La confusión sobre los servicios mínimos y el desabastecimiento de la mayoría de las gasolineras han marcado el primer día de la "crisis energética" decretada en Portugal, donde la huelga de transportistas de combustible ha trastocado planes de conductores, aviones e incluso taxis y autobuses.

Las filas de más de media hora para repostar vehículos se han repetido desde primera hora en el país, y a alrededor del mediodía más de 2.700 del total de 3.068 estaciones disponibles presentaban falta de gasóleo, gasolina o ambos.

El combustible más afectado ha sido el gasóleo, del que no se tiene ninguna reserva en 1.500 estaciones de servicio de todo el país.

Ante la situación, varios portugueses han optado por cruzar la frontera y cargar el tanque en España para garantizar que no tendrán problemas en sus desplazamientos de Semana Santa.

"Tengo un viaje grande el fin de semana y no quise arriesgarme (...). Hago 240 kilómetros más -120 en cada trayecto-, pero me quedo tranquilo", dijo Mário Tereno al periódico luso Diário de Notícias en una gasolinera en la provincia española de Badajoz.

El paro vive este miércoles su tercera jornada consecutiva y la primera bajo la alerta por crisis energética, una medida decretada la noche de este martes por el Gobierno para tratar de paliar los efectos de la huelga, que ya complicó el martes la actividad de los aeropuertos de Lisboa y Faro (sur) y el tráfico en las carreteras.

La alerta permite movilizar a militares y fuerzas de seguridad para garantizar el abastecimiento de combustible y obliga a los conductores de vehículos pesados a ayudar con el transporte de carburantes si fuese solicitado por las autoridades. Además, da prioridad a las fuerzas de emergencia y seguridad a la hora de repostar.

Junto a estas medidas, previamente el Ejecutivo había aprobado la llamada "requisición civil", un instrumento legal que permite blindar unas operaciones mínimas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Los mínimos establecidos fueron un abastecimiento normal para hospitales, bases aéreas, bomberos, puertos y aeropuertos, en tanto que se satisfaría hasta un 40 % la demanda de gasolineras, aunque solo en el área metropolitana de Lisboa y Oporto.

Sin embargo, el Gobierno del socialista António Costa no descarta extender esos servicios mínimos al resto del país, según avanzó este miércoles durante un tenso debate parlamentario marcado por la crisis energética.

A la espera de que esa ampliación sea oficial, se ha extendido la confusión sobre los servicios mínimos que hoy debían regir en Lisboa y Oporto, sobre todo después de que la Asociación Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) haya denunciado que no se está suministrando lo prometido en las estaciones de servicio.

"No están saliendo vehículos de las instalaciones de almacenaje para satisfacer ese 40 % en Lisboa y la región de Oporto", declaró João Reis, de Apetro, quien aseguró que la situación "comienza a agravarse de forma complicada".

No fue hasta alrededor de la 13.00 hora local cuando los primeros siete camiones cisterna de abastecimiento iniciaron su labor; para entonces se contaban por centenares los vehículos que hacían fila en las gasolineras y varias estaciones de servicio de autopistas empezaban a advertir de que no tenían reservas.

También ha generado dudas el prometido abastecimiento de los aeropuertos, puesto que al menos dieciséis aviones con salida de Lisboa y Faro han aterrizado este miércoles en el aeródromo de la ciudad española de Sevilla para cargar carburante.

La ANA, empresa gestora de los aeropuertos lusos, indicó en un comunicado que trabaja "en un plan de recuperación" una vez se restablezca el abastecimiento normal.

Mientras, los transportes públicos también empiezan a verse afectados, con empresas de autobuses del sur de Lisboa reduciendo sus rutas para ahorrar combustible y taxis paralizados en la sureña región del Algarve.

La huelga, que arrancó el lunes y se prolongará por tiempo indefinido, está convocada por el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas, que exige que se cree una categoría profesional específica para estos trabajadores.

Tratan con ello de mejorar sus condiciones salariales, algo con lo que discrepa la patronal Asociación Nacional de Transportadores Viales de Mercancías (Antram).

Para el primer ministro, es "un conflicto entre entidades privadas, entre empresas privadas y conductores", aunque el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha subrayado hoy que, aunque el conflicto sea entre privados, "está en cuestión el interés público".