El Gobierno de Estados Unidos informó a última hora del jueves de que una vez concluido el plazo fijado por un juez de San Diego para reunir a 2.500 menores de entre 5 y 18 años que habían sido separados en la frontera con México de sus padres y familiares, sólo lo ha hecho con poco más de 1.800, por lo que aún mantiene a 700 separados menores separados de sus progenitores.

Los abogados del Gobierno señalaron en un informe remitido a un tribunal de San Diego, California, que han devuelto a sus padres en centros de detención a 1.442 menores, mientras que otros 378 han sido liberados en "circunstancias apropiadas" y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia o algún otro familiar.

En el documento, los abogados del Gobierno cifraron en 711 el número de menores cuyos padres no cumplen los requisitos de reunificación. En estos caso figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado al beneficio de la reunificación familiar.

En este grupo de los no elegibles figuran también 67 hijos de padres que representaban un riesgo por sus antecedentes penales, 79 menores cuyos progenitores han sido liberados de la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y 94 que están a la espera de confirmar la ubicación de los padres.

En el informe entregado al tribunal, el Gobierno precisó que dichos números se moverán constantemente hasta la medianoche de hoy.

"El plan de reunificación presentado a la corte está avanzando, y se espera que resulte en la reunificación de todos los miembros de la demanda colectiva que son elegibles para reunificación", señala el escrito.

El juez Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a la Administración de Donald Trump entregar antes del 27 de julio, a 2.551 menores de edades entre 5 y 18 años que fueron separados de sus familias este año a consecuencia de la política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal.

El Gobierno acortó esa lista a 1.634 menores, que son los que considera "elegibles" para la reagrupación familiar ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades de migración por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La cifra de 1.634 menores ha sido superada, tal como se desprende del documento entregado al tribunal, sin embargo, ACLU insistió en que todavía cientos de familias no podrán estar juntas como consecuencia de la política de "tolerancia cero".