado: los crímenes han continuado, los asesinatos han continuado, los crímenes contra la humanidad y de guerra han continuado sin parar", se lamenta.

"Los grupos étnicos de las tribus africanas afirman que se trata de ataques calculados para eliminarlos de su zona de origen y dirigidos por milicias árabes, pero culpan al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la [milicia] Fuerza de Apoyo Rápido, que estarían detrás de este calculado plan", explica Ahmed Elzobier, investigador de Amnistía Internacional, a Público. "Grupos árabes dicen que se trata de un conflicto interno entre estas dos etnias, y acusan a los grupos de derechos humanos de no prestar atención a lo que les ocurre [a ellos]", agrega. "Y el tercer argumento es que estos ataques están diseñados por el antiguo régimen para hacer descarrilar y desestabilizar el período de transición", expone.

La Unamid empezó a operar en Darfur en 2007 después de que milicias eminentemente árabes y apoyadas por el ex dictador Omar Al Bashir, depuesto en abril del 2019, lanzaran en 2003 una brutal ofensiva y campaña de limpieza étnica en la zona para aplacar una revuelta liderada por grupos no árabes. En 2008, más de 300.000 personas habían muerto y 2,5 millones habían tenido que desplazarse, según una estimación de la ONU.

Pese a que la paz no se ha llegado a alcanzar nunca, el pasado 22 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU acordó la retirada de la misión a partir del 1 de enero. Desde entonces, son fuerzas de seguridad sudanesas, incluidas la Policía y el Ejército –en el que se integran las Fuerzas de Apoyo Rápido, herederas de las anteriores milicias acusadas de crímenes contra la humanidad en Darfur– las que están a cargo de controlar la región.

Uno de los principales motivos alegados por el Consejo de Seguridad de la ONU para justificar su decisión fue un acuerdo de paz firmado en octubre de 2020 entre el Gobierno de transición y varios grupos armados activos en Darfur. El acuerdo se presentó como un plan integral con mecanismos para abordar los problemas de fondo en la región, pero los locales alertaron desde el principio que no iba a mejorar la protección de los civiles.

En este sentido, a pesar de sus carencias, la Unamid, como única fuerza imparcial activa en Darfur, pudo, en ocasiones, ofrecer protección a civiles y hacer un seguimiento de las violaciones de derechos humanos. Y por estos motivos, el anuncio de su retirada fue criticado por prematuro y por crear un vacío de seguridad. La propia ONU documentó a finales del año pasado un fuerte aumento de la violencia en Darfur con respecto al 2019.

"La salida de la Unamid es un factor importante en la situación de seguridad en Sudán. En 2019 y 2020 vimos muchos casos en los que zonas se vieron afectadas por la violencia y desplazamiento justo después de su retirada", nota Ivana Hajzmanova, coordinadora de Oriente Medio y África en el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos.

Uno de los principales motivos por los que se anticipaba un vacío de seguridad era que el Gobierno central continúa sin tener capacidad para garantizarla ni para rendir cuentas. Pero más preocupante todavía es la falta total de reforma y de preparación de las fuerzas de seguridad que ahora han pasado a asumir la misión de llevar la paz a Darfur. En este sentido, Amnistía Internacional recogió testigos que señalaron que algunos atacantes del campo de desplazados de Krinding a mediados de enero vestían uniformes de las Fuerzas de Apoyo Rápido y se desplazaban con sus vehículos, exhibiendo su falta de neutralidad.

Además, el acuerdo de paz anterior también ha generado fuertes reticencias y hay quienes alertan de que, lejos de ayudar a estabilizar Darfur, podría contribuir a polarizarla todavía más. Ello se debe a que el acuerdo no solo no incluyó a todos los grupos armados activos en la región, sino que, además, no sumó al más poderoso, el Movimiento de Liberación de Abdul Wahid, lo que amenaza con alterar el frágil balance de poder entre grupos étnicos.

Tres meses después del inicio de la retirada total de la Unamid, todo lo que podría haber empezado a salir mal parece haberlo hecho. La ola de violencia que estalló a mediados de enero, extendida por otras zonas, acabó dejando más de 200 muertos, según el recuento del Comité Central de Doctores Sudaneses. Además, Sudán ha registrado en tres meses el mayor número de desplazados internos por el conflicto en seis años, y en solo tres días durante este período tuvieron que huir de sus hogares más personas que en todo el año pasado junto, según ha documentado el Centro de Seguimiento de Desplazamientos Internos. Alrededor del 60% de todos estos desplazados son menores de 18 años. Las condiciones de seguridad también se han deteriorado notablemente en zonas de Darfur Norte, como la localidad de Kutum, y Darfur Sur, sobre todo en el campo de Kalma, uno de los campamentos de desplazados más grandes de todo Darfur.

"El reciente repunte de la violencia intercomunitaria apunta a la necesidad de abordar los agravios comunales y étnicos subyacentes en Darfur. A pesar del acuerdo de paz, muchas cuestiones clave siguen sin abordarse, y esta violencia reciente pone de manifiesto que, aunque el Gobierno y los grupos armados encuentren una vía común para avanzar, siguen existiendo muchos agravios entre la población. Y si se ignoran, se alimentarán nuevos conflictos mortales y desplazamientos", anticipa Hajzmanova.

El Gobierno, por su parte, reaccionó a la ola de violencia inicial enviando más fuerzas de seguridad a la zona de Darfur más afectada. Y la Fiscalía General ha creado una comisión para investigar aquellos hechos y ha emitido órdenes de detención contra los implicados, aunque todavía no está claro contra quién van dirigidas exactamente. Miembros de esta comisión no se desplazaron hasta Darfur Oeste hasta el pasado 15 de marzo.

"[Tras un ataque en 2019 similar al de enero] el primer ministro fue a El Geneina [capital de Darfur oeste], el Fiscal General fue allí, altos miembros del Gobierno fueron allí y se formó un comité para investigar lo que sucedió. Hasta ahora no se ha publicado ningún informe y no se ha tomado ninguna acción. Eso por no hablar de lo que sucedió el pasado enero", explica Elzobier, de Amnistía Internacional.

El pasado junio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el establecimiento de otra misión de apoyo a Sudán (Unitams) anticipándose al final de la Unamid. Pero esta cuenta con un presupuesto muy inferior y está diseñada para apoyar al Gobierno durante la transición y no, como era el caso de Unamid, para operar y mantener la paz en Darfur.

"Pedimos que se revise el mandato de la Unitams, que se le dé poder, que se refuerce, y [que se añada] algún tipo de fuerza de protección. [O bien] la extensión del mandato de la Unamid, aunque no sé si se trata de un llamamiento realista. Lo ideal sería que el mandato de la Unamid se prolongara hasta finales de año", pide Elzobier.