Entrevista a Héctor Illueca"Pedimos las viviendas de la Sareb porque ha llegado el momento de devolver al pueblo que se le arrebató"

Héctor Illueca (València, 1975) llegó hace cuatro meses al Consell de Govern de la Generalitat Valenciana desde la Dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a donde lo había destinado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en 2020. Fue la sutura de la última crisis interna en el siempre agitado engranaje territorial de Podemos. Illueca, intelectual e ideológicamente ligado a Manuel Monereo y Julio Anguita, sustituyó en septiembre a Rubén Martínez Dalmau al frente de la Vicepresidencia Segunda y de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalidad Valenciana. Uno de sus principales objetivos es ampliar el parque de vivienda pública y social del País Valencià, y el pasado jueves vio una "oportunidad histórica": le pidió a la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, poder gestionar las viviendas del llamado banco malo, la Sareb, ahora que el Estado se dispone a tomar su control total.

Le pide a Calviño la gestión directa de las viviendas de Sareb en el País Valencià, ¿por qué ahora y para qué?

Si la Sareb va a convertirse en una sociedad pública, sus activos inmobiliarios, sus viviendas, deben incorporarse al parque público. Hablamos de un futuro cambio sustancial en el régimen de esta entidad y eso tiene que traducirse a la situación de sus viviendas. La transferencia de esos activos a las comunidades autónomas podría ayudar a satisfacer una gran demanda social que ya existe.

¿Cuántas viviendas calculan que tiene la Sareb en la región? ¿Son suficientes para cubrir la demanda?

Hoy tenemos registradas unas 4.000 peticiones de vivienda pública en la Comunitat, en el marco de un proceso que iniciamos en octubre y que terminará en marzo para medir la demanda de vivienda de protección pública en nuestro territorio. Se calcula que puede haber alrededor de 10.000 viviendas en posesión de la Sareb.

"Calculamos unas 10.000 viviendas en posesión de la Sareb en nuestro territorio"

Cuando habla de gestión directa, ¿a qué se refiere, al uso o a la propiedad de las casas?

Creo que a la Generalitat le corresponde la titularidad porque es quien tiene las competencias para desarrollar las políticas de vivienda. Nuestro objetivo es ampliar el parque público y, con este stock, hablamos de un incremento importantísimo. Nos permitiría alcanzar los objetivos que nos fijamos para una década en solo un año. Todo para dar respuesta a un drama y una necesidad social.

¿Sería sencillo de hacer y en un plazo corto?

Precisamente para eso he pedido la entrevista con la ministra y vicepresidenta Nadia Calviño. Para ver qué fórmulas podrían articularse para incorporar las casas al parque público de la Generalitat. Estos temas siempre son cuestión de voluntad política. Nunca deberían argüirse razones burocráticas o dificultades técnicas. Hablamos de derechos básicos y de una situación de emergencia habitacional. Si se quiere, se puede. Sería un parque público a la altura del gran reto social que tenemos por delante.

Esta petición llega un momento político agitado, cuando la ley estatal de vivienda no termina de salir adelante. ¿Cree sinceramente que habrá respuesta de Calviño?

"Creo que podremos Conversar serenamente con Calviño sobre este asunto"

Creo que habrá respuesta y que podremos conversar serenamente sobre las fórmulas para dar este gran salto en la ampliación del parque público de vivienda. Confío plenamente en el sentido de la responsabilidad e institucionalidad de la vicepresidenta del Gobierno. Sinceramente espero que podamos conversar sobre algo que constituye un interés prioritario para la Generalitat.

Pero el PSOE ya descartó una propuesta similar en las negociaciones de la ley de vivienda estatal. ¿Por qué cree que hay tantas reservas para movilizar las casas de la Sareb?

Esa pregunta que habría que hacérsela a otros actores que tienen parte en este asunto. Yo, por mi parte, defiendo los intereses de los valencianos. Es una oportunidad histórica y, con independencia de las posiciones mantenidas en el pasado, la situación de la Sareb es nueva y, objetivamente, nos obliga a replantear el enfoque de este asunto. Si la va a convertirse en un sociedad pública, sus viviendas deben incorporarse al parque público. Habría que esperar años para poder responder las peticiones de vivienda pública en la Comunitat, para garantizar el derecho a la vivienda. Con el stock de la Sareb podríamos atenderlas este mismo año. Ante eso, cualquier planteamiento partidista u oportunista sobra. Nuestra obligación es garantizar derechos sociales. Lo que planteamos es sensato y razonable.

¿Cree que se ha explicado con claridad a la sociedad lo que ha supuesto el banco malo?

"La gente sabe que las viviendas de la Sareb son resultado de miles de desahucios"

La gente sabe que pagamos un precio gigantesco por el rescate bancario. Que las viviendas de la Sareb son resultado de miles de desahucios. No hace tanto tiempo que en este país le estaban quitando las casas a la gente pobre y la estaban echando a la calle. Creo que ha llegado el momento de devolverle a la gente lo que le fue arrebatado. Y si hablamos de una sociedad pública, sus activos deben redundar en beneficio de la comunidad. Es más que razonable. Es tan sensato que me resulta difícil pensar que pueda negarse nadie, a no ser que haya de por medio otros intereses ajenos a la defensa del interés general, que es lo que compete a los servidores público.

¿Le ha consultado esto al president Ximo Puig? ¿Está de acuerdo?

La petición a Calviño la he hecho en el ejercicio de mis competencias como conseller de Vivienda. Somos las dos personas con competencias para dialogar sobre este asunto. Estoy absolutamente seguro de que el president lo entiende igual que yo. Es de sentido común.

¿Cómo son las relaciones actuales entre la Sareb y el Govern de la Generalitat?

"Toda la comunidad política debe replantearse  cuál es el destino de este stock inmobiliario"

Mantenemos relaciones fluidas. Tenemos diálogo constante con ellos porque hay muchas materias con intereses comunes. Suele ser fructífero. Reconozco que no hay ningún problema. Pero sí quisiera enfatizar la novedad de la situación de la Sareb. El Estado va a tomar el control de una sociedad cuya financiación fue un 95% pública desde su creación. Es un cambio cualitativo que debe hacernos replantearnos, tanto al Estado como a toda la comunidad política, cuál debe ser el destino de su stock inmobiliario.

La Generalitat  prevé sumar casi 2.500 viviendas públicas en la legislatura. ¿En qué estado se encuentra este objetivo?

Estamos muy satisfechos con las herramientas normativas y administrativas que estamos desarrollando. Hemos promulgado el decreto de tanteo y retracto que nos ha permitido adquirir vivienda después de décadas en las que no se había adquirido ninguna. Solo el año pasado adquirimos más de 400 casas. En toda la legislatura se han sido casi 800. Una inversión de más de 40 millones de euros. Es un enorme esfuerzo por incrementar la vivienda pública.

"El aumento absoluto del presupuesto para vivienda ha sido de 200 millones de euros"

Además, esperamos incorporar al parque público más viviendas a partir de promoción y nueva construcción con un presupuesto de 50 millones este año y 50 más para 2023. Esperamos movilizar miles de metros cuadrados de suelo público y también poder ampliar el número de vivienda protegida mediante colaboración público-privada. Desplegamos todas las herramientas que permite nuestra legislación para conseguir una dotación de vivienda protegida acorde con las necesidades. Un dato relevante. En 2022 se ha incrementado el presupuesto de la Vicepresidencia Segunda un 72%, con un aumento absoluto de 200 millones de euros del presupuesto destinado a vivienda. Creo que es un compromiso histórico del Govern valenciano con el derecho a la vivienda.

En octubre se aprobó la creación de un registro de vivienda desocupada que contempla sanciones a propietarios de diez o más inmuebles vacíos. ¿Hay ya resultados?

"Tenemos unas 20.000 casas vacías en manos de grandes propietarios que están excluidas del mercado"

Los decretos tienen una vacatio legis de unos meses, un periodo transitorio para poder desplegar todas las herramientas de un proyecto que es muy ambicioso. Lo fundamental es que en la Comunitat Valenciana hay unas 20.000 casas en manos de grandes propietarios que están excluidas del mercado. Ante una demanda creciente en régimen de alquiler social, esto obliga a los poderes públicos a intervenir. Tiene que haber un equilibro entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Cuando se excluyen masivamente decenas de miles de viviendas del mercado inmobiliario con una finalidad puramente especulativa, los poderes públicos tienen el mandato constitucional de intervenir. Es lo que hacemos. Por un lado, fomentamos poniendo a disposición de los grandes propietarios y de los demandantes de vivienda medidas de mediación que den seguridad y confianza. Garantizar el cobro de la renta de los contratos de alquiler, los posibles desperfectos, medidas fiscales, asistencia jurídica para que salgan a circulación esas viviendas. Pero si una de esas casas se declara desahitaba y pasan más de seis meses sin que se incorporen al mercado por parte de este gran propietario, se actuará con sanciones legalmente establecidas.

¿La Sareb podría estar entre los grandes propietarios afectados por este decreto?

Tengo que ser prudente sobre cualquier posible expediente o situación. Lo que sí puedo trasladar es la voluntad política de actuar en todos los casos en los que sea necesario para que los grandes tenedores de vivienda la pongan en circulación en régimen de alquiler asequible que garantice su rentabilidad, pero también la posibilidad de acceder a una vivienda.