Legislatura de Jair BolsonaroBolsonaro escapa de las polémicas: negocios en Davos, examen contra la violencia en Brasil

El pasado 6 de diciembre, el mismo día que estallaba en Brasil el denominado Caso Queiroz (asesor de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente brasileño), se habló por primera vez de la posible presencia de Jair Bolsonaro en el Foro Económico Mundial de Davos. Un mes después, el 7 de enero, cuando el Caso Queiroz iba expandiéndose y tenía cada vez más posibilidades de acabar llamándose Caso Flávio Bolsonaro, el Gobierno de la República confirmó oficialmente el primer viaje internacional del mandatario.

Bolsonaro ha alargado al máximo su presencia en Suiza. Un discurso de seis minutos y cuarenta segundos, pero cuatro días de reuniones.

Los movimientos sospechosos de dinero del senador Flávio Bolsonaro y su asesor, así como la relación de ambos con milicias paramilitares, le han apremiado a escapar de las polémicas todo lo posible, para no desgastar su imagen nada más comenzar la legislatura. La ferocidad de las calles de las grandes ciudades brasileñas puede darle una oportunidad más de desviar la atención y experimentar los métodos que le han llevado al poder.

El excapitán prometió durante la campaña policiamiento, militarización y mano dura, y ya tiene frente a él la oportunidad perfecta para calmar a sus seguidores. Una ola inédita de violencia en el estado de Ceará y la alta intensidad de la inseguridad ciudadana en Río de Janeiro en este comienzo de año le plantean el primer examen de la legislatura.

Ceará, gobernada por Camilo Santana (Partido de los Trabajadores), ha recibido 2019 con la mayor angustia e incertidumbre de su historia reciente. Los ataques se han sucedido durante todos los días de enero en puentes, viaductos, torres de alta tensión, comisarías de policía, transporte público, gasolineras, mobiliario urbano y comercios.

El origen del caos es un conflicto carcelario tras las primeras medidas del nuevo secretario de administración penitenciaria del gobierno cearense, Luís Mauro Alburquerque, que ha anunciado, entre otras cosas, que los presos dejarán de estar separados por facciones en los presidios, y se requisarán todos los teléfonos móviles. Los mismos comandos de narcotraficantes, desde el interior de las prisiones, están dirigiendo todos los ataques.

El gobernador de Ceará se vio obligado a solicitar la ayuda federal, y Bolsonaro no desperdició la ocasión de enviar dos mensajes sarcásticos a todos sus rivales políticos. Aseguró que él y su ministro de justicia, el exjuez Sérgio Moro, iban a “atender a un estado cuyo gobernador reelecto es oposición radical”. Recalcó que ellos “jamás harán oposición a la población de ningún estado”, y notificó que enviarían a la Força Nacional a Fortaleza (capital de Ceará) debido a la “incapacidad” del gobierno del estado “de resolver el problema”.

Río de Janeiro, en los niveles más altos de inseguridad

En el estado de Río de Janeiro, cuna de Bolsonaro, la inseguridad ciudadana continúa en los niveles más altos. El nuevo gobernador, Wilson Witzel, alineado con el presidente en casi todo, en especial en lo que se refiere a estrategias de combate a la violencia, está teniendo que hacer frente a unas estadísticas que, según la plataforma Fogo Cruzado, dejaron el año pasado 26 tiroteos por día, con 1.480 muertos en total y 1.363 heridos –cuatro cada jornada–. Cada tres días moría, a su vez, un policía, y dos resultaban heridos. El arranque de 2019 está cumpliendo a rajatabla estos datos: no se habían completado aún las dos primeras semanas y ya se contabilizaban oficialmente 287 tiroteos, con 58 muertos –4 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado– y 44 heridos –7 agentes–.

Cada tres días moría un policía y dos resultaban heridos

Uno de los últimos ataques ha sido el tiroteo sufrido por la diputada estatal Martha Rocha, del Partido Democrático Laboralista (PDT) –el partido del candidato presidencial Ciro Gomes–. La que fuera primera mujer en dirigir la Policía Civil venía recibiendo amenazas en los últimos meses por parte de las milicias paramilitares que se disputan los territorios con los comandos de narcotraficantes. Ha sobrevivido porque, ante tales advertencias, se desplaza en un automóvil blindado desde entonces.

Durante 2018, el estado de Río de Janeiro vivió bajó una intervención federal, con las Fuerzas Armadas al mando, en la seguridad pública, establecida por Michel Temer. La intervención finalizó el 31 de diciembre, y ahora el nuevo gobernador busca negociar con Bolsonaro la entrada en vigor de nuevas misiones de Garantía de la Ley y el Orden (conocidas como G.L.O.), para que los militares puedan seguir apoyando a los agentes estatales durante algún tiempo. Witzel, como Bolsonaro, protegerá los derechos de la policía en las operaciones. Advierte que prefiere “defender a un policía en el tribunal antes que ir a su funeral”. Lo cierto es que al gobernador ya se le ha visto cargando con el féretro de uno de los policías fallecidos en acto de servicio en estos primeros días al frente del Estado.

“Son narcoterroristas y como terroristas serán tratados”, aseguró Witzel sobre el panorama de Río de Janeiro en su toma de posesión, con el mismo tono que Bolsonaro ha utilizado para referirse a Ceará. El presidente confía en la aprobación de la nueva ley antiterrorista, ya en el Senado (Proyecto de Ley del Senado n° 272, de 2016) con las recientes modificaciones realizadas por cercanos colaboradores, facilitando que estos altercados sean tipificados con las penas más altas.

El Gobierno analiza  otra petición de envío de la Força Nacional 

El trabajo para el gobierno de Bolsonaro, eso sí, no acaba aquí en lo que a violencia se refiere en este mes de enero. Mientras continuando escapando de las polémicas y mientras se prepara para una nueva cirugía intestinal, ya está analizando otra petición de envío de la Força Nacional. Esta vez la solicitud procede del estado de Pará, al norte del país. Su capital, Belém, está entre las ciudades más peligrosas del mundo.